Finalmente el lunes 11 de junio se celebró la audiencia constitucional dispuesta en el juicio de amparo 529/2018, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chihuahua, mediante el cual, como quejoso exigí, fundado en el Derecho, el respeto a la garantía de audiencia y el debido proceso para evitar el carpetazo que la PGR quiso dar en el caso de corrupción política conocido como escándalo “Unión Progreso” y del cual son responsables César Duarte y del que fuera su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. A fin de clarificar la situación precisamos diez puntos:

Se nos concedió el amparo y protección de la justicia federal, lo que significa que se tendrá que reponer el procedimiento y darnos a conocer los “argumentos” con los que se solicitó la autorización para el no ejercicio de la acción penal, con el que se quiere proteger al par de funcionarios venales, por tanto, adiós al carpetazo tan festinado.

El cumplimiento de esa sentencia dará la oportunidad para controvertir la línea de argumentación de la PGR, y destruirla por estar basada en una finalidad que sólo se explica así: otorgar impunidad a los corruptos.

El gobierno de Peña Nieto, a través de la PGR, quiso –ya se le pasó el tiempo– blindar a los corruptos y a sí mismo, dejando cerrado y sellado el asunto que a casi cuatros años no desemboca en una acción penal en contra de Duarte y Herrera. Así las cosas, será un tema de agenda anticorrupción de un gobierno diferente al actual.

En la sentencia de amparo, la titular del Juzgado de Distrito les negó en su resolución el carácter de interesados tanto al excacique, su consorte, como al exsecretario, lo que les impide chicanear un asunto en el que conforme a derecho no les corresponde intervenir por la naturaleza propia y estricta de la acción del quejoso.

En realidad, la concesión del amparo no tenía posibilidades de negarse dada la truculencia con la que se condujo la PGR.

Cuando conozcamos los puntos de argumentación para solicitar el no ejercicio de la acción penal, vamos a tener un catálogo de cómo se defiende la impunidad entre los miembros de la casta política gobernante que tiene sus días contados.

Haremos público ese documento, por el gran interés que reviste.

En Unión Ciudadana, tenemos claridad de que con dinero se ha comprado la voluntad de los agentes de la PGR, y este es un caso notable.

Esperaremos que el procedimiento avance y contraargumentaremos porque no estamos dispuestos a dejarnos.

La nuestra es una carrera contra el tiempo, ya que cuando el gobierno de Javier Corral dejó fuera de la Operación Justicia la histórica denuncia que abrió la lucha anticorrupción, sentó bases para que la impunidad prevalezca en una aspecto muy importante que involucra a un racimo de personas que no se quiere tocar. A cambio, Corral ofreció protección al traidor y soplón Jaime Ramón Herrera Corral, que contra todo goza de una libertad inmerecida, siendo el emblema de una claudicación evidente del gobierno actual de Chihuahua.

Continuaremos informando paso a paso, por este medio, ya que buena parte de la prensa le está aplicando la ley del hielo a este delicado asunto. En Unión Ciudadana, no nos vamos a dejar.