En esta semana que concluye la gobernadora María Eugenia Campos Galván culpa y responsabiliza a la alcaldesa morenista de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, de impedir que el estado trabaje e intervenga en materia de seguridad en esa región, proverbialmente estigmatizada por la presencia de grupos delictivos ligados al narcotráfico.

Incluso llega a decir Campos Galván que ya no es Ciudad Juárez el foco rojo de la inseguridad, sino que se ha desplazado tan al sur que anda en los límites de Durango. 

En la coyuntura, la declaración de la gobernadora juega políticamente a responsabilizar a un gobierno morenista –y por extensión a la federación– de los males que aquejan a la seguridad del estado. Y vaya que no se trata de poca cosa, porque hay trece homicidios dolosos cometidos en ese municipios durante el mes que está concluyendo, que corona la cifra del año con 62 crímenes de esta naturaleza, lo que hace que esa apartada región esté en los índice delincuenciales más negros y altos del país. Por otra parte, los desplazamientos humanos han cobrado dramatismo y gravedad, y esto no es cosa menor.

Para entender esto podemos conjeturar que estamos en presencia de alguna de las siguientes variables: en primer lugar, que se trata del juego de ping-pong en el que la gobernadora hace un tiro de saque para golpear al gobierno federal y sus aparatos, desde luego a MORENA, y continuar en la línea de que ella, la gobernadora, es un adalid contra el crimen, casi la Mujer Maravilla, lo que está lejos de ser cierto, menos con su secretario de Seguridad en campaña, Gilberto Loya, que pretende sustituirla en el cargo a sabiendas de que esa meta ni hoy ni nunca la logrará. Esa postura de Maru Campos que estaría marcada por un desplante electorero pro panista

Esa es una posibilidad. Hay otra: que simplemente sea una narrativa de fin de administración para conseguir una imagen que permita ir sorteando el día a día hasta que concluya el sexenio, que minuto a minuto se agota. Esto sería una irresponsabilidad grande pero muy usual en este tipo de políticos tradicionales, buenos para darle la vuelta a la nota periodística cotidiana.

La más grave es la que paso a narrar: la Constitución general de la república y la local del estado de Chihuahua, le establecen a la gobernadora un régimen de facultades expresas y limitadas que la obligan a no ser omisa en la atención de los problemas de la entidad, y más cuando tienen que ver con la seguridad de las personas, sus bienes, sus derechos, y en general propiedades y posesiones. O sea, la gobernadora estaría violando la Constitución al dejarse limitar por una autoridad municipal.

Cuando una gobernadora, como en este caso, dice que una alcaldesa le está obstruyendo el ejercicio de sus facultades en temas sensibles o no, quiere decir que está abdicando del cumplimiento de sus obligaciones. Dónde se ha visto que una simple alcaldía (simple por jerarquía) tenga el poder de detener la acción legítima de un Ejecutivo local y que no pase nada. 

Y suponiendo que la presidenta municipal González Ábrego sea tan poderosa y cuente con suficientes factores reales de poder local para impedir la acción del estado, habría que reconocer que llegó el momento de solicitar ante el Congreso, al menos, un par de disposiciones: la desaparición de ese poder municipal por violentar el orden constitucional, en primer lugar; y en segundo, fincarle las responsabilidades penales porque estaría cometiendo delitos tan graves como truncar esa acción del estado, tan importante para la seguridad de todos, de los vecinos de aquella apartada zona, y en general de la entidad.

Entonces, cabría preguntarse: con declaraciones como las que hizo la gobernadora, ¿a qué se dedica? Porque sería evidente que no está cumpliendo con lo que le mandata la Constitución por el alto cargo que ocupa. 

Así que, señora gobernadora, no se haga la víctima, cumpla con sus responsabilidades y déjese de pretextos, ahora que se asume como la abanderada antinarco que, según se dice, la proyectará nacionalmente. Lo dudo.

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Nota: La image que ilustra este texto fue creado con IA.

Porque convenía a sus intereses, desde el 2019 El Diario propaló fechorías que adjudicó al entonces gobernador Javier Corral por la adquisición, con malas artes, de un bien inmueble contiguo a otro de su propiedad. 

Con la lentitud de una tortuga, siete años después El Diario publicó el domingo antepasado que falseó información y lo reconoce así: 

“En la publicación de fecha 19 de septiembre de 2019 señalamos que el exgobernador encabezó personalmente abuso, corrupción, robo, despojo y otras denominaciones de ilegalidad, sin contar a esa fecha con toda la información disponible por nuestros periodistas, puesto que el 24 de septiembre de 2019 mostró en una entrevista en el Canal 28 de la ciudad de Chihuahua el contrato de promesa de compraventa, razón por la cual, no podemos sostener dichas afirmaciones”.

El Diario cayó, pues, en el pragmatismo que alguna vez el científico Albert Einstein describió: “Si los hechos no encajan con la teoría, cambia los hechos”. Es decir, durante esos siete años El Diario mantuvo una narrativa que debió servir al usufructo de ciertos intereses; y luego cambió la versión, ciertamente obligado por un acuerdo de conciliación con Corral, avalado por una corte estadounidense, tras la demanda de difamación que el hoy senador interpuso en su momento en El Paso, Texas.

Quizá su demanda la promovió en una corte del vecino país porque la información se publicó en la edición del periódico en aquella ciudad fronteriza, lo cual no es argumento suficiente sobre un hecho ocurrido en tierra juarense. O el nuevo Corral morenista no confía en la justicia nacional, a pesar de ser el actual presidente de la Comisión de Justicia del Senado, o actuó como el ciudadano norteamericano que es. Quién lo sabe.

Aunque no podemos reducirnos a esto, la pugna obedece en buena medida a las personalidades y temperamentos que ambos han mostrado a lo largo de los años, lo que debiera tenernos sin cuidado, si no fuera porque trascienden a la vida pública y afectan a la sociedad, unos como comunicadores sesgados, otros como políticos arrogantes y sin principios.

Hoy, visceralmente, se han “conciliado”. Tal vez mañana, por enésima ocasión, vuelvan a batirse en duelo, si quieren, como ya lo han mostrado antes del suceso referido.

