Que las Juntas de aguas pasen a manos de profesionales honrados
Las barajas van cayendo sobre el fieltro verde. Ya se conocen desde los que prefiguran al rey de bastos y al rey de oros. Así, conforme corran los días, el nuevo equipo gobernante de María Eugenia Campos Galván se va acomodando, al menos en esta transición caracterizada por la picaresca de viejo cuño.
Es un tema que va a dar de qué hablar y, en cinco o seis semanas, tanto la administración del casino como los talladores estarán a la vista de todos. No habrá novedades mayores que no se conozcan, al menos en los pequeños círculos donde se medita, en serio y frívolamente, la política estatal en Chihuahua.
Hay un tema que no admite improvisación: el del agua. Y no me refiero por ahora al que tanta atención le pusieron los panistas en el periodo preelectoral, sino al manejo de este recurso para el consumo humano e industrial.
De sobra está decir que en nuestro estado hay un selecto grupo de técnicos que saben de qué se trata, que han hecho aportes en el pasado muy importantes, que han sido desoídos, que ocupan un lugar en la banca.
Por encima de ellos están los políticos improvisados, los que llegan al sector más como una concesión por servicios en campañas que por sus conocimientos y aplicaciones al tema.
En especial hay una queja permanente por el sistema tarifario, que carga la mano recaudatoriamente y sin ninguna explicación, sin recursos para defenderse. Esto, aparte de la gran discrecionalidad que se traduce en privilegios para los grandes desarrolladores urbanos.
No le vendría mal al estado de Chihuahua crear uniones populares de usuarios para la defensa de un derecho básico y fundamental: el derecho al agua.
