En el argot de los malos políticos y funcionarios se van quedando, residualmente, términos que sirven para todo y por ello para nada. Cuando esta gente trata de enfatizar la magnitud de algo, tiende a decir, por ejemplo, que es un tema de “seguridad nacional”, trátese de la falta de agua, desertificación, guerra contra el narcotráfico, la seguridad social, en fin, lo que sea. Hace unos días vino a Chihuahua con esa canción Diódoro José Siller Argüello, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aparato del Estado que ha servido a través de su historia fundamentalmente para contener las luchas obreras en defensa de su bienestar económico o por la democracia sindical. Para este señor, el que haya 398 mil demandas en las Juntas que él preside, constituye un pasivo laboral bastante grande, y por el tamaño lo convierte en un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Probablemente ni él lo sepa. De todas maneras da cuenta de que buena parte de los reclamos van dirigidos contra el IMSS, PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, lo que de suyo nos hablaría de las pésimas relaciones laborales que privan en esas dependencias del Ejecutivo federal.
Cuando uno oye que el simple ejercicio de los derechos alcanza la reputación de problema de seguridad nacional, no tiene menos que pensar que tras de esa frase se vislumbran dos cosas: la animadversión por el propio derecho de los trabajadores a reclamar en tribunales lo que consideran les pertenece, en primerísimo lugar; y en segundo, y no por ello menos importante, el anuncio de que se puede recurrir a la represión para sacar de escena a los reclamantes, represión que puede traducirse en torcidos laudos que violentan derechos comprobados. Esta historia no es nueva: el autoritarismo mexicano siempre ha despreciado que los derechos se pongan en acción, bajo la divisa de que para eso están en la ley. A grado tal llega esto que en alguna ocasión el marxista José Revueltas dijo que lo único que se necesitaba en México para ser revolucionario era ser honrado. Piense usted cómo ve esto un gobierno que, más allá de los criterios éticos propios del caso, advierta que la gente protesta y presenta demandas. Se les da el rango de agitadores y por tanto hay que desterrarlos porque la seguridad nacional –cualquier cosa que esto signifique– nos da a entender, sin mucha dificultad, que primera está la nación y después todo lo demás.
Demagogia e ignorancia de Diódoro José, muy probablemente; pero lo grave es que tras de ese discurso hay un inocultable mensaje: para que la nación esté segura, que los trabajadores no denuncien; que si lo hacen, ponen en riesgo la seguridad de la nación (entendida aquí como si fuera la alta burocracia peñanietista) y entonces toda la jauría contra esos malos mexicanos.
Duarte y su pandilla a un paso de apropiarse del Vivebús
Si acaso usted tenía duda de que el gran responsable del desbarajuste llamado Vivebús es el cacicazgo de César Duarte, disípela, despéjela; hoy que tomarán posesión de la ruta troncal ya todo lo que digamos o hagamos tiene que ir con dirección al palacio de gobierno. El abogado de la CTC, Maclovio Murillo Chávez, que había ganado la suspensión en el amparo, declaró que medió traición para que el gobierno se saliera con la suya en la requisa. ¿Qué capítulos vienen? Más de lo mismo en este escandaloso caso que se convirtió en el escaparate para ver el ruinoso gobierno que existe en Chihuahua y probablemente algo más: que el transporte vaya a dar, ahora sí como un gran negocio, al diminuto equipo de corruptos que rodean al mandamás de Chihuahua y para el incremento de sus ya proverbiales riquezas.