El constitucionalismo moderno, al establecer la división de poderes como principio fundamental, dispone sin ápice de duda que jamás podrán concentrarse dos o más poderes en una persona. Esto para el cacique César Duarte es una especie de literatura de ficción, algo que abona tema a la retórica de un 5 de febrero, pero jamás compromete a una práctica de gobierno, ya no digamos avanzada, sino simplemente decente. Si a alguien le quedaba duda de la dependencia o anclaje del Poder Judicial en Chihuahua a César Duarte, hoy los hechos deberán terminar por convencerlo de que su estado dubitativo para dar paso a la certidumbre, casi dogmática, de que la abyección, sumisión, entreguismo del Judicial son las notas que caracterizan la inexistencia del Estado de derecho en esta región de la república.

Aunque Duarte presume de ser licenciado en derecho –hay quienes dicen que imprimió su título en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México–, se ve a leguas que su formación en derecho constitucional fue nula, o de plano su estado demencial lo lleva a cometer los dislates que el día de hoy andan en boca de todo mundo: nombró a José Miguel Salcido Romero, que en poco menos de dos años fue actor de este derrumbe institucional, destructor de un poder republicano. Salcido Romero pasó de presidente del Tribunal Estatal Electoral (sin abandonar el poder fáctico en el mismo) a magistrado de la Sala de Control Constitucional (adefesio inútil, no obstante su rimbombante denominación); este puesto se le construyó a modo para allanarle, al vapor, el camino y convertirlo en presidente del ahora llamado Tribunal Superior de Justicia (creen que los nombres cambian la realidad); a continuación jugó a la pretensión de buscar la candidatura del PRI a la gubernatura del estado (a sabiendas de que tiene un impedimento insuperable; y hoy, en un acto absolutamente innecesario, será secretario de Educación, Cultura y Deporte.

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Salcido Romero.

Vea usted lo que tenemos: una designación para entrar a un gabinete en tiempos de desastre, de naufragio. Cuando algunas ratas ya se bajan del barco, el traidor Salcido se sube: sabe que eso le puede abonar su carrera en un México y Chihuahua enrarecidos y necesitados de impostores para la traición y la dictadura, que puede llegar. En un sistema democrático, no me queda duda de que gentuza de la catadura de Salcido no tendrían más destino que el obligado ostracismo para quienes han dañado a la sociedad. Pero aquí lo que importan son los premios, los cómplices. Es de esperarse que los magistrados accedan a conceder la licencia, que se plieguen a los caprichos del cacicazgo, generando esta dualidad claramente ominosa: Salcido Romero se va de secretario, pero no perderá su calidad de presidente con licencia y, si por la víspera sacamos los días, mantendrá su poder y control, como ya lo demostró con el TEE; y regresará en seis meses, cuando aún sea cacique Duarte, para continuar en el cargo, y que de la independencia del Poder Judicial se encargue Dios, porque la Constitución no ha podido, ni quienes pueden impedirlo, en este caso, que son los magistrados. Con espíritu juarista, de aquella Corte que jugó su rol, los magistrados debieran decirle a Salcido Romero que no se puede ir, que se quede en su cargo, o de plano que se vaya para siempre. Pero eso es pedirle peras al olmo.

A lo largo de estos últimos cinco años, hemos visto cómo Duarte desprecia y aniquila la independencia de jueces y magistrados. Los homicidios de abogados han estado a la orden del día, la impunidad también. Los actos posteriores al asesinato de Marisela Escobedo, marcaron tendencia. Después vino el golpe al Poder Judicial, en componendas con los diputados del Partido Acción Nacional, capitaneados por César Jáuregui, que recibieron su cuota de magistrados; posteriormente, el engordamiento de la nómina con vistas a formar un ejército electoral, no dejó duda por dónde iban las cosas. Y así, al nombramiento de amigos y compadres en los juzgados y en su personal de bajo nivel.

Si los magistrados, como es absolutamente previsible, otorgan la licencia, nombrarán a un encargado custodio de la presidencia del TSJ para que cuando regrese el impostor, entregarle el cargo. Y aquí no ha pasado nada. Se habla de que el “presidente” futuro estará designado dentro de las querencias, unas regionalistas, otras no tanto, de Duarte. Y de una cosa estoy cierto: si ese cargo lo ocupara, aun por unos segundos Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes o Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, jamás estaríamos en peores manos, el primero aguantó que lo suplantara Miguel Jurado en la alcaldía de Parral; el segundo perdió Cuauhtémoc, y como el Poder Judicial se convirtió en un hospital de inválidos políticos, allá los mandaron, como premio de consolación.

Cada vez estoy más convencido de que los ciudadanos de Chihuahua soportan esto y más, que están a un paso de la servidumbre y la postración, y de ello dan testimonio los abogados que se conforman con migajas de toda índole, incluidas las notarías.