En la demagogia de la derecha política, la familia ocupa un lugar central, anclado en una versión tradicional desmentida por la historia, la sociología y la antropología. Hace mucho que ya no existe como nos la platican, y está lejos de ser modélica y mucho menos de ser única, singular. Hoy se sabe que es diversa y plural.

La otra pieza de este discurso consiste en propalar a los cuatro vientos el interés superior de los niños y las niñas, pero haciendo de esta cantera, protegida por el derecho vigente, desde luego, un estandarte para sacar raja política.

La derecha, enquistada en el PAN y el PRI, ordinariamente hace de esto un amasijo y reconozco que ganan una clientela numerosa, particularmente católica, pero no se queda muy atrás la evangélica. Tiene, además, muchos rostros, y como se dice en el argot político, membretes.

Una de esas caras es la de la COPARMEX, el sindicato de patrones que aquí en Chihuahua encabeza Salvador Carrejo Orozco. También barajan uniones de padres como denominación muy socorrida y patriarcal, y las hay hasta de “anticomunistas” redomados que ni siquiera han tomado nota de que el Muro de Berlín se cayó a pedazos hace casi 35 años.

Los líderes de estos agrupamientos son enemigos juramentados de la educación pública, de la separación de las iglesias y el Estado, de la rectoría de éste en materia de educación básica, y de la rica herencia de la Ilustración en cuanto a libertades y combate de la superchería. Por eso se les da el mote de “oscurantistas”.

Es frecuente que los y las hijas de estos líderes se acojan a la educación en escuelas confesionales y de paga, porque el mercantilismo en la cultura es su signo. Gustan de cultivar a los hijos para que sean el semillero, hasta genético, de ideologías y creencias que los padres y madres imponen a los hijos, y que suelen quedar encausados desde la niñez.

Pues bien, a esa derecha política le quema incienso la gobernadora María Eugenia Campos Galván, que por regla general y contra todo sentido de inteligencia, antepone a sus responsabilidades públicas y constitucionales, sus propias convicciones, que las puede tener, mas no imponer desde el cargo que debe asumir en representación de una sociedad plural.

Acorde a esas convicciones interpuso una controversia constitucional para impedir el reparto de los libros de texto gratuitos y, como se sabe, perdió su acción por una sentencia firme del máximo tribunal constitucional del país.

Pero la gobernadora es revanchista, y lo grave de todo esto es que, expulsada por la Suprema Corte y por la puerta legal en su calidad de autoridad pública, ahora intenta meterse por la ventana y hace uso de esos membretes (COPARMEX y compinches) para obtener suspensiones mediante el trámite de amparos interpuestos a través de los aparatos a su servicio, y jueces que paradójicamente no ven que se están lesionando los intereses públicos protegidos por la Constitución y garantizados por la Ley de Amparo.

A Campos Galván le quitaron la máscara de gobernadora en la Corte y entonces movió otros resortes con el mismo propósito, para que los libros de texto gratuitos no lleguen a las escuelas y sean las herramientas para la educación de la niñez y la juventud.

Quiere decir esto que si bien el discurso en favor de las niñas y niños se pone en el lugar más alto, en los hechos, y a la hora de la hora, le están causando un daño mayúsculo por el riesgo inminente de que se pierda el semestre escolar, lo que vendría a sumarse al ya grave daño que dejó la pandemia, como es del dominio público.

Lo he dicho y lo repito: esencialmente la gobernadora actúa por razones de partido, y ahora añade a su actuación el que trate de lograr por otros medios lo que la Corte le negó.

En materia educativa, Campos Galván conjuró fuerzas para las cuales resultó incapaz de controlarlas, y por eso estamos en medio de un desastre, a merced de una derecha que manda y gobierna tras bambalinas.

Todo esto se resuelve y actúa en agencias informales, y eso es materia de una responsabilidad política que puede motivar el inicio de la revocación de su mandato.

No quiero dejar de lado de que discrepo de la forma en que se procesaron los libros de texto, pero a la vez puedo reconocer que igual, en cualquier condición, estos detractores de la derecha estarían en contra porque son partidarios de la ignorancia, como sustento de su preservación en el poder.

Esto me sirve para afirmar que la lucha por el reparto de los libros va más allá de una simple defensa de los actos de gobierno de López Obrador en esta materia, que se ha traslapado a una lucha entre actores de MORENA, que más que todo hacen méritos para seguir en los estrados del poder. Estos oportunistas, si quisieran hacer un bien en esta coyuntura, se les reconocería que se hagan a un lado.

De la Corte reconozco que haya frenado la controversia, pero a la vez le reprocho que no haya ido con celeridad al fondo del caso, poniendo un punto final, para demarcar quién respeta el Estado de derecho y quién lo pisotea.

La derecha, empleando la justicia federal, ha vuelto a la carga y simples quejosos pretenden paralizar el trabajo de miles de educandos y maestros. Algo anda mal, y el gobierno lo solapa.

Qué grave que se ha lesionando precisamente a la niñez, de esa que les endulza los discursos, pero ahora les amarga la existencia.