Otra vez el Ejército reactiva sus operativos en una esfera que la Constitución General de la república le restringe, si nos atenemos al viejo e histórico artículo 129, que íntegro viene desde la Constitución de 1857 hasta nuestros días. Sostengo que los gobernantes civiles, particularmente los de alto nivel, debieran leer la vieja Exposición de motivos para comprender los por qué de este sabio, y al parecer literario, dispositivo jurídico. Francisco Zarco lo registra en su crónica parlamentaria del Congreso.

Pero más allá de esto, la reaparición del Ejército, y en general de las fuerzas armadas, cuyo jefe es el presidente de la república, ejerciendo actividades de policía para la cual no están preparados ni facultados, es algo que viene a ensombrecer el panorama chihuahuense y a recordarnos que los aciagos momentos que se han vivido, sobre todo en zonas apartadas del estado (concretamente en nuestra sierra), han sido de abuso y magros –por no decir nulos– resultados.

Los soldados llegan, frecuentemente haciendo la vista gorda, revisan a los particulares, transgreden normas, generan zozobra, violan, prodigan violencia y luego se van y las cosas siguen exactamente igual. Podríamos revisar los últimos cincuenta años para percatarnos de que esto es una verdad tan grande, cuando menos, como el pico del Mohinora. El crimen organizado ha demostrado que tiene tantas características para sobrevivir y reproducirse que ya sería el tiempo de que quienes dicen combatirlo ofrezcan reales alternativas para lograrlo.

Hoy la región de Guachochi, Juárez, Chihuahua y Guadalupe y Calvo están ubicadas entre los sitios más violentos de México. Se trata de la zona en que una mojonera hace el vértice con Durango y Sinaloa, tierra de cultivo, de tráfico, pero también de abuso enorme. Hoy, el llamado “operativo Base de Operaciones Mixtas”, en el que está incluido el gobierno de Javier Corral Jurado, nos adentra en un esquema que se ha caracterizado por la violación a los derechos humanos y no es cierto que esa región se haya regenerado a pesar de los discursos oficiales, en particular durante la guerra calderonista. Y por otra parte, la tímida presencia de la CNDH no da aliento a pensar que esto se pueda remediar.

El viejo fantasma de la crisis más aguda en esta materia ronda de nuevo por nuestra tierra. No respeta ni Constitución, ni ley, ni para nada sirve, aunque no estamos en los supuestos del artículo 29 que establece el estado de excepción que, cambiando lo que haya que cambiar, establecería normas y pautas para que los simples particulares, las mujeres, los niños y los ancianos, sus patrimonios, dejen de ser los que sufren en presente el atraco y la acción militar. Esos particulares, con la llegada de las fuerzas armadas y las policías, pasan a ser sospechosos por el solo hecho de transitar por los caminos por donde tienen que moverse y que por ser parajes ciento por ciento solitarios, se convierten en los escenarios predilectos del abuso de la tropa, como se ha documentado de muchas maneras.

Los derechohumanistas que han migrado hacia la burocracia, probablemente ya no estén ahí para hacer su tarea y sea necesario un nuevo ímpetu organizativo, libre y sin compromisos. Subrayamos esto de entrada porque puede ser lo primordial para la gente, pero no está de más anotar que en esta coyuntura la presencia de la violencia, el sacar el Ejército otra vez a las calles, opaca asuntos de no menor importancia, como la pugnacidad estéril que en el terreno político ocupa cada vez espacios más grandes, las fisuras en el grupo gobernante, sobre todo las que devienen de estrictos proyectos de poder y, al último pero de ninguna manera al final, el crédito de corto plazo que contrajo el gobierno con el Banco Multiva, en cuya cúspide está Olegario Vázquez Raña, y que incrementa en 1 mil 800 millones de pesos la criticada deuda estatal duartista, que por otra parte fagocitó de los 6 mil millones de la bursatilización. ¿Cuánto debemos en los hechos?

Por lo pronto, ha de quedar claro, como una exigencia puntual, que el gobierno de Chihuahua debe decir hasta dónde, en el marco de la autonomía, se permiten y toleran violaciones a la Constitución en un ámbito muy sensible de la actual guerra civil económica, que como guerra especial no declarada se ha ido de la retórica mas no de la realidad.