No obstante el proceso de distensión que siguió al resultado electoral del pasado primero de julio, soy escéptico de que todo vaya a ser terso, sin escándalos, sin confrontaciones. Por el contrario, pienso que en la medida que se vayan postulando, y sobre todo realizando las grandes decisiones del nuevo gobierno, iremos viendo escenas cargadas de contradicción y rispideces que harán historia.En esto los buenos deseos solventan buenas intenciones, mas no avizoran escenarios de la naturaleza planteada.
De hecho ha empezado el conflicto: seguramente gran parte de la burocracia resistirá las decisiones que le atañan y los órganos constitucionales autónomos actuarán en el ámbito de sus competencias, lo que no será, necesariamente, del gusto del ejercicio del poder presidencial y del partido emergente que ya se tiñe de soberbia y arrogancia. No se trata simplemente de la fiesta del triunfo, hay algo más.
Estamos en presencia de un delicado preludio en esta materia: la sanción por 197 millones de pesos que decidió, casi por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con motivo del manejo del Fideicomiso “Por los demás”. El INE ha tomado una decisión que aún no tiene definitividad, pues es recurrible ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habrá de decir, como cosa juzgada, la última palabra en la materia.
Pertinente es establecer hechos que refresquen con datos duros lo que está involucrado. Empiezo por lo más sencillo: el 25 de septiembre de 2017 se constituyó el fideicomiso en Banca Afirme (número 73803); su finalidad fue socorrer a los damnificados por el sismo de esos días. Con ese instrumento jurídico, impecablemente legal, se recaudó la cantidad de 78.8 millones de pesos. Se estima que entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones —56 por ciento de los recursos— fueron atípicos depósitos en efectivo, y luego retirados, obstruyendo el esclarecimiento de la ruta del dinero, según investigación hecha por el propio INE en ejercicio de sus facultades.
El consejero Ciro Murayama, de prestigiada trayectoria académica e independencia política, fue el ponente que propuso al pleno la sanción que luego recibió la aprobación mayoritaria, 10 votos contra 1, este último del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, que actuó con entera libertad.
A la sanción sobrevino el escándalo, ya que se tocó una fibra altamente sensible a MORENA, en especial al presidente electo, el consumado líder anticorrupción del presente. Lo que hizo, interrumpiendo sus merecidas vacaciones, fue enviar un tweet que a la letra dice: “La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”.
Desde luego que estas palabras no son poca cosa, si nos hacemos cargo de que el caso va a llegar a un tribunal que queda gravemente comprometido: si refrenda la decisión del Consejo General del INE, será en automático cómplice de una “vil venganza” (¿de quién?), o de lo contrario, cuando revoque, la lectura será que quedó de rodillas ante el poder presidencial. Entre uno y otro polo existe la misma gravedad, y la pregunta obligada es: Para qué sirve el derecho, en especial la autonomía de los órganos constituidos que se involucran en todo esto.
No sobra decir que el tweet de López Obrador es una impertinencia, que no le abona absolutamente nada a su figura, a su liderazgo, pero sobre todo a su papel institucional. En primer lugar porque a quien se está sancionando es a su partido político, en estricto rigor, no a él, aunque algo le toque, por la percepción social que se produce. Pero sobre todo porque la resolución está pendiente de ser revisada, revocada si se ofrecen las pruebas que el caso amerita, particularmente si se trata de algo tan grave como una “vil venganza”. López Obrador ha actuado en este momento sin la paciencia y serenidad de quien puede demostrar que un órgano que tomó una decisión está equivocado y que para eso están los recursos que pueden llevar a una conclusión de juzgamiento totalmente diferente.
De paso, subrayo que por este tipo de casos se requiere una fiscalía autónoma y aparatos de justicia independientes. En esencia, acabar con el fuero presidencial implica, también, que puede haber resoluciones que siendo desagradables al presidente, no por ello están divorciadas del derecho y la justicia.
Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, conozco este caso a través de la mejor información que circula en medios respetables. No tengo por tanto en mi poder y a la vista copia del expediente ni de los dictámenes votados, pero sí el conocimiento jurídico para afirmar lo que he dicho con anterioridad.
Para mí, lo que dicte el tribunal finalmente es lo qué hay que acatar, guste o no guste, porque se deben dar muestras de que el Estado de derecho empieza a moverse en dirección de autoridades que tienen la libertad de actuar, que han de hacerlo con independencia, más cuando son revisables. Pensar en sentido contrario es tanto como volver a los tiempos en los que el Presidente de la república actuaba como jefe de las instituciones nacionales, desde la sima hasta la cima.
Preocupa, y bastante, todo esto, si además nos hacemos cargo del impacto de las consecuencias de la lapidaria frase del presidente electo. Ya hay un movimiento convocado en las “benditas redes sociales” para hacer acopio del dinero suficiente para pagar la multa. Hasta la intolerancia superlativa de quienes ya estiman que cualquier crítica o disenso es perverso, vengativo, complot, y otras lindezas de este género.
Andrés Manuel López Obrador se dice admirador de Benito Juárez, de las leyes en materia de justicia que promulgó, de la Suprema Corte que hubo en la República restaurada, y no anda descaminado en sus deseos y paradigmas, sólo qué hay que recordar ahora que tanto Juárez como Lerdo de Tejada fueron absolutamente responsables de las opiniones de los demás, y sobre todo de sus críticas; antepusieron la libertad política a todo y ciñeron su accionar al respeto de las instituciones de una Constitución tan difícil como la de 1857. Por eso Juárez, a decir de José Fuentes Mares, era más peligroso con una ley en la mano que con una pistola. Pero eso sólo se logra practicando algo que se llama autocontensión y respeto irrestricto a un Estado que obedece al derecho.