Como se sabe públicamente, hay un proceso de designación de magistrados y magistradas al Tribunal Superior de Justicia que ha recibido diversas objeciones y críticas, e incluso impugnaciones por la fía jurisdiccional. Se trata de un mal endémico porque cada vez que hay estas elecciones, hay disidencia y malestar.
El abogado Franco Anaya, algún tiempo líder de una de las asociaciones de abogados de la ciudad de Chihuahua, emprendió el camino de impugnar el proceso, interponiendo un amparo ante un juez de distrito con la finalidad de restañar los defectos y lesiones que causan al interés público decisiones tan importantes como las que tienen que ver con quienes imparten justicia.
Desde luego se trata de una acción cívica respetable y loable.
A través de redes sociales, el abogado comenta que conversó e informó a varios representante de colegios de abogados, y abogados en lo particular, sobre las graves violaciones que él visualiza en ese proceso, y se lamenta que aquellos no hayan querido impugnar, advirtiendo que hay poco o nada de interés del gremio por estos trascendentes asuntos.
Con esa premisa, decidió de manera personal presentar su demanda de amparo, porque estima que los seleccionados no tienen ni capacidad, están favorecidos políticamente desde el poder, se desprecia a los que tienen carrera judicial, y en particular se violentan los derechos humanos.
Bien por este ejemplo. Ojalá fructifique.