El gobierno de Maru Campos pasará a la historia por la expoliación y abuso en contra del patrimonio de las clases populares. Todos los servicios del estado se han incrementado, al igual que contribuciones y cuotas de peaje. Los servicios de agua potable y alcantarillado también, y además no hay protección en favor del consumidor, demostrado esto con la discrecionalidad de cobros fijados unilateralmente y que no corresponde con los consumos reales.

Las finanzas públicas, a su vez, no han encontrado puntos de equilibrio y sí han demostrado en su manejo el surgimiento de privilegios, como el pagar sumas exhorbitantes por asesorías a Ernesto Cordero, tutor del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

La nueva tarifa para el transporte urbano en Chihuahua es el ejemplo de una toma de decisiones en plena Semana Santa, cuando el grueso de la población está de vacaciones. Hay alevosía y ventaja en la decisión, y así se conduce con traición este gobierno.

La movilidad social, que es fundamental para el desarrollo de todas las actividades, económicas o no, debiera ser atendida con un sentido de servicio público, no de beneficio y privilegios a quienes han usufructuado esto como un negocio privado, siempre con las promesas que de antemano se van a incumplir, como sería la supuesta renovación de equipos y camiones, capacitaciones y regularidad en las rutas.

Además se agrega, como un disfraz, que estas alzas tarifarias las toma un supuesto Consejo, que en realidad sirve de pantalla al gobierno eminentemente recaudatorio, como el de la señora Campos Galván.

El costo actual tendrá un incremento de hasta cinco pesos y alcanzará el rango final de hasta 12 y 13 pesos; es decir, subirá un 50 por ciento.

Y si la troncal prevalece con el mismo precio, globalmente de cualquier modo hay un incremento que tendrán que sortear los usuarios, por el uso de las llamadas rutas alimentadoras. Es decir, la mayoría de los usuarios utiliza cuando menos cuatro camiones diariamente, de ida y vuelta.

Sin duda que los usuarios deben poner sobre la agenda pública dos aspectos: en primer lugar, articular un movimiento cívico en defensa de la economía popular o el patrimonio familiar, y en segundo, la exigencia de que el transporte urbano sea un real servicio público, con simples cuotas de recuperación.