El ejercicio de los derechos concedidos por la Constitución y soportados, además, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no están sujetos a la expedición de un permiso o autorización de quien ejerce el poder político. Esa es una verdad reconocida universalmente, pero sobre todo el prerrequisito para que los ciudadanos y las personas no tengan cortapisa alguna a la hora que decidan reunirse, expresarse, participar en la dirección de los asuntos públicos y todo el plexo de libertades que están en la conciencia ciudadana y que no viene al caso reseñar a detalle. Pues bien, esto que se sabe por todas las direcciones posibles de la rosa de los vientos, en el estado de Chihuahua se olvida, lisa y llanamente.
Quiere la tiranía de César Duarte que concurramos a sus oficialías de parte a pedirle permiso para manifestarnos en su contra, oposición o disidencia. Está claro que no se trata simplemente de una ignorancia de la ley, sino de un talante de despotismo y arrogancia que sustenta la convicción de que en la sociedad chihuahuense sólo se pueden mover las cosas cuando tienen el beneplácito del pedestre cacique. Esta deleznable argumentación la han puesto en operación para rebatir los actos de provocación y represión que la tiranía perpetró el pasado 28 de febrero. Así se advirtió en la polémica abierta por el regidor Fernando Yañez en el Cabildo de Chihuahua, donde aparte de defender las libertades, exigió que la transgresión de éstas no quede en la impunidad, aportando pruebas inobjetables de que agentes del Estado, en especial municipales a cargo del alcalde Javier Garfio, actuaron al margen de la ley al ejercer violencia contra una manifestación política de Unión Ciudadana.
El posicionamiento del regidor fue acompañado de la exhibición de fotografías que corroboran al 100 por ciento sus afirmaciones y, cabe subrayarlo, en su alocución se refirió al formal aviso que la Unión extendió a diversas autoridades, incluidas desde luego las del municipio, a contrapelo de las cuales actuó Javier Garfio por instrucciones de su capo César Duarte. Frente a esto, y dada la memez del presidente municipal Javier Garfio, su secretario, Santiago de la Peña, sólo alcanzó a replicar que para el ejercicio de esas libertades de las que hablamos “sólo se avisó”. ¿Y qué quería, que le pidiéramos permiso?
Nunca como ahora les viene bien un curso de Derecho Constitucional, y no se diga de derechos humanos a quienes encabezan los poderes en Chihuahua, y en particular al secretario en cuestión. Aunque bien miradas las cosas, poco provecho les haría. Siempre he creído todas las derivaciones que se puedan sacar de esta frase: “Si los axiomas matemáticos riñeran con los intereses, habría quien los refutara”. No creo que den para tanto quienes tienen en su espíritu y en su corazón las lecciones de Derecho que les imparte La Negra Tomasa.
Pero sépanlo: para ejercer nuestros derechos, nunca, jamás, les pediremos permiso.
Y a la Cruz Roja también le toca
Sobre el mismo tema, a la muy cristiana Cruz Roja también le toca. No se dignó a atender nuestras peticiones para cualquier contingencia que pudiera llegar a presentarse el 28 de febrero en la manifestación de Unión Ciudadana, tal y como ocurrió. Prefirió sus buenas relaciones con el poder que acogerse a sus fines humanitarios. No es la primera vez, nacional e internacionalmente, que eso sucede. Sentimos que su jefe local nos mandó decir: ¡Tengan su cruz!