Dos noticias dos, como en los toros. La primera: nos desayunamos, para malestar digestivo, con la nueva de que el Juez Décimo de Distrito en esta ciudad, amparó y protegió a Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, acusado por corrupción por la Fiscalía General del Estado y vinculado a proceso por un juez de la jurisdicción chihuahuense. Mezquitic Aguirre, sin un adarme de duda, fue una pieza de César Duarte en el saqueo de las arcas públicas. Quizá no de alto nivel, pero sí parte de la madeja de la corrupción política de la tiranía. Hoy, amparo en mano, es ejemplo de impunidad, de ineficiencia de los fiscales, quizá también de déficit legal para castigarlo, de permisividad de los jueces federales que no se deciden a tener una política judicial anticorrupción, en fin.

Lo grave de este caso es que Mezquitic Aguirre viene de escolta de los beneficios que recibirá el protegido del corralismo: Jaime Ramón Herrera Corral, ambos involucrados en el procedimiento que contiene la causa de los desvíos de fondos estatales, vía deducción a los empleados públicos, al PRI. Grave el hecho, volveremos a él con mayores datos.

La segunda en el ruedo, tiene que ver la con la insurgencia en la UPNECH. Se supone que se está en transición a un arreglo que hoy, de lejos, se ve como un ejercicio salomónico. Estarían deshuesando al niño para repartírselo. Pero, esta brizna de negociación se ve empañada por el desconocimiento del timing por parte de la panista y rectora Victoria Chavira Rodríguez, que acusa en sus opositores ser parte de una letrina de corrupción que ella, como mérito, se arroga. Cabe una pregunta –porque descreo que se trate de un retrete–: ¿por qué no se ponen de acuerdo en las instancias gubernamentales para actuar con apego a esa palabreja que se llama coherencia?

En esta lidia se pone en claro la vigencia de lo que sostuvo el clásico: así suele errar el juicio de los hombres y de las mujeres.