Se pone al descubierto, por investigaciones de prensa de impacto nacional, que quienes dirigen el Instituto Nacional de Migración (INM), tienen un perfil de carceleros. Esto pone a la vista de todos que la política migratoria de Andrés Manuel López Obrador, no tiene ni remotamente el fundamento que propaló durante su campaña, como cuando dijo que los migrantes tendrían en México garantizados sus derechos humanos, empleo y seguridad.
La realidad nos ha dicho que esos objetivos no han estado en el INM y que López Obrador ha convertido al país en la extensión de un muro para favorecer las decisiones de los gobiernos de Washington, de manera grotesca cuando fue presidente Donald Trump.
En esto, la Guardia Nacional ha jugado la parte militar y policiaca de contención, aliados con gobiernos como el de María Eugenia Campos Galván, que pactó con el racista texano, Greg Abbot.
Lo que debiera se un instituto con una filosofía humanista, se ha convertido en una entidad de represión carcelaria; pero no sólo eso, sino también de agresión a la dignidad personal, exponiendo a los migrantes a tragedias como la que sucedió recientemente en Ciudad Juárez, y que también se han dado en otras partes del país, donde los migrantes han quedado a merced del crimen organizado.
Una breve descripción habla de la vocación carcelaria del INM: Francisco Garduño Yáñez, optometrista de profesión, estuvo al frente de un órgano administrativo de readaptación social al inicio de este gobierno federal, y actualmente es el comisionado principal del instituto que depende de la Secretaría de Gobernación. En la misma condición están Antonio Andrés Vidal Islas, Antonio Molina Díaz y otros más.
De estos datos se concluye que lo que se busca es detenciones, cárcel y contención ilegal de migrantes. Por eso no nos debe extrañar que sucedan cosas tan lamentables como la de Juárez, donde murieron cuarenta migrantes.