Dos sexenios estatales, el de José Reyes Baeza y el de César Duarte Jáquez, es el periodo que abarca la denuncia que presentaron hoy organismos internacionales contra autoridades civiles y militares a través de un extenso informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chihuahua.
Es decir, el hoy candidato a senador priísta por Chihuahua, Reyes Baeza y su sucesor, el prófugo César Duarte, estarían involucrados, y al lado de ellos sus respectivos procuradora y procuradores que desfilaron por lo que hoy se denomina Fiscalía General del estado, tendrían mucho que explicar al respecto, junto con la complicidad que ambos desgobiernos tuvieron con el panista y militarizado Felipe Calderón, al sumarse y permitir en suelo local su absurda y sangrienta “guerra contra el narco”.
Según la investigación de las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las atrocidades cometidas en la entidad entre 2008 y 2010 calificarían como crímenes de lesa humanidad cometidos por “integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (‘guerra contra las drogas’), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares (…) en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
Los casos documentados, indica el documento divulgado hoy mismo, “demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil. Asimismo, se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”.
Según el comunicado dado a conocer a partir de la denuncia ante la CPI, fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares. La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha.
“La continuidad de la política de militarización de la seguridad pública y de la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales –que se manifiesta con la reciente entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior– han incrementado exponencialmente las violaciones a derechos humanos y crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas al amparo de las instituciones de justicia del país, lo cual implica que en México no hay ni voluntad, ni capacidad para llevar a juicio a los responsables, como se denuncia en el informe”, destacan las organizaciones firmantes, quienes afirmar haber recurrido a la Corte Penal Internacional con la finalidad de poner fin a la impunidad en la que estos graves crímenes continúan ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténticos”.