Contra el discurso oficial del cacicazgo en torno a la seguridad en la entidad, aparecen constantemente notas informativas, análisis políticos y editoriales que subrayan el real estado que tenemos en Chihuahua. Tenemos que ir a la prensa de fuera para informarnos adecuadamente. Aquí el subsidio a los medios se ha convertido en atropello del derecho a la información. Ese discurso se centra en las estadísticas que tienen que ver con hechos de sangre, escandalosos de suyo, pero también tiene que ver con cosas más relevantes que están en la causa misma de la criminalidad que se traduce en ejecuciones y homicidios.
Recientemente la PGR, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera ha apuntado algo que no debemos perder de vista: las entidades con el mayor número de operaciones preocupantes son Sinaloa, Chihuahua y Sonora, en ese orden. Y cuando dice “preocupante”, se refiere a que tales operaciones se dan cuando los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, sin justificación alguna, mantienen un nivel de vida notoriamente superior al de sus posibilidades, participan en la realización de procedimientos inusuales o cooperan en la ejecución de un delito.
Llama la atención el lenguaje cauteloso de la PGR, porque “preocupante” puede significar mucho o nada. No obstante, el hecho de que haya trascendido esta información, no de manera espontánea sino porque el periódico El Universal hizo una solicitud a través del INAI, estaría revelando que uno de los sitios predilectos para el blanqueo de dinero, delito conexo ordinariamente al narcotráfico, fraudes de cuello blanco o corrupción política, tiene asiento en tierras del cacique mayor, y no sería extraño que tarde que temprano se llegue a tocar a su grupo cercano, que hace negocios a través del gobierno.
Un analista en esta materia, Samuel García, consultado por El Universal, concluye: “Hay muy poco control, muchos menos reportes públicos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no da reportes públicos detallados acerca de este tipo de cosas, justificándose en que hay una secrecía bancaria y que la ley se lo prohíbe”.
En lugar de guarderías y alternativas recreativas, intervención policiaca
Miopía es el término más benigno con el que se puede caracterizar el anuncio de que la policía municipal de Chihuahua actuará contra los padres que dejen sin acompañamiento a niños y niñas en sus casas. Pareciera que ese propósito de “intervención social” no atiende a las causas de este fenómeno y que iría en dirección de paliar realmente los efectos del desempleo y, paradójicamente, cuando este existe, la ausencia de la prestación de guardería para que con seguridad padres y madres puedan realmente ausentarse de sus hogares sin que los hijos corran riesgos. Pretenden arreglar con medidas de policía un asunto que tiene que ver con una reorientación profunda de la seguridad social y la infraestructura deportivas, parques y vigilancia permanente.
La tarea de prevención del delito no da para justificar la que aparentemente parece una buena solución a un problema que ya demostró su gravedad con motivo del crimen del niño Christopher.