Código familiar, uniones gay: Constitución o Santa Alianza

Empezaré por una pregunta elemental: ¿para qué protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, los funcionarios públicos y, en especial, los que alcanzan un cargo de elección popular? La respuesta se antoja obvia, también elemental. Pero la realidad camina por otro sendero: esos que protestan –que no juran porque vivimos en una república laica– son no sólo los que resisten acatar el código político básico, sino los que se atrincheran sin distinción de partidos para transgredir la ley superior de la república. Es grave porque se va generando la convicción de que no se gobierna con facultades expresas y limitadas, sobre la base de derechos humanos declarados en la propia Constitución y en los tratados internacionales, sino con las convicciones personales de quienes detentan –y empleo este verbo deliberadamente– los cargos. Si católico fundamentalista, no ajusta sus actos a las normas superiores del Derecho público, sino a sus dogmas, más cuando, como en el caso de Chihuahua, se ha dado la consagración del gobierno mismo, lo que entraña una claudicación y una sumisión a normas extraterritoriales y prejuicios cobijados en una tradición que no es la única porque las hay a granel y siempre en riña con la ilustración, la ciencia, las demostraciones empíricas que ha aportado la sociología, y no se diga la antropología social y cultural.

Ya se advierte a que me refiero: el intento de legislar en materia de familia, de derechos a no padecer discriminación de ninguna especie, y en especial por las preferencias y orientaciones sexuales de hombres y mujeres. Si uno lee la Constitución inmediatamente advierte los interdictos que la misma ha puesto a las ideologías tradicionales, inequitativas entre los sexos y cerradas absolutamente para la comprensión de los derechos civiles de los homosexuales a contraer sus uniones como ya se celebran en varias partes de la república donde se han liberalizado, para bien, estas sociedades de convivencia o pactos civiles para generarles un espacio de derecho, entre tanto se reconoce sin más la unión matrimonial, como ha sucedido en otros países de mayoría cristiana y aun católica.

En la oposición a que la familia se defina de una manera abierta y liberal, reconociendo que no hay una familia que exista como ente metafísico, adánica, la derecha cierra filas y permite que la sociedad vea que ésta se encuentra cubierta por una costra ideológica que lo mismo abarca prácticamente a los priístas que a los panistas. Para estas formaciones partidarias, y en especial para los hipócritas del PRI que no aplican su declaración de principios, no hay ética de la responsabilidad, sino que echan por delante la propia convicción, como diciéndole a la sociedad que nada más una visión y una ruta existe y es la de ellos, y que quienes no estén ahí, peor para ellos. Tienen ambos partidos una visión estrechísima de la democracia, pues no la llevan a las relaciones humanas fundamentales y cotidianas, y por otras razones tampoco a la empresa industrial y mucho menos a las iglesias construidas sobre las bases de un viejo y anquilosado monarquismo, como en el caso de la iglesia católica.

Basta ver las declaraciones de las diputadas del PAN de Chihuahua (María Eugenia Campos, Daniela Álvarez Galván y Ana Gómez Licón) para percatarse de bulto hasta dónde hay un divorcio entre las convicciones personales y la Constitución que protestaron cumplir, escisión de personalidad que privilegia a aquellas y pisotea a ésta. Tienen todo el derecho a defender la visión más tradicional de familia, a defenderla públicamente, pero hay una cosa en la que carecen de él: no pueden, bajo ningún concepto, pretender ni violar la Constitución ni mucho menos imponer que la sociedad quede atada a sus cadenas, a sus convicciones, a su lenguaje vacío, a sus peroratas sobre valores que nunca definen y al oportunismo político con el que se conducen a ojos vistas para mantener una clientela electoral, fuerte por cierto, que representa al México conservador, tradicional y católico.

No se dan cuenta estas “legisladoras”, o mejor dicho lo pasan por alto, que nuestra república es laica, que prohibe la discriminación, que tiene compromisos internacionales que al interpretarse conforme a la Constitución son ley superior de nuestra unión y pretenden hacer de catecismos, encíclicas, bulas y disposiciones canónicas de su iglesia la visión única y monocolor en materia de familia y uniones entre parejas del mismo sexo. ¿Acaso no saben que los derechos son para todos?, ¿que vivimos en una sociedad pluricultural y plurireligiosa?, que no pueden, salvo por la fuerza y la sinrazón, darle una hegemonía a un credo en demérito de los otros y en especial de quienes reconociendo una condición y una forma de pensamiento diversa, quieren disponer para sí de un espacio del Derecho para vivir en una sociedad en la que haya sosiego al proscribir la discriminación por formar parte, por ejemplo, de una familia monoparental o de una unión entre personas del mismo sexo. Quieren regresar a los tiempos en los que la iglesia tenía el monopolio de los actos civiles de las personas, como el nacimiento, el matrimonio y la defunción, que Juárez desterró cuando decretó el Registro Civil que recibía a todos sin distingos y sin preguntarles qué fe religiosa profesaban. La misma batalla, pero qué grave es que a más de 150 años se sigan librando combates porque nuestra derecha sigue agarrada a veinte uñas de las bragas, las sábanas y los ataúdes.