El problema en realidad es de interés público, porque ambos involucrados tienen deudas con la sociedad que no se pueden arreglar con una amigable composición. No puede quedar en un mero asunto de orden privado el hecho de que El Diario mintió (como lo ha hecho con otras personas), que lo reconoce y lo arregló sin que sepamos el contenido de tal arreglo. ¿Hubo dinero? Se involucran otros propósitos que están ocurriendo ahora en el reacomodo de las élites en el poder. Javier Corral tiene por su parte una causa penal abierta que los tribunales tendrán, tarde o temprano, que resolver, en su favor o en contra.

Tampoco hay que pasar por alto que quien fuera su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, se ha sustraído a la acción de la justicia por su intervención como funcionario público en una negación leonina con la banca, que de ninguna manera se entiende sin el acuerdo, incluso explícito, del que fuera gobernador quinquenal.

El Diario vive del erario, de los muchos millones con que el gobierno lo subsidia, porque ya es inviable como empresa, tanto en lo periodístico como en la industria que representa. Si no fuera por el oxígeno monetario del gobierno del estado, hace tiempo que habría cerrado sus puertas. Económicamente, pues, no es rentable; periodísticamente no es confiable; y políticamente, después de confesar que en siete años no fueron capaces de observar un asunto simplísimo y de la cotidianidad abogadil, es lógico pensar que se sostiene como mero mecanismo persuasor de que estamos bien. A esa actividad dedica todo su tiempo, causando grave perjuicio a la sociedad. Y ahora se quieren presentar ante nosotros como las buenas personas.

La falta de El Diario es tanto o más equiparable a lo que recientemente cometió El Universal con una falsa entrevista entre el escritor Carlos Monsiváis y Andrés Manuel López Obrador. Ese medio admitió el error y fue condenado, principalmente en los círculos morenistas. Ojalá el reclamo a Rodríguez Borunda sea igual de contundente y no termine con un simple “me equivoqué”, y borrón y cuenta nueva. Creo que eso jamás lo conciliarán con sus escasos lectores. 

Algo se cocina para otras traiciones que vendrán de parte del exgobernador Javier Corral, que ahora puede quedar bien en las páginas del periódico de Osvaldo Rodríguez, pero no puede transitar libremente por las calles de Chihuahua sin ser increpado, justa o injustamente.

Por lo demás, ya sabíamos que ambos son así.

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Nota: la imagen que ilustra este artículo fue creado con IA por mera intención narrativa.

Si en Chihuahua repugnan las campañas anticipadas de MORENA y el PAN, que ya van para dos años, y más el centralismo que ofende cuando todo viene de un pequeño círculo lejano a la entidad, más molesta que el nuevo partido, que se asume como verdadero demócrata, intempestivamente ya tenga candidato elegido unilateralmente. ¿Cómo?, ¿por qué? Ojalá algún día se devele el secreto.

Se presentó a LeBarón en una conferencia de prensa que no dio oportunidad a los nuevos adherentes de la etnia rarámuri, como el pianista Romeyno Gutiérrez, ni a los representantes de la comunidad menonita. Todos los reflectores y el ambiente festivo fueron para LeBarón.

Van a continuación algunas notas que espero sirvan para justipreciar a este personaje en esta empresa con la que se le ha favorecido y que es incoherente con los juicios que él ha emitido en sus críticas a los modus operandi de la clase política mexicana.

Julián LeBarón pertenece a la comunidad mormona que se estableció a finales del siglo XIX en los municipios del noroeste de Chihuahua, principalmente Casas Grandes y hoy Nuevo Casas Grandes. A Galeana llegaron después quienes se escindieron de aquellos que no quisieron continuar con la ortodoxia religiosa que permitía la poligamia. En ese sentido, Julián forma parte de un fundamentalismo religioso cristiano.

Saltó a la escena nacional cuando se sumó a la lucha No+ Sangre que emprendió el escritor y exsacerdote católico Javier Sicilia durante la “guerra” calderonista contra el narco. Seguramente una de las afinidades entre ambos personajes se puede encontrar precisamente en la religión, en el cristianismo que cada cual profesa a su manera. Nunca se han hecho públicas las verdaderas razones de la separación LeBarón-Sicilia.

Consecuentes con la ética protestante y reformadora que profesan los mormones y que tienen al trabajo en un lugar central en sus vidas, representan el capital que ha explotado personas y recursos naturales en esa zona durante años. Se mueven en el país como un clan que siempre opera en favor de sus propios intereses, mientras tienen la mirada siempre apuntando hacia Estados Unidos con el fin de autoprotegerse, incluso apelando a su intervención.

En medio de la tragedia que padecieron en Bavispe, Sonora, hace casi siete años, algunos huyeron en caravana hacia Estados Unidos, portando banderas estadounidenses y despotricando contra los gobiernos mexicanos y solicitando el apoyo norteamericano. El propio Julián ha enviado a su familia a Montana, tras las amenazas que ha recibido repetidamente de grupos criminales que nunca se han identificado plenamente.

Los LeBarón han sido acosados frecuentemente y han sido víctimas de la delincuencia, y eso ha exacerbado su sentido de autoprotección comunitaria: se han armado y se mantienen a la defensiva contra quien ingrese a sus tierras, como la ocasión en que El Barzón, en pleno corralismo, trató de penetrar sus cultivos acusándolos de sobreexplotar un área ciertamente afectada por la sequía mediante pozos supuestamente ilegales.

En esa línea se inscribe la pretensión de obtener una autonomía, con tufo separatista, cuando hace cinco años reclamaron mediante un juicio ser declarados como una comunidad equiparable a los pueblos indígenas u originarios. Pero el Tribunal Electoral del Estado rechazó en 2023 la no procedencia de dicha demanda. Su intención es, en el fondo, el autogobierno y aplicar los recursos directos proporcionalmente entre el número de habitantes en el municipio de Galeana.

Todo el discurso de Julián LeBarón, ungido como candidato de Somos México, encabezado por el experredista Acosta Naranjo, está articulada en la derecha política. Y en esa geografía, donde Somos México no se define claramente, sino más bien se ubica en el pragmatismo, LeBarón encaja solamente como opositor, pero con un perfil de hombre de derecha, adicto a la acción.

