Como en la política y en los actos de corrupción no hay casualidades, hay conductas de María Eugenia Campos (quien se mueve de antaño en la política, es candidata del PAN y está acusada de actos de corrupción) que pertenecen al ámbito de la sospecha legítima, si tomamos en cuenta que atraviesa por un proceso penal cuyos malabares hacen pensar a más de uno en lo circense de la justicia chihuahuense.
En ese sentido, y casi a manera de nemotecnia, hay elementos de esa corrupción que necesitan saberse:
Maru Campos ha sido vinculada a proceso penal por el delito de cohecho pasivo y otros actos de corrupción relacionados con la “nómina secreta” que el exgobernador César Duarte Jáquez y el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, estuvieron utilizando como mecanismo de corrupción y mediante el cual, mes a mes, desde el 10 de febrero del 2014 al 29 de abril del 2016, durante el desempeño de la panista como diputada local (2013-2016), le fue entregado dinero hasta ascender a un total de más de 10 millones de pesos, según recibos que un juez aceptó como válidos.
Maru Campos comenzó como presidenta municipal de Chihuahua el 10 de octubre de 2016. Pero a menos de seis meses de dejar la legislatura y a menos de cuatro de iniciar su cargo como presidenta municipal, pasó de vivir –en teoría– de su sueldo de empleada pública a incrementar, inexplicable y rápidamente, su situación económica. Eso se hace patente en la compra inmediata y con pago de contado de dos inmuebles en una lujos área residencial, inaccesible para el común de los chihuahuenses:
1. Primer inmueble: el 24 de febrero de 2017, cuatro meses después de asumir como alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, compra y paga de contado, en la cantidad de 2 millones 483 mil 067 pesos, un terreno de 765 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Bosques de San Francisco, segunda etapa.
2. Segundo inmueble: el 27 de noviembre del 2017, a un año en el poder municipal, compra y paga, también de contado, en la cantidad de 2 millones 418 mil pesos, un terreno de 600 metros cuadrados en el mismo fraccionamiento.
La sospechosa compra de los terrenos inicia con el vendedor, Jaime Federico Elías Madero, uno de los voraces fraccionadores de Chihuahua, beneficiado permanente por las políticas de desarrollo inmobiliario del municipio, en especial durante la gestión de Maru Campos. Aquí habría que contabilizar las actas de cabildo existentes en favor de las empresas del conocido fraccionador.
Siguiendo la ruta de esa sospecha (se impone un estudio de evolución patrimonial), tenemos pues enseguida que Maru desembolsó casi 5 millones de pesos para pagar de contado la adquisición de aquel par de inmuebles; luego la suspicacia por el precio tan bajo de la venta y la extensión de ambos inmuebles (3 mil 588 pesos por metro cuadrado, en una zona de alta plusvalía inmobiliaria); después, por ser una persona que vive de su sueldo como empleada pública con un ingreso menor a los 80 mil pesos, que por sentido común no le permite realizar ese tipo de operaciones al contado. Finalmente, por encontrarse en estrecha relación (tiempos, cantidades, etcétera) con los hechos por los cuales se le vinculó a proceso, sin pasar por alto que su domicilio ya estaba ubicado en Bosques de San Francisco.
Ahora bien, por si no fuera grave la ofensa al pueblo con estas operaciones realizadas en detrimento del erario, así también ha resultado una burla que uno de los inmuebles que compró de contado con dinero público lo haya utilizado para constituir una garantía hipotecaria ante el juez penal que la tiene vinculada a proceso, precisamente por obtener ilegalmente dinero con el que compró, conjeturo, los referidos inmuebles.
Dicho en otras palabras, la sociedad chihuahuense le está depositando su fianza con el dinero que le robó en complicidad con Duarte y Herrera Corral.