Es lamentable, por decir lo menos, que diputadas como Campos Galván digan que hay que legislar pensando en “lo que sí es urgente” en “lo que sí es doloroso” o “solucionarle un aspecto de la vida a un grupo tan minoritario”. Le pediría que visite a una familia de esas muy tradicionales que ella defiende, con padre, madre e hijos, pero donde hay una ausencia de un miembro, homosexual, que fue masacrado por el sólo hecho de tener esa preferencia y que de alguna manera la ley pudo tutelar roturando un espacio civil e ir abriendo paso a la tolerancia contra la homofobia. Su caridad cristiana no les alcanza para comprender esto, al conformarse con paliar el dolor humano de un tipo, olvidando otro sector, por pequeño que sea, que vive en el infierno que está aquí. ¿Por qué mejor no se abren al mundo, leen y asumen, por ejemplo, la obra del teólogo católico Hans Küng? Tienen la opción, quizás ver las críticas que éste hace o quedarse libremente en el pensamiento ultramontano, marcadamente pontificio y romano. A mí en lo particular esto me tendría sin cuidado. Lo que me preocupa, y mucho, es que estas diputadas protestaron cumplir la Constitución y no lo hacen. Eso tiene una responsabilidad porque la Constitución no se aplica con el beneficio de inventario: en lo que me conviene y en aquello con lo que estoy en desacuerdo.

De los priístas no me ocupo porque ellos son iguales aunque no estridentes. Están con el derecho canónico y conforme a él votan. Por eso, en muchos estados de la república, en donde son mayoría, brillan por su ausencia, lo que debiera ser consecuencia de sus programas y principios. La llamada izquierda, aunque asumiendo una posición políticamente correcta y hasta humanamente sustentada, como en el caso de Hortensia Aragón, adolece del mal de la falta de confianza por sus negros compromisos. Los tricolores saben simular y además nunca confrontan al religioso empoderado porque eso les resta fuerza. Los del PAN tienen obediencia religiosa en este aspecto y entonces sus discursos cobran estruendo y por eso nos dan la oportunidad de que hagamos estas disecciones.

No es la primera vez que les recomiendo algunas lecturas a este tipo de transgresores de la Constitución, en particular la importante obra de Mary Warnock Guía ética para personas inteligentes. En ella está planteado muy bien el dilema:

“Cuando las personas se convierten en legisladoras o políticos –nos dice– asumen nuevas responsabilidades. Tienen que ejercer la razón y la prudencia con el fin de prever las consecuencias que tendrán las medidas que proponen para todo el mundo, lo cual incluye a los grupos minoritarios. Esto no significa que puedan ser completamente maquiavélicos, dejando a un lado la sensibilidad de la moral por el éxito de su modo de gobernar, sino que hay una serie de juicios morales o decisiones que no están autorizados a hacer, decisiones que una persona podría tomar a título privado sobre la amistad, el amor o el deseo de sacrificarse por los demás y, por descontado, también otras que surjan de la indignación o de la lástima […] tienen el deber de explicar por qué han llegado a una determinada conclusión, ya que es necesario que se vea que piensan racionalmente; y, en un contexto público, esto significa decir que ha de verse que han reflexionado sobre las consecuencias a largo plazo de lo que proponen; ha de verse también que han adoptado una posición firme y coherente, no únicamente porque, si así se percibe, impulsará sus carreras políticas, sino porque la sociedad necesita de verdad un gobierno firme y basado en unos principios […] el solapamiento o mutua interrelación entre lo público y lo privado entra en juego cuando se articulan los principios y cuando se tienen en cuenta abiertamente las consecuencias que tendrán las decisiones que se tomarán para la sociedad en su conjunto”.

Perdón por una cita tan larga y más en tiempos futbolísticos. Pero quiero que las diputadas que aquí menciono sepan que en efecto que en la esfera de la moral pública no basta con decir simplemente “siento que debo –como dice la misma autora– hacer esto o aquello, excepto en el caso de que la esfera pública y la privada entren en conflicto”. O sea, que el que tiene un deber con la Constitución y no desea dimitir de su cargo, está obligado a anteponer ésta a las convicciones personales, que no se trastocan ni se ven perjudicadas porque su responsabilidad es ante la sociedad y no ante sí mismo y sus creencias. Por eso la Wornack señala que una figura pública que dimite ante un asunto de conciencia, tiene la suficiente autoridad moral para decir: “no puedo hacer otra cosa”, y en el caso que me ocupa, actuar en congruencia con la Constitución general de la república y la propia del estado. Recuerden el ejemplo proverbial del presidente francés Valery Giscard D’estaing –conservador y católico– que dijo que su responsabilidad de promulgar una ley proaborto era su obligación como jefe de Estado.

Que exige rigor el Estado constitucional de Derecho. No tengo duda, y quien no quiera sufrirlo, tiene la puerta abierta para renunciar.

Autoritarismo a las puertas del Congreso

Ver video: fuera-perches

Hoy por la mañana vimos el rostro famélico de un Estado autoritario, y justo en la puerta del Congreso del estado. Los huéspedes de esa casa se dolieron porque los calificaron de antidemocráticos, cerrados, conservadores, misóginos y otros calificativos que suenan fuerte pero que a mi juicio son pálidos para una mejor y contundente clasificación. Salió a provocar la manifestación pública el Doktor Benjamín Palacios Perches y lo echaron con cajas destempladas porque buscaba que se cayera en la violencia para justificar la intervención policiaca. El Doktor intentó “parlamentar”, pronunciando recurrentes frases contra los manifestantes y una que llamó poderosamente la atención fue cuando se ostentó como “apoderado general del Congreso del estado”, dando sobrada muestra de su ignorancia en materia de naturaleza de los poderes públicos. No faltó quien le dijera que los manifestantes querían hablar con los dueños del circo, no con los payasos. No comparto esta discriminación, pero como en las riñas, él fue quien lo provocó. En otras palabras, él empezó.