Esto significa que Somos México ha desplegado una tarea recolectora de líderes regionales para afrontar sus primeras elecciones en 2027, en una actitud tan utilitaria como la que usó López Obrador cuando preparaba su triunfo en 2018, con la pesquisa de partidos conservadores y evangélicos como el PES (revivido ahora como PAZ) y otros actores, miembros y dirigentes de partidos satélite.

Un protagonista de discurso “popular”, bronco, directo, sin rodeos, que recuerda el rancio foxismo, puede lograr, en su elección inaugural, las primeras curules, como para irse instalando en el debate nacional en tribuna y de ahí aspirar a más. La especie de “heroicidad” que le han adjudicado los medios nacionales, lo han convertido en un candidato atractivo, pero sobre todo por ser un férreo opositor a la Cuatroté. Y esos son los personajes de los que Somos México está echando mano. Un poco más de lo mismo.

La identidad ideológica, consciente o inconsciente de Julián LeBarón, empata con la que ejerce el panismo en el poder hoy en el estado de Chihuahua. Los valores de la familia (el cuidado y protección de su propia familia), de su comunidad, agotan casi todo el espectro de sus propósitos, esa es toda su defensa; y de ahí, sólo de rebote, construye una narrativa para hablar de inseguridad, de economía, a través de “tener acuerdos” y mejores relaciones con Estados Unidos.

¿Hasta qué grado un candidato como LeBarón es útil para contener la tendencia hegemónica de MORENA o la continuidad de los valores que defiende el panismo regresivo de Jorge Romero y de Maru Campos en el estado?

Tengo para mí que Somos México inició tropezándose en Chihuahua.

No se trata de exigir disculpas a España o de pelearse con Ecuador, es una relación de la mayor importancia en todos los aspectos imaginables. No hay lugar ni a la improvisación ni a moverse a partir de prejuicios, y mucho menos como correa de transmisión de lo que se dicte desde Palenque.

Además, la presidenta está en una encrucijada que puede desbarrancar al país porque el presidente Trump es un hombre déspota, arrogante, impredecible, que semeja a un emperador pretoriano de la peor época de Roma. El planetarca cree que puede enviarnos un cónsul a Palacio Nacional. Nunca ha estado más equivocado.

Pero esas observaciones no son obstáculo para recapitular algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Empecemos por la tan traída y llevada asimetría entre México y los Estados Unidos, y la observación puntual de que el primero está para obedecer y el  segundo para ordenar.

En las relaciones bilaterales no hay el mínimo de reciprocidad que implica una decente relación entre estados. Norteamérica no hace las tareas que le corresponden en la misma magnitud que le exige a México. La corrupción en los Estados Unidos, el crimen organizado que se mantiene ahí, los niveles del consumo de drogas, el tráfico de armas y el negarse a extradiciones solicitadas por México, son hechos que hablan por sí solos cuando vemos que mide con otras varas lo que le exige a nuestro país puntualmente, adosadas además a caprichos y futilidades.

Si tuviéramos que empezar por alguna parte, habría que decir que Donald Trump es la cabeza de la corrupción concentrada en Estados Unidos, porque amalgama poder político y negocios privados como no se había visto desde 1929, año en que estalló la Gran Depresión con la caída de la Bolsa de Nueva York que barrió a todo el mundo. 

En ese escenario, por decirlo tenuemente, la presidenta Sheinbaum se ve actuando al margen de la ley, porque entrega a delincuentes mexicanos en incongruencia con el Tratado de Extradición, violándolo. Pero también está a un paso de aparecer como defensora de una delincuencia empedernida que opera en el país y de la cual hoy es símbolo el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. 

No intenta, por temor a un sismo en el aparato morenista, a deshacerse de toda una corte de narcopolíticos. Aunado a eso, cuando pide pruebas con motivos de la extradición, se muestra ignorante del derecho y por lo visto carece de asesores que guíen sus pasos en delicadas declaraciones, que al caer en desatino complica más las cosas. 

Por ejemplo, hacer del debate las mentiras del exembajador norteamericano Ken Salazar es reducir la política exterior a un pleito de barandilla, que además jamás se va a dirimir. Pero lo que no tiene nombre, por absurdo, es que el gobierno haya reservado la información del expediente Rocha Moya por cinco años, lo que nos condenaría, exclusivamente, a nutrirnos de información por lo que se dice en las grotescas mañaneras que encabeza la presienta. O sea, limitarnos al chisme matutino.

Lo que debiera existir es una agresiva política exterior planteando un nuevo modelo –especializado si se quiere– en combate al crimen organizado, que es internacional; o exigir reglas claras para la extradición de delitos cometidos por funcionarios públicos; o el planteamiento de tratados internacionales para regular el trasiego de armas y el lavado de dinero. Pero estamos perdidos frente a las desafiantes exigencias de Trump y las migajas que se desprenden de los discursos presidenciales.

Esto último hace pensar fundadamente que desde la Presidencia mexicana se defiende al crimen organizado ligado a los narcóticos, pero sobre todo a otras actividades como el llamado “huachicol” de hidrocarburos que dañan las finanzas públicas por las cifras que no pasan por el fisco y cuyas ganancias se reparten allá y aquí.

Además, el proceso de militarización de prácticamente todas las actividades ha mostrado lo sucio que pueden ser los altos mandos, y que cuando esto no se para a tiempo, estamos a merced de que cualquier general se venda al imperio para agredir al país. 

Son aspectos que se han subrayado en el pasado pero que hoy se han desoído porque se creyó en el mentiroso Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que iba a regresar a los militares a los cuarteles.

A los críticos de la política exterior mexicana a los que me he referido, se les trata como antipatriotas y favorables a una soberanía abollada. Pero tengo para mí que son los que están en el poder los que están produciendo ambos efectos. 

Son los saldos de un desastre en política exterior, producto de la ignorancia y, lo más preocupante, del conocimiento de todo para patrocinar impunidades.

De paso también afecta a Andrea Chávez con su solidaridad para que alcance la principal candidatura al Ejecutivo estatal, ya de por sí dañada en la coyuntura que se extenderá a lo largo del próximo año debido a la cancelación del T-MEC, entre otros factores por el papel que el imperio asigna al crimen organizado, en especial al que está instalado en los estados fronterizos y en algún grado toca al padrino tabasqueño.

El senador Loera De la Rosa anunció su pretensión de ser “Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” para el municipio de Juárez, mamarracho con el que se denomina a un simple aspirante a una candidatura. 

