Punto por punto, el senador Javier Corral da respuesta a la campaña de desinformación emprendida por el PRI en el tema de la reforma a la legislación secundaria en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Texto fundamental publicado en El Universal:
Ejemplo ilustrativo de los limitados alcances que logró la legislación secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con los principios de la reforma, es la manera en que los defensores de la nueva ley se han concentrado en destacar la eliminación del cobro de larga distancia en llamadas telefónicas, como el beneficio más importante para los ciudadanos. Ahora resulta que la gran reforma antimonopólica y todo el esfuerzo legislativo condujo a la mejora de un plan tarifario de telefonía, nuevas especificidades técnicas para los equipos terminales y portabilidad numérica. Signo inequívoco del ridículo al que se sometió al Congreso, a manos del reinstalado presidencialismo autoritario. No le fue permitido desarrollar, ya no digamos ampliar, los preceptos sobre derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación y ahora está desatado el clientelismo legislativo con la telefonía.
Una profusa campaña de magnificación y engaño sobre los beneficios de la ley en Telecom está en marcha. Se dicen verdades a medias y francas mentiras, se abulta la propaganda con medidas que no vienen en la ley o corresponden a disposiciones transitorias del decreto constitucional que las obligó en automático, como la licitación de dos nuevas cadenas de tv abierta y una pública.
Hay nado sincronizado en el conjunto de los medios para resaltar beneficios que ya se venían consiguiendo por la vía administrativa, y también para ocultar las debilidades, regresiones, desventajas y achicamientos de la ley. Y claro, han aparecido muchos padres y madres de la propuesta de eliminar la larga distancia; gana esa carrera en oportunismo, la senadora priísta Graciela Ortíz González, quien se declaró autora de la iniciativa, por encima de decenas de éstas en la última década en ambas cámaras del Congreso. Pero dejemos eso como una irreverencia al absolutismo presidencial que todo lo concibió.
Refugiados en el nuevo paquete de telefonía que oferta como el acto más valiente de afectación al monopolio de América Movil, la campaña priísta comete errores garrafales. Es importante desmenuzarlos para que se vea que incluso en lo que se anuncia como “logros”, hay un engaño a muchos: “El cambio de número y de compañía se realizará gratuitamente y en un máximo de 24 horas”, lo que se conoce como portabilidad y acontece en el país por lo menos desde hace seis años, en que cualquier usuario puede llevarse su número a otra compañía. “Los equipos de telefonía se entregarán desbloqueados, para que sean utilizados con cualquier operador”, otra medida que también se obligó desde hace más de dos años en la norma oficial mexicana 184. Lo que no dice la publicidad priísta es que ahora la ley acotó ese desbloqueo del equipo terminal y se realizará “cuando lo pague de contado, liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación”, pues nomas eso faltaba que liquidado el equipo no le dieran la clave de desbloqueo.
No hay duda que eliminar la larga distancia es un ahorro para el usuario, el PRI lo calcula en 19 mil mdp anuales; pero anunciarlo como el mayor avance en veinte años, es cínico, porque esa eliminación de marras, como el proceso de regulación más lento de cuantos se le han hecho a la telefonía fue prohijado por varios de los que recién se convirtieron en impulsores de la ley. Pero la hipocresía es mayor cuando el principal asalto a la gente, el redondeo telefónico, no se eliminó, como lo afirma el gobierno, su partido y cómplices en la oposición. La unidad del segundo para medir la duración de llamadas quedó opcional a los concesionarios, y no como debiera ser, una obligación. En el artículo 204 se otorgó libertad tarifaria y ello permite que puedan cobrar por segundo, por llamada, por evento o por minuto, estará sujeto a los planes que ofrezcan, como lo dice el artículo 207: “En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y los autorizados deberán incluir dentro de su oferta, planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad”. Obviamente esta medida afectaría a todos los operadores telefónicos, y también en ello se protegió al duopolio de la Televisión, fusionado en Iusacel. El ahorro del paquete telefónico pudo haber sumado otros 37 mil mdp, pero hasta allá no llegó la valentía legislativa.
Están apuntados en la propaganda gubernamental otros “avances” como el de la “multiprogramación”. Por ignorancia o ausencia de rubor se destaca que “con el uso de tecnología digital se podrán ofrecer más canales de televisión abierta”. Se omite decir que son otorgados a los mismos concesionarios y sin obligación del pago de una contraprestación por la multiplicación del valor comercial que harán del espectro, reforzando así la brutal concentración de medios.
¡Ufff! José Miguel Salcido también sueña en grande
Algunas columnas políticas que sólo viven del chisme y nada más, han empezado –anticipadas como son en el trabajo de la futurología– a mencionar a José Miguel Salcido, actual presidente impuesto del Supremo Tribunal de Justicia, como precandidato a suceder el cacicazgo de César Duarte. Hablan de una remota relación con olor a tragedia que generó una amistad con Enrique Peña Nieto, de su vertiginosa asunción al cargo que hoy ostenta, de su habilidad para que al amparo de un fraude legislativo se le hayan permitido los requisitos para llegar, por vergonzosa unanimidad del Pleno, a su cargo actual. Él, para sí mismo, se considera con buenos arrestos: parralense, villista de oropel aunque huertista de corazón, es claro que está en el músculo cardiaco del mandamás y, desde luego, en espera de un dedazo de esos que muy claramente se pueden augurar por el presidencialismo autoritario restaurado.
Olvidan esas columnas un pequeño detalle, o mejor dicho dos; el primero y contundente en sí mismo: que hay un impedimento legal en ese camino, que hoy por hoy es una infranqueable muralla, a menos que, oootra vez, le hagan un traje a la medida; y a decir verdad, por mucha disciplina priísta que haya, el andamiaje hacia la candidatura en el 2016, no se dejará franco por la fortaleza de los grupos que aspiran al importante cargo. Pensará él que si ya en una ocasión le confeccionaron las prendas de vestir a modo, puede volver a suceder, aunque sólo fuera para que la ciudadanía chihuahuense se percate de que en México las leyes si le estorban al autoritarismo, peor para las leyes, simplemente se cambian por otras. No abundaré en los rincones de las normas que le impiden la eventual candidatura. Quien quiera saberlas, que abra los códigos.
El segundo lo plasmo con una pregunta, ahora que está de moda ser hombre o mujer entrambos partidos: ¿Ya renunció al PAN, o es de los panistas que aparecen en el padrón del PRI?
Y aunque había dicho que uno o dos detalles, tengo un tercero: nadie piensa, sensata y racionalmente, que en Chihuahua pueda el PRI ganar la elección de 2016. ¿Culpable?: Duarte, señores y señoras.