Mañana martes 17 de junio, a las 8:00 de la mañana, diversas organizaciones civiles que activan por los derechos humanos plenos para las mujeres, se han dado cita en la sede del Congreso local de Chihuahua para plantear sus puntos de vista y su discrepancia en torno a lo que pudiera llegar a ser la legislación en torno a la familia y los procedimientos civiles. El Congreso, conforme a sus anquilosadas prácticas, ha estado cerrado a un debate público e incluyente en esta materia, quizá porque estando consagrado el gobierno de Chihuahua por decisión unipersonal de César Duarte quieran imponer, sobre todo en normas referentes a la condición de la mujer, normas que atentan contra su dignidad y el reconocimiento de derechos que conforme a la Constitución general de la república y a los tratados internacionales.
La visión de la derecha que representan la pareja César Duarte-Bertha Gómez quiere prevalecer como la única en contra de toda apertura que debe haber –que ya la hay– en esta materia. El intento de modificar la definición de familia, por ejemplo, es recurrente, y a este respecto, en la coyuntura, no ha faltado la retardataria opinión del arzobispo Miranda Weckmann, que con todo desconocimiento de la antropología mundial, quiere imponer un modelo de familia “ordenado por Dios”, aunque no obedecido en gran parte del mundo.
La cita tiene alta pertinencia y ojalá cuente con gran convocatoria, pues el tema de ninguna manera es un tema menor.
La tortura no se ha ido en Chihuahua
Un tribunal oral de Ciudad Juárez ordenó liberar por falta de pruebas a tres jóvenes acusados de extorsionar a empresarios. La razón es que no se les acreditó que fueran responsables de los ilícitos pero, en el fondo, hay una denuncia preocupante por tortura perpetrada por elementos de la Fiscalía General del Estado. En Chihuahua la práctica de la torturo continúa sin extinguirse y el periodista Rubén Villalpando ha documentado en el estado alrededor de 20 casos similares en el transcurso del último año. No está de más señalar que el autoristarismo local se caracteriza por presionar a los jueces para que practiquen mano dura en estos asuntos, incluso bajo la amenaza de destitución que desmiente la independencia del Poder Judicial del Estado, como se demostró en el pasado en múltiples casos. Se sabe que desde el gobierno del estado se tiene una visión del Derecho penal de la época de las cavernas, pues se ha llegado al extremo de defender el ahorcamiento como pena y la prisión vitalicia hoy existe entre tanto llegue la reforma penal federal.
No creo que las «uniones gay» deban ser tema religioso. En esta temática, como en muchas otras, hay que aceptar sin reservas la individualidad y el libre albedrío. Sin embargo los conceptos de matrimonio y familia, deben estar fundamentados en el beneficio social que se pretende obtener mediante ordenamientos jurídicos. Resulta razonable aceptar que la motivación para el matrimonio entre heterosexuales es establecer una unión duradera, responsable, coparticipativa con miras a proteger la equidad entre los participantes y la salud, educación y bienestar de los hijos, lo que queda perfectamente bien estipulado en los codigos civiles. No veo muchos puntos de coincidencia entre esta visión de «matrimonio heterosexual» y las llamadas «uniones gay» El tema es sumamente extenso y debe ser tratado sin tabúes, temores o resentimientos, pero en estricto apego a la razón.