Loera ofreció como mérito su historial político asociado a MORENA, especialmente su gestión como delegado del Bienestar, por el que por cierto jamás ha rendido cuentas en estricto sentido. Quizá por eso hasta da el paso de solicitar la renuncia de la actual delegada, la duartista Mayra Chávez, si es que quiere competir. Y es que algo sabe de clientelismo.

Empero, en su calidad de senador va a rendir su informe un día antes de pedir licencia para pretender la alcaldía fronteriza; es decir, que ese informe será un acto abierto de campaña y violatorio de las reglas electorales. Probablemente nos vuelva a recetar un libro de escasa distribución y lo anuncie en múltiples y costosos anuncios espectaculares y en pasquines de circunstancia.

Pero ni así doblegará la ojeriza conocida públicamente que le tiene Ariadna Montiel;  esa piedra es tan dura que no logrará convencerla con su historial de candidaturas (dos ellas fracasadas, incluida la de gobernador). No la moverá.

Todo esto es del conocimiento público, aunque es frecuente que los que actúan en el ámbito de lo políticamente correcto no lo digan. Siempre lo tengan en cuenta.

Pero más allá de ese obstáculo para Loera, quien por cierto vive en un condado aledaño a El Paso, Texas, justo como lo hacían los gobernantes del municipio de Juárez en la era priista, no concita el apoyo de los ciudadanos de la frontera. Podrá hablar de mil encuestas, pero su evaluación por el ojo público lo ha descartado, y las familias potentadas jamás lo van a dejar pasar, por elitistas en parte, pero más porque conocen a fondo su trayectoria de tres lustros que no lo dejan bien parado. 

Loera, al igual que Andrea Chávez se treparon a la cresta de una ola y llegaron a los cargos que tienen. Cierto que algo hicieron para ascender, pero la cresta de la ola fue la que los elevó, aunque ambos se arrogan atributos personales para el apoyo electoral del que han carecido per se en el pasado.

Lo más grave que afecta a MORENA en esta etapa son sus contradicciones internas. Para esto hay que contabilizar el odio furibundo que se profesan Loera y Cruz Pérez Cuéllar; recuerden que este último salió repelando hace seis años, cuando no lo hicieron candidato a gobernador, para luego aquietarlo con una senaduría y luego con la alcaldía de Juárez, desde la que ilegalmente se está catapultando hacia la candidatura de gobernador. 

No lo digo yo, el mismo Loera lo ha expresado, cuando afirma que su decisión de apuntarse para buscar la alcaldía, surge tras haber recorrido y analizado “de primera mano la situación crítica por la que atraviesan los habitantes de la región en la actualidad” y afirmar que el proyecto político en la demarcación “ha sufrido una transformación interrumpida o un cambio a medias”, por lo que concentrará todos los esfuerzos en “estructurar soluciones de fondo a las demandas de infraestructura y desarrollo social que aquejan la zona urbana”.

En otras palabras, que Cruz Pérez Cuéllar miente cuando va de municipio en municipio poniendo de ejemplo una transformación que su correligionario niega. 

Supongamos que pasa el tiempo, consolidan sus candidaturas y ganan las elecciones (¡qué horror!), entonces tendremos un gobierno dividido entre dos grupos del mismo partido que, conforme a las reglas sicilianas, se harán la guerra y todos perderemos.

A final de cuentas la doña Montiel nos evitará el zafarrancho. 

La mentira, la falsedad y la simulación se han apoderado de todo. Ni los gobiernos, ni los partidos políticos, y mucho menos los aspirantes a candidaturas le hablan claro a la gente, a su cuerpo ciudadano, con miras al proceso electoral importantísimo que tendremos en 2027.

Empecemos por la voz del gobierno estatal. María Eugenia Campos ya se la creyó de que es una lideresa de dimensiones nacionales, y entonces quiere marcar desde Chihuahua una agenda internacional con relación a los Estados Unidos, tarea que en el ámbito de las atribuciones sólo corresponde a la Presidencia de la república, en este caso a Claudia Sheinbaum.

Cuando Campos Galván cataloga al gobierno federal como un “gobierno de muerte”, omite decir que su estado, el que se supone que ella gobierna, está en los primeros tres lugares de crímenes violentos; que en la visión de los Estados Unidos, Chihuahua es un estado con su frontera en manos del narcotráfico y el crimen organizado; y se desentiende, por último, de que ella fue cómplice de Felipe Calderón y su criminal “guerra” con saldos sangrientos para la entidad. Pero nubla el espacio con sus mentiras. Cree que pasará a la arena nacional de esa manera.

Además, y congruente con lo que se supondría el objetivo central de 2027, no está haciendo la tarea de contención de la Cuatroté en Chihuahua. Se sigue autoconcibiendo como la reina, sin darse cuenta que el poder acaba, y el suyo ha entrado en una cuenta regresiva, aparte del fracaso y la crisis que ha caracterizado a su administración.

A su vez, Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Ciudad Juárez con licencia, también nubla el panorama cuando ya despliega una campaña a todas luces ilegal, ostentándose como el futuro gobernador del estado, embonando este discurso en la creencia de que hay una onda social larga que ineluctablemente terminará con Chihuahua alineado en el morenismo.

Pérez Cuéllar es un delincuente, cómplice del duartismo, perdonado por Javier Corral por razones de compadrazgo religioso, y confía en que los que ostentan el poder en el estado hoy no lo verían mal para el sexenio que viene, cuenta habida de que es astilla del mismo palo panista. Ya ven que esas cosas son tan flexibles, que Javier Corral juega hoy de jilguero de la Cuatroté en el Senado. Tiempo nublado.

Al amparo de esto, vemos surgir en la espuma política –consistencia no hay– a una Mayra Chávez Jiménez como política en la frontera, aspirando a convertirse en la alcaldesa de Ciudad Juarez, sin más escoleta previa que haber formado parte de la servidumbre del PRI de César Duarte, con cuyo apoyo llegó a la dirección municipal de su partido y a la diputación en una de las peores legislaturas que ha tenido Chihuahua y que vio pasar la corrupción de Duarte sin pronunciar palabra alguna.

Hoy esta política cuenta con el apoyo de Ariadna Montiel (¿qué le vio?) para ponerse al frente de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, quiero decir, de la agencia electoral morenista en el estado. Tiempo nublado.

