En periodismo un estilo básico para redactar una nota se atiene al esquema de la llamada “pirámide invertida”, la cual tiene la enorme virtud de sintetizar en un primer párrafo casi todo lo que sabremos más adelante en las piezas denominadas “puente” o “enlace” y en el posterior desarrollo y colofón. Se le llama “pirámide invertida” porque los reporteros las redactan bajo un sistema deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Es un formato ya clásico en estos tiempos de redacción “telegráfica” impuesta por los medios digitales (la mayoría con muchos errores de sintaxis y ortografía), pero es muy útil para los lectores, lo cual es, a final de cuentas, uno de los grandes propósitos de la prensa: que el ciudadano se informe rápida, eficaz y suficientemente. Más allá de acuerdo o desacuerdos con esta fórmula, la descripción que hago al menos sirve para describir las maneras mediante las que se (des)informa.

El 18 de octubre pasado, El Heraldo de Chihuahua publicó una nota que reporta hechos y declaraciones realizados y formulados por el actual secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles. Se trata de una pieza que se cabecea con estas palabras: “Inexistente, el fideicomiso para San Elías Repechique”, contenida en siete breves párrafos desplegados en dos columnas ordinarias, la foto del funcionario y el correspondiente pie.

Se dice que atiende ante los tribunales federales diversos asuntos en los que el gobierno del estado tiene injerencia, porque hay demandas y múltiples asuntos, amparos, como el que tiene que ver, precisamente, con la construcción inconclusa del aeropuerto de Creel, Bocoyna. En fin, tareas propias y obligadas de quien ocupa el cargo; y hasta aquí, el itinerario del estilo periodístico bajó de lo general a lo particular.

Pero algo alteró la mano del reportero, o simplemente la tijera, muchas veces obligada por quien hace el esquema de la página, no alcanzó a cercenar o colocar adecuadamente algo verdaderamente importante, que a mi juicio debió ser el párrafo de entrada y por lo tanto lo central de una nota propiamente informativa. Quizás no se percibió, pero ahí está el hecho y a ese propósito reproduzco ese párrafo final que se refiere a la construcción y litigios conexos a la llamada Ciudad Judicial de la época duartista. Al grano: “En relación con la demanda que el Estado tiene por 192 millones de pesos que no pagaron a Ingeniería y Diseño VAN por la construcción de la Ciudad Judicial, indicó que él (Jáuregui Robles), al pertenecer al gabinete de abogados que lleva el caso, tiene un conflicto de intereses, por lo cual no debe declarar al respecto, o tocar dicho tema”.

Lo transcrito no viene entrecomillado en la nota, por lo que sólo puedo conjeturar que fue lo que el funcionario dijo, pero de que hay algo grave en estas palabras, no tengo duda, porque la miga del asunto es cierta: Ingeniería y Diseño VAN participó del saqueo presupuestal al intervenir en el negocio de la construcción, cosa que tarde o temprano tendrá que esclarecerse a través de una rigurosa auditoría, y a juicio de la empresa constructora le quedaron a deber la nada despreciable cantidad de 192 millones de pesos, cuya cobranza se le entregó a un despacho jurídico del cual es abogado el hoy secretario general de Gobierno, junto a otros cuyos nombres nos resultan familiares por pertenecer al Partido Acción Nacional, entre ellos Arturo Chávez Chávez, Antonio Lozano Gracia, y el azul corrupto de corruptos, Diego Fernández de Cevallos.

Es obvio que esta declaración merece una precisión puntual de cara a la sociedad y además satisfactoria. En estricto rigor, cae en la agenda del Tres de Tres, y en la obligación ética, al menos, de hablar de los conflictos de interés a que se ven expuestos quienes aceptan un cargo público. No me puedo quedar con la simple mención del asunto y más con la conclusión de la opacidad implícita en la declaración cuando en la misma se contiene que no puede declarar o tocar dicho tema. Lo válido sería que esclareciera que, habiendo sido abogado de Ingeniería y Diseño VAN, dejó de serlo realmente, con todo lo relativo que es esto en un país como el nuestro, en el que se puede tener un pie aquí, otro allá y las manos acullá.

Pensar que esto no es así es tanto como creer en una nueva definición de conflicto de interés normada en sus términos por la secresía. La pregunta obligada es: ¿continúa directa o indirectamente como abogado de la empresa propiedad del ingeniero Jorge Rodrigo Valles Morales que le pelea en los tribunales a las arcas de Chihuahua la suma apuntada, más gastos y costas? Porque así como no se puede repicar y andar en la procesión, silbar y comer pinole, tampoco ser demandado y asesor y apoderado de ambas partes en la misma causa. En psicología, tener dos personalidades es esquizofrenia, y en el caso que me ocupa, corrupción política.