Finalmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobreseyó la causa penal que se emprendió contra la red de corrupción duartista que involucraba a Manlio Fabio Beltrones y al coahuilenses Alejandro Gutiérrez, mejor conocido por el mote de “La Coneja”.
Fue un tema de gran relevancia durante el quinquenio de Javier Corral, que creó fricciones que estuvieron a punto de desbordarse políticamente. En esa red de corrupción se habló de cientos de millones de pesos, que incluso exhibió una operación que se bautizó como Safiro y que tenía por objeto el saqueo de las arcas públicas para financiar las campañas de un PRI decadente, que venía cayendo vertiginosamente y lo sostenían con inyecciones de dinero público.
Si la reciente sentencia dictada en la Suprema Corte es el punto final, esto significa que la lucha anticorrupción tiene desapego de los principios constitucionales que obligan a que el gobierno labore en beneficio de los ciudadanos y de la población en general, por una parte. Pero también, de una clase política prácticamente intocable.
Mientras no se vaya al fondo continuaremos deplorando la ausencia de un Estado de derecho que toca un aspecto central del gobierno: su sentido patrimonialista que le permite a los gobernantes manejarse con absoluta discrecionalidad, como si los recursos públicos que se ponen en sus manos, tengan la característica de la propiedad privada.
Habrá que ver la sentencia, pero todo indica que la discusión fue si el dinero era del estado de Chihuahua o de la federación, pasando por alto, precisamente, lo esencial: que se trató de un recurso público.
Y tan ratero y corrupto es el primero como el segundo. Por lo pronto, “La Coneja” seguirá conspirando porque, según se dice, no es de los que olvida.
Otro delincuente anda suelto.