Andrea Chávez, por su parte, está manchada por sus vínculos con un senador que está ligado al crimen organizado de Tabasco y que en el escándalo se conoce como la Barredora. La senadora con licencia nos ha endilgado a un nonato como representante de todos los chihuahuenses (demagogia habemus). Ella es una persona sin experiencia, producto de las circunstancias. No digo que no sirva, lo que digo es que le falta cocción. Y ya ven que a veces a las puertas del horno el pan se quema. Tiempo nublado.

En el ámbito del municipio, donde tiene asiento la capital del estado, César Jáuregui se queja de “guerra sucia” en su contra, como si nunca hubiera habido tal en su partido, el PAN. Se escinde, sin romper, para pretender ser el candidato a la Presidencia municipal. 

Al igual que la gobernadora, tiene las manos manchadas por la corrupción y complicidad con Duarte, y contribuye, con desmesura, a nublar más el panorama cuando habla de que él únicamente ha trabajado por Chihuahua, sin mancha alguna, y que lo demás que se dice en su contra es artero ataque y no crítica. 

Él dice que habla por sus resultados. Como parlamentario que es, debiera saber que existe el sofisma de petición de principio; y entonces que nos demuestre dos cosas: esos resultados que presume y que no estuvo en falta por los sucesos de El Pinal, municipio Morelos y por los que tuvo que renunciar como fiscal general. Tiempo nublado.

A Marco Bonilla lo único que se le ha visto hacer en estos días es comprar paraguas, aunque tiene dos años autopromocionándose dentro y fuera del país. 

Nubla también el espacio público que muchos poderosos hombres de negocios estén pactando con MORENA la sucesión del 2027. Ahí ni siquiera se puede decir que se les perdone porque no saben lo que hacen. Porque sí lo saben, y lo saben muy bien.

Y hablando sólo de nubarrones pequeños, pero que al proyectarse pueden ser altamente peligrosos, se observa el relevo fascistoide del diputado panista local Carlos Olson, opositor de cuanta demanda de las mujeres se haga presente para modificar una ley. Para él la vida de las mujeres se agota en las famosas tres “K” alemanas: Kinder, Küche, Kirche (kinder, cocina, iglesia). Y por otra parte, ya apareció en una manifestación pública del panismo de Olson una bandera de Israel, algo realmente insostenible a la luz de los crímenes que el gobierno de Netanyahu comete diariamente en la Franja de Gaza contra palestinos.

Como podemos ver, los nubarrones políticos son negros y densos. Más, cuando la ciudadanía está ausente y aplastada.

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Ilustración: Composición elaborada con IA.

Hoy en el país, a ciencia y paciencia de los órganos rectores del proceso electoral, existe una despiadada pugna por el poder político que se expresa en campañas anticipadas que saturan el espacio público, presentando a aspirantes, hombres y mujeres, de prácticamente todos los partidos. 

Quienes practican el fraude a la ley, entre más sofisticada sea su ambición, aparenta cumplir en todos sus extremos el derecho vigente, precisamente para violarlo. 

En la experiencia mexicana actual esto está llegando al colmo de que ya se hace de manera discrecional y tolerada, y en ocasiones hasta de manera burda. El problema es que mientras el derecho no esté en el centro de la política para cumplirlo, se puede afirmar que el que se acostumbra a violarlo hoy, lo violará mañana, o en cualquier oportunidad y a conveniencia. 

En Chihuahua, como en el resto del país, tenemos campañas electorales anticipadas desde hace poco más de dos años, centralmente para la obtención de las candidaturas al gobierno del estado, ya que al dirimirse esta, las demás pueden salir como cuentas de un rosario roto.

Tanto el PAN como MORENA son practicantes de esta bochornosa e ilegal maniobra. Desprecian al derecho y pasan por alto a la autoridad electoral que, por otra parte, pierde esa característica por voluntad propia al no intervenir de ninguna manera, pues todo lo tolera.

Habrá matices, y unos serán más simuladores que otros, pero a efecto de catalogar el fraude a la ley, todos están falta, y muy poco les interesa. 

En todo esto el lenguaje juega un importante papel. Existen medios de comunicación que sólo sirven de parapeto para traficar con el espíritu que animaría a un sistema democrático en esta materia. 

El estado está cubierto por grandes y costosos anuncios espectaculares, al amparo de que reproducen supuestas entrevistas a los reales contendientes por el poder. Y esos medios ni siquiera acreditan tener una oficina, un domicilio legalmente establecido de unos cuantos metros cuadrados. Son la muestra de que el fraude está ahí y que el órgano electoral competente no hace absolutamente nada.

Y ya que hablamos de lenguaje, en el caso de MORENA el caso es ejemplar por la falsedad y la mentira que contiene. Aquí los candidatos reales no se denominan si quiera de esta manera. A ellos se les busca un nombre rimbombante precisamente para ocultar su verdadera naturales, y entonces se les denomina Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pero no se atreven a incluirlo como parte del llamado “segundo piso”, un terminajo que en realidad queda a cargo de los oradores de plazuela. 

El lenguaje establecido habla de “candidato” o de “precandidato” cuando se habla de un aspirante, sino de algo que permita violar flagrantemente la ley. Antes había “dedazo”, que hoy prevalece, pero con el que se supone en el que creen un elegante concepto de “coordinador”. Y bajita la voz, se corre entre todo el cuerpo ciudadano una ecuación muy sencilla: coordinador = a futuro candidato. Pero será candidato cuando se acceda a las pautas que la ley establece, quedando maltrecho el orden jurídico, que al parece también les estorba a estos codiciosos.

Así, hoy tanto el saltimbanqui Cruz Pérez Cuéllar como Andrea Chávez aspiran a ser “coordinadores”, es decir, candidatos de MORENA y sus partidos satélites a la gubernatura del estado de Chihuahua.

En otras palabras, se ponen un disfraz tan dúctil como un traje a la medida para aniquilar toda normatividad electoral.

Esto no es nuevo. Ya el clásico Alexis de Tocqueville lo examinó con suficiente lucidez cuando descubrió los contrastes que se dieron en Francia entre el antiguo régimen y la revolución de 1789. Ahí dijo que ya nada puede decirse con sencillez, porque de lo que se trata es de engañar, más cuando se tiene miedo de perder una elección, porque, a decir del francés, “en política, el miedo es una pasión que a menudo aumenta a expensas de todas las demás”. Y de ahí también el fraude a la ley.

