Un día de marzo pasado, poco antes de declarada mundialmente la pandemia que nos lacera, me buscó en mi oficina el señor Juan Zamarrón. Llegó alegre, optimista y con algunas carpetas entre manos. Conversamos, como lo habíamos hecho en otras ocasiones, y escuché, en abigarrada conversación, una mezcla de sus viejos recuerdos de político y militante de la CNC, sector campesino privilegiado como corporación en el PRI; de sus vicisitudes al frente del municipio de Bocoyna, del que alguna vez fue alcalde; de su decepción con Javier Corral Jurado y de su pérdida de confianza en la llamada “Cuarta Transformación”. A pesar de no tener la oportunidad de entablar una amistad de fondo con él, pude percatarme que estaba curtido en su conocimiento de la clase política. Pero no eran esas sus preocupaciones en ese momento, mucho menos sus lamentos. 

Lo movía una profunda desazón por lo que acontecía en los ejidos forestales del municipio serrano. Observaba que no era por una preocupación egoísta o porque a él directamente le afectara. Lo escuchaba sincero hablar por los campesinos, indígenas, mestizos, propietarios particulares y los productores forestales que trabajan con apego a la ley y con honradez. Los flagelos a los que aludió se llaman inseguridad, tala clandestina e ilegal del bosque, el deterioro patrimonial de los reales dueños; la erosión, producto del cambio climático, y la destrucción ambiental que padecían centralmente los ejidatarios (pero también quienes nos beneficiamos de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales), responsabilizando de esto a los grupos delictivos que operan en la región, a los que, según afirmaba, ni siquiera conocía por sus nombres, así como a las indolentes autoridades locales y federales. 

De tiempo atrás reclamaba la presencia de la Guardia Nacional para que pusiera orden, que se pudiera generar un ambiente de seguridad para que los denunciantes y quienes levantan la voz lo puedan hacer sin correr riesgos. Fue puntual al referir que quienes hasta ese momento habían actuado así, han pagado con sus vidas o las de sus familiares. Consideraba esto como un problema añejo, sin poner el acento en que este se agudizó exponencialmente durante el sexenio de César Duarte, pero sí subrayó que con Javier Corral y AMLO ha ocurrido exactamente lo mismo, indicándome que tanto los policías ministeriales, como las delegaciones de la PROFEPA y SEMARNAT, y la misma entidad municipal no servían a los propósitos de corregir el drama relatado. 

Para él, denuncias iban y denuncias venían ante las autoridades de todo tipo; sin embargo, el destino de las mismas eran el archivo o el cesto de la basura. Los aserraderos, en connivencia con los delincuentes y algunas autoridades, seguían trabajando, los camiones troceros transportaban sin obstáculo alguno lo robado con talas clandestinas. Bastaba una simple mordida, quinientos pesos, para pasar un punto de revisión sin mayor dificultad. Eso acontecía, según su dicho, en el momento de nuestra conversación. 

Me narró lo que a su juicio constituye el monto de este saqueo depredatorio: cientos de miles de metros cúbicos de madera. Simplemente en treinta días se robaron más de ocho mil pinos de gruesas dimensiones del ejido del que él era integrante, llamado “El retiro y Gumeachi”, con un valor estimado de 12 millones de pesos. Pero también otros ejidos padecían el mismo problema que su municipio. Me relató que de “El Ranchito” devastaron 800 hectáreas de bosque, que acciones iguales se padecieron en los pueblos de Talayotes, Sisoguichi, Ahuichique, Piedra Bola y Arroyo de la Cabeza, y que propietarios particulares de bosque también eran víctimas. 

Me comentó que a su juicio sólo un 25 por ciento de la actividad económica transformadora del bosque se apega a la ley, que el resto es ilegal. Pero, a su decir, la red de complicidades se valen de documentación “legal” para aparentar que son actividades lícitas. En todo esto, para Juan Zamarrón había una pregunta: ¿cómo ha salido y quiénes han expedido esas documentaciones? Con ellas, el material circula a Chihuahua y a Juárez y pasa por todas las casetas de inspección y vigilancia. Él mismo ubicó una gran responsabilidad en los funcionarios de SEMARNAT, quienes autorizan aserraderos con más facilidades que la simple instalación de un negocio de tacos. 

Seguro estaba que detrás de todo esto había toda una maquinaria de corrupción política e impunidad. En particular, veía los riesgos que corrían para el almacenamiento del agua en la presa Situriachi de continuar la tala en la vertiente que la alimenta y esa presa es vital en la región, incluida la población de Creel. 

Lo escuché en su larga explicación y le pregunté que si ya había tocado puertas recientemente en el aparato federal instalado en Chihuahua. Me dijo que sí, pero que no había resultados. Se advertía desinterés, dijo, y no sentía confianza para que fuera un buen vehículo hacia la solución del problema. Don Juan tenía la intención de informar de todo esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le querían pedir con vigor investigar a los funcionarios involucrados en la tala y el transporte ilegal de madera, y declarar una veda temporal para parar dichas actividades. 

Quería que yo hablara con AMLO, pero le respondí que era difícil buscar eficacia en mi servicio, dada mi lejanía con el actual régimen. Sin embargo, noté que me pedía el apoyo y me ofrecí para buscar algún conducto directamente en la Ciudad de México, conviniendo ambos que sería sólo hasta que pasara la crisis de salud pública. Estábamos conscientes ambos de la pesada y riesgosa carga, pero también de los peligros sanitarios que la actual pandemia representa para las personas, como nosotros, de avanzada edad. Él convino, comprensivo, en que lo hiciera tan pronto me fuera factible. Con cierta ingenuidad pensamos los dos que la emergencia pasaría pronto y no sería de la magnitud que ahora empezamos a aquilatar.

Hace unos días irrumpió un grupo armado a la casa de Juan Zamarrón en San Juanito, la allanaron con violencia y lo acribillaron. Fue una noche en la que, además, le dieron muerte a dos más de sus parientes cercanos, Joel Zamarrón Montes, Comisariado Ejidal de El retiro y Gumeachi, y otro que ni la Fiscalía ni la prensa han identificado.