El Exhorto.

Por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, representantes legales en México de la empresa Angel Cano Martínez, Corporación Empresarial, S.L. (ACM), pueden ejecutar en cualquier momento un embargo contra bienes del gobernador César Duarte Jáquez, su esposa Bertha Olga Gómez Fong; de las empresas Industrial Parral Forestal S.A. de C.V., Hidroponia de Chihuahua, S.A. de C.V. , así como de una socia de aquellos, Alma Dalia (Dalila) Martínez Corrujedo, debido a una deuda por casi 4 millones de dólares que se pretendía pagar con recursos públicos del estado de Chihuahua.

Las medidas cautelares bajo el número 211/2016 se contienen en una resolución judicial denominada “auto” en el argot procesal y dimanan de un procedimiento ordinario con el mismo folio, según se observa en el Exhorto  que la jueza española Concepción Martínez Parra giró a un juzgado federal del estado de Chihuahua desde el pasado 16 de mayo de 2016, pero cuya vista a la procuraduría de Murcia, España, ocurrió nueve días después, el 25 de mayo.

 

De acuerdo a la información obtenida hoy, viernes 3 de junio, dicho exhorto es resultado de una demanda promovida por ACM , un fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, el pasado 23 de septiembre de 2015 en el país ibérico, por una deuda por 3 millones 760 mil 570 dólares contraída por Duarte Jáquez y sus socios, entre ellos Alma Dalila Martínez Corrujedo, accionista de Unión-Banco Progreso además y esposa de Olegario Guzmán Orquiz, un empresario maderero vinculado con César Duarte y desaparecido el 22 de agosto de 2010 a las afueras del Club Campestre de Parral y por quien la Fiscalía General del Estado ofrecía medio millón de pesos como recompensa para su localización. (OEM, 31 de enero de 2011).

La empresa ACM procedió a demandar ante el supuesto hecho de que la deuda se pretendió negociar parcialmente con el pago 2 millones de dólares sustraídos del erario de Chihuahua; ante eso, según las fuentes informativas, se advirtió un acto de evidente corrupción por parte de la pareja gubernamental y no deseando poner en riesgo la solvencia moral de la firma, se malogró la negociación y se procedió judicialmente a la cobranza, lo que ocasionó el Exhorto de referencia a los tribunales mexicanos.

Martínez Corrujedo es, además, socia del Banco Progreso de Chihuahua y en el Exhorto del juzgado español aparecen como susceptibles de embargo al menos cinco propiedades suyas: cuatro en Chihuahua y otra en Casas Grandes.

En la parte dispositiva del embargo aparecen enlistadas las siguientes acciones societales de Duarte y Gómez Fong:

– El 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público Número 6, en noviembre de 2012.

– Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.

– Akala S.A. de C.V.S.F.P.

– Única Casa de Cambio, S.A.

– Hotel Soberano (hoy Sheraton)

– Hidroponia de Parral, S.A de C.V.

– Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V.

– Hidroponia de Chihuahua

También están sujetas a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de la pareja gubernamental depositadas, según el Exhorto judicial, en entidades financieras como Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer. HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey, así como 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicadas en Parral, Chihuahua; nueve en Balleza y otra localizada en Ciudad Juárez.

En la misma condición y en bancos similares se encuentran las cuentas corrientes de Alma Dalila Martínez Carrujedo, y además son sujetas de embargo sus acciones societales que figuran en empresas como Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones y el mismo Banco Progreso de Chihuahua, así como en las cinco fincas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).

Las mismas fuentes dieron a conocer que este no es el primer caso que sustancian contra César Duarte, ya que hay precedente que data de 2012, a menos de dos años de haber ocupado la gubernatura estatal.