Había estado en receso obligado luego de practicarse el hara-kiri al renunciar a su cargo y así lavarle la cara a la gobernadora Maru Campos por los hechos por demás conocidos, no nada más aquí sino en la república entera. Este caso de paso también provocó la caída de su subalterno, encargado de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Como animal político hay que reconocerle que porfía para salir adelante de la telaraña en la que él mismo se metió. A la vez, si eventualmente obtuviera la candidatura del PAN y triunfara en la elección, todos los que vivimos aquí en este municipio estaríamos con la zozobra que implica el tener una autoridad que estaría caminando en las arenas movedizas de un posible enjuiciamiento penal que desestabilizaría a la sociedad capitalina. 

Seguro estoy que a él eso no le importa. Su pragmatismo raya en el más burdo utilitarismo de equiparar poder y éxito, como si tal cosa tuviera sostén en la ética que se desprende, al menos, de la Constitución. Lejos está su comportamiento de apoyarse en el discurso de Gómez Morín, cada vez más desteñido héroe ideológico del panismo. A final de cuentas esto le importa poco menos que un comino.

Jáuregui Moreno es el prototípico hombre que exhibe cómo un partido con tradiciones democráticas y de honestidad se pudo convertir en el arma más poderosa para obtener puestos, privilegios, dinero ilícito. Bajo esta circunstancia, durante la época de César Duarte, amigo suyo, contribuyó como pocos a convertir al PAN en una pieza indispensable de la corrupción del priista.

En la misma cancha jugó la actual gobernadora de Chihuahua, lo que le valió empedrar, primero, el camino al poder municipal de la ciudad de Chihuahua, y después a la gubernatura del estado. La sumisión del Congreso local en esa etapa así lo acredita, y sobre todo dejar hacer y dejar pasar cuanto despropósito hubo en el diseño de los presupuestos públicos y en la aprobación de las cuentas públicas.

César Jáuregui, al igual que María Eugenia Campos, en el tiempo que ocuparon sus escaños en el Congreso local, disfrutaron de sendas dietas, de un generoso presupuesto asignado a la fracción parlamentaria del PAN, que manejaron con absoluta discrecionalidad, y convinieron con César Duarte un artero golpe al Poder Judicial a cambio de colocar a dos de sus amigos en un par de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, amén de otros puestos que se extendieron a un sinnúmero de recomendados que afectaron, por ejemplo, al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal de Elecciones y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Pero insaciables, siempre exigieron más. Fue la época en la que recibieron millones de pesos de ilegales prebendas que se recibían en los sótanos de las oficinas públicas. Sé de cierto que al menos recibieron un poco más de 10 millones de pesos de manos de Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda, por órdenes directas de Duarte. Tuve los recibos autógrafos en mis manos, los vi auténticos, aunque luego, por otras triquiñuelas se desvanecieron, pero en realidad ahí están.

La impericia y oportunismo de Javier Corral para manejar este caso derivó en que se malograra la acción penal. El manejo faccioso y utilitario de la lucha anticorrupción que escenificó en este caso Javier Corral, defenestró por un lado a su favorito Gustavo Madero y entronizó a la gobernadora actual. 

Hasta ahora no se ha hecho justicia por este delito; César Jáuregui logró derribar la barrera legal y obtuvo los premios de ser nombrado secretario de Gobierno y luego fiscal general del estado. Hasta aquí, cero y va una. 

Ahora, luego de que se ha acreditado la ilegal presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, causa que se está investigando y por la cual ya declaró ante la FGR, nos permite deducir que Jáuregui está sujeto a una investigación que aún no se ha resuelto en definitiva, salvo que ya se haya pactado el famoso “aquí no ha pasado nada”. Como dijimos, tuvo que renunciar al cargo porque, al menos, algo no hizo bien, lo que le obligó a un impasse momentáneo en su búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.

Recordemos que Jáuregui, al calor de la construcción de un seudo liderazgo en torno a la figura de Maru Campos, salió a la calle sin pudor alguno, a la usanza duartista, a apoyar a su gobernadora de los embates morenistas; y más allá de eso, a pesar de la evidente violación a las leyes, electorales incluso.

Es obvia la violación al Estado de derecho. Y quien viola la ley una vez, y otra más, hace tendencia de conducta para su futuro desempeño. Por eso los ciudadanos deben tener absoluta claridad de que Jáuregui puede alcanzar la candidatura, pero nunca la legitimidad para ser el gobernante de un municipio.

Por eso digo, cero y van dos.

Se trata de una versión absolutamente falsa, o mejor dicho que reconoce méritos individuales, pero eleva al rango de “creadores de la historia” a los que ascendieron al poder, en ocasiones para traicionarlo. 

En esporádicas columnas reproduciré cronologías acerca de los muchos esfuerzos que se han hecho en el país en favor del sistema democrático y en abierta lucha con sus antagonistas. Iniciaré con un breve relato sobre los esfuerzos realizados a lo largo de varias décadas del Partido Comunista Mexicano (PCM), que con el tiempo pasó a ser el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que después desembocó en el Partido Mexicano Socialista (PMS), y este, a su vez, ofrendó su registro para competir electoralmente como PRD.

Al hacer esta reseña me basaré en documentos donde se registran tiempos, pronunciamientos, propuestas, que luego se pasaron a la realidad social y se tradujeron en esfuerzos políticos, muchos de ellos alcanzados por la represión gubernamental, tanto homicidios, como desaparecidos y largas condenas en múltiples prisiones. Huelga decir que al exponer esto no expreso necesariamente las coincidencias con ese partido, simplemente pretendo ir referenciando hechos para demostrar que Roma no se hizo en un día, como se propala bajo el liderazgo del caudillo del sureste.

Lo que leerán a continuación es un repaso que la dirección del PCM hizo a fines de las década de los 70 del siglo pasado, como sustento para solicitar su registro como partido político y poder así participar en los procesos electorales, luego de la reforma política que se promovió en el sexenio de 1974-1980, bajo la conducción de Jesús Reyes Heroles en su triple calidad de representante del poder político del PRI, secretario de Gobernación y, por ello, presidente de la entonces Comisión Federal Electoral, justo cuando las elecciones estaban asignadas a una tarea más del gobierno para asegurarse su dominio y hegemonía. Era una tendencia que ahora se pretende reproducir.

