Otra vez se postergó la audiencia intermedia en el escándalo de corrupción de César Duarte. Si comparamos la justicia popular con la que se imparte en los tribunales, nos percatamos de que aquella ya dictó su veredicto, mientras que esta última trabaja a paso de tortuga.
Para esta columna, está más que claro que el gobierno de María Eugenia Campos Galván, está por finiquitar el asunto Duarte, poniéndolo en libertad en todas sus alternativas: empezar por un cambio de medida cautelar para que siga el juicio en prisión domiciliaria, e incluso la exoneración de responsabilidades. Todo es factible.
En realidad, ha sido la cadena de escándalos la que ha decidido, en los hechos, ir posponiendo el desenlace final. El evento de Cerocahui, la evasión de reos del Cereso 3 de Ciudad Juárez y la muerte de migrantes en aquella frontera son hechos que no admiten sumar otro motivo más de censura al gobierno, como sería poner en libertad al tirano corrupto.
Todo pareciera que la libertad de Duarte se cocina bajo modalidades especiales, a fuego lento, pero ya no pueden hacerlo al vapor porque este gobierno se ha caracterizado por ir de tumbo en tumbo y acrecentando su mala fama a cada paso.
Por lo pronto, César Duarte quiere presentar a 3 mil testigos. Habría que ver si la Fiscalía ofrece 9 mil, porque no le resultaría difícil que se inaugurara una testimonial de masas, al viejo estilo del PRI.
Por ahora, no habrá vacaciones en Balleza… creo.