* * *

Cuando el gobierno presentaba su reforma electoral en 1977, el PCM cumplía 58 años, la organización política más antigua de México, fundada el 24 de noviembre de 1919. Su primer secretario general fue el ingeniero José Allen, oriundo de Chihuahua. Por él desfilaron organizadores de los movimientos obreros y campesinos que influyeron en las transformaciones sociales del país, con aportes a la ciencia, la política, el sindicalismo y la cultura.

Aunque antes de consolidarse como PCM ya se contaba con órganos de propaganda, el 15 de marzo de 1924 se creó el periódico El Machete, de la mano de artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que terminó por convertirse en el órgano central del partido. 

En sus primeros años el PCM intervino con sus propios representantes en órganos legislativos. Luis G. Monzón, por ejemplo, participó en debates del Senado en 1924, y luego, entre 1928 y 1929, el dirigente comunista Hernán Laborde hizo lo propio en las discusiones de la Cámara de Diputados, que fue desaforado por denunciar en tribuna la política agresiva y expansionista de Estados Unidos, especialmente en Nicaragua. Diez días después de este desafuero, en junio de 1929, la policía clausuró las oficinas del Comité Central del PCM y la imprenta donde se producía El Machete.

A pesar de la persecución, el PCM acordó desde entonces participar en las elecciones, tras acuerdos que tuvo para constituir el llamado Bloque Obrero y Campesino (BOC), postulando al general Pedro Rodríguez Triana como candidato a la Presidencia de la república. La asamblea que se realizó al respecto nombró como dirigentes a Siqueiros y al líder ferrocarrilero Valentín Campa Salazar. El conjunto de estas organizaciones participarían activamente después en la fundación de la CTM.

Con saldo rojo para los comunistas, el PCM llamó a obreros y campesinos a tomar las armas para combatir el levantamiento de los generales Escobar, Manzo, Aguirre, Caraveo y otros. 

El periodo de ilegalidad del Partido Comunista se prolongó desde 1929 hasta 1935. Aún así, el BOC realizó campaña electoral en favor de Hernán Laborde, su nuevo candidato a la Presidencia del país.

Una de las demandas más sentidas e importantes del PCM en este periodo fue el de pretender el establecimiento del seguro social para los trabajadores, petición documentada que se entregó en la Cámara de Diputados con el respaldo de 25 mil firmas de trabajadores.

La llegada a la Presidencia de México del general Lázaro Cárdenas en 1934 supuso para el PCM un nuevo impulso para el movimiento huelguístico. Según sus propias cifras, el número de huelgas pasó de 202 en 1934 a 642 apenas en los meses siguientes de 1935.

En 1936, al amparo del cardenismo, pero también como resultado de las reiteradas persecuciones obreras del anterior presidente, Plutarco Elías Calles, el PCM junto con otras organizaciones dieron luz a la creación de la CTM en febrero de 1936.

El PCM cuenta en su historial haber participado en la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera, que estaba en manos de empresas extranjeras.

Otro hecho relevante es que el periódico El Machete reivindicó su papel como órgano central del PCM, iniciando su publicación diaria a partir de mayo de 1938. 

Se dice que ya para 1940 el fascismo había recrudecido sus hostilidades contra el PCM y sus oficinas en la Ciudad de México fueron asaltadas, a mano armada, en septiembre de ese mismo año. El Partido Comunista apoyaba entonces a los luchadores antifascistas de España y participaba en grandes manifestaciones de solidaridad con la República española durante todo el curso de la guerra civil. 

Ya para 1945, el PCM obtenía su registro electoral, mediante un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, que posibilitaba su participación en las elecciones federales del año siguiente.

Entre 1956 y 1959 luchó contra los líderes “venales” dentro de los gremios sindicales y participó activamente en el hoy conocido SNTE y el sindicato de ferrocarrileros.

En marzo de 1960, el PCM celebró su XIII Congreso Nacional, en el que puntualizó entre sus objetivos “encauzar a la nación por el camino democrático e independiente como la tarea principal de los comunistas”, y “la integración de un poderoso movimiento de frente democrático de liberación nacional”.

Ese año, junto con Filomeno Mata hijo, el pintor David Alfaro Siqueiros fue apresado y acusado formalmente bajo cargos, entre otros, de “disolución social”. 

En 1963 el PCM se alió con otras fuerzas para formar el Frente Electoral del Pueblo (FEP) cuyo registro fue negado a pesar de haber cubierto los requisitos que la ley señalaba. A través de esa organización el Partido participó sin registro, en 1964, en las elecciones de presidente, diputados y senadores. 

El candidato del FEP a la Presidencia de la república fue Ramón Danzós Palomino, dirigente del PCM. Durante la campaña electoral en favor de su candidatura, este partido y las otras fuerzas que integraban el FEP realizaron una gira por todos los estados de la república en la que lograron movilizar amplios sectores obreros. A pesar de que los votos a favor del FEP no fueron contabilizados, fue evidente la significativa votación que obtuvo.

En las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión en 1967, el PCM llamó a votar inscribiendo en la boleta electoral las siglas “RED”, que significaban Reforma Electoral Democrática, como reacción para modificar un sistema electoral que consideraba “caduco” y que “prolongaba la marginación política de los sectores populares”.

El 26 de julio de 1968, tras su vinculación al movimiento estudiantil y a la lucha por la democratización del país, nuevamente las oficinas de su Comité Central y el taller de su periódico fueron ocupados por la policía y numerosos miembros del partido fueron encarcelados. 

Y fue hasta 1968 cuando el PCM discutía hacia el interior su carácter nacionalista e internacionalista, luego de la desaparición de la Internacional Comunista, ocurrida desde mayo de 1943:

“La necesidad de la autonomía y la independencia de los partidos comunistas no es una exigencia del nacionalismo y una concesión de las tendencias aislacionistas. Lo que sucede es que sólo ejerciendo su autonomía y su independencia pueden los partidos comunistas elaborar y aplicar de manera creadora la teoría del marxismo-leninismo a las condiciones específicas de su país, tomar en cuenta las peculiaridades de la correlación de fuerzas, la sicología de las masas y las tradiciones revolucionarias propias. Y esto es únicamente, y no la simple repetición de consignas generales, lo que puede garantizar que el Partido Comunista se convierta en la verdadera vanguardia en la lucha por las transformaciones revolucionarias del país”.

Y se agrega: “Si el Partido no consigue aplicar el marxismo a la situación concreta del país, ningún título será suficiente para colocarlo a la cabeza de la lucha y los años lo verán vegetar como una pequeña secta repetidora de consignas abstractas (…). Nuestras responsabilidades han crecido mucho después de la disolución de la Internacional Comunista. Y no tenemos necesidad de volver al pasado, a revivir formas que ya cumplieron su papel”.

Al año siguiente, en octubre de 1969, el PCM hizo un llamado a la abstención de los comicios que se celebrarían en 1970. En su llamamiento se puede leer:

“Los comunistas no somos enemigos de la participación de los trabajadores en la lucha electoral. Sabemos que el movimiento revolucionario de la clase obrera debe utilizar todas las formas de lucha contra la burguesía y los terratenientes. Pero las elecciones de 1970 se inician en un clima represivo y antidemocrático en el que las masas carecen de la más mínima posibilidad de ejercer sus derechos y de hacer valer su oposición al régimen”.

Luego, a medidos de los 70, en las resoluciones del XVI Congreso Nacional se asienta que “el periodo entre el XV y el XVI Congreso hicieron su aparición en nuestro país diversas formas de lucha guerrillera, tanto rurales como urbanas”. La intención del PCM de realizar su actividad en el plano de la lucha política, “de ninguna manera fue correspondida”. El PCM, se dice, registró entre 1970 y 1976, “bajas sensibles en sus filas, productos de la represión selectiva”. Así, fueron asesinados Enrique Cabrera, Joel Arriaga, Efraín Calderón Lara e Hilario Moreno.

En su XVII Congreso Nacional, en 1975, el PCM decidió la participación de los comunistas en las elecciones del año siguiente y decidió postular como candidato a la Presidencia de la república a Valentín Campa Salazar.

Con la presentación de la reforma política de 1977, planteada como Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, el PCM asumió una postura crítica por las limitaciones que el propio gobierno trataba de imponer en ese documento.

El 5 de mayo de 1989 el PMS, último heredero del PCM, ofrendó su registro electoral con la idea de que se consolidara una transición a la democracia. El beneficiario fue un PRD que empezó a crecer ganando significativas representaciones en el Congreso de la Unión y en congresos locales. Las elecciones de 1997 lo colocaron como una fuerza fundamental cuando el PRI perdía, por primera vez, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Se fueron ganando espacios de poder muy importantes, como la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal ese mismo año con Cuauhtémoc Cárdenas; después Andrés Manuel López Obrador se convirtió en sexenal Jefe de Gobierno cuando ya la Ciudad de México estaba convertida en en entidad federativa. Enseguida, López Obrador fue postulado para presidente de la república en las elecciones de 2006 y luego en 2012. 

Estos son hechos, insisto, que la faena histórica no le puede abonar exclusivamente a un amadísimo líder providencial y carismático, que cree, y ha hecho creer, que descubrió el hilo negro.

Habrá otras entregas de este tipo.

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Nota: Buena parte del historial sobre el PCM y la mayoría de las citas textuales fueron tomadas de El registro electoral del PCM (Ediciones de Cultura Popular, de la colección Biblioteca del Militantes,1979).

En mis tiempos de estudiante escuché las didácticas exposiciones que hacía al respecto el extinto maestro, licenciado Jorge Mazpúlez Pérez. A partir de notables juristas, explicaba el tema, con detallados cuadros sinópticos, de tal manera que prácticamente a todos nos quedaba claro que una constitución flexible podía estar a capricho de cualquier reforma que se le ocurriera a quienes estaban apoltronados en el poder y querían conservarlo a toda costa, practicando el más dúctil y convenenciero reformismo constitucional.

En contra de ello estaban los que sostenían la rigidez constitucional, hasta cierto punto conservadores, pero custodios de pactos políticos y sociales llamados a perdurar más allá de las ambiciones partidarias que conmuevan a la sociedad y lleven a la idea de que un texto tan importante como la Constitución pueda ser modificado, aunque no haya una razón suficiente para hacerlo.

Obviamente el maestro de referencia, aparte de revisar la trayectoria del constitucionalismo mexicano, nos narraba la obra de James Bryce, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, que el que esto escribe leyó muchos años después en la copia de una edición del Instituto de Estudios Políticos de Madrid (1952) en su colección CIVITAS. 

En ese tiempo escribí algunos textos sobre las posibilidades de la transición democrática y la necesidad de dar pie en el país a una nueva constitucionalidad que reconociera a plenitud los derechos humanos, la escrupulosa división de poderes, los contrapesos institucionales, el Estado de derecho, y particularmente el reconocimiento de los acuerdos fundamentales de los ciudadanos para darle viabilidad a un país que requiere de la más fuerte de las unidades.

Dos cosas aclaro: no presumo de haber sido buen estudiante, por una parte; y por la otra, quiero recordarles que esa transición democrática la devoró el remolino morenista, que más allá de todas estas disquisiciones teóricas, hizo de la Constitución mexicana un texto tan dúctil como el chicle mexicano, convirtiendo la Carta Magna en algo irreconocible, porque se le puede modificar por unos cuantos mal llamados “parlamentarios” que bostezando a media noche levantan el dedo para cumplir los caprichos del Ejecutivo, del ignorante lopezobradorismo.

Nuestros congresos ahora parecen máquinas autómatas para procesar leyes; también cuadriláteros donde el boxeo se hace presente de manera recurrente. Es la era de la lucha libre de Noroña contra Lily Téllez, es el sitio convertido por Alito Moreno en una batalla campal, que en inglés se conoce como round robin. 

Esto es, ni más ni menos, que una muestra de la erosión institucional que nos ha traído  la Cuatroté, que se supone está en su “segundo piso”, bajo el ineficaz y vitriólico liderazgo de la señora Claudia Sheinbaum. 

Ahora está en proceso una modificación de la Constitución de la república (de alguna manera debemos llamarla) para establecer la muy abstracta y gelatinosa causal de nulidad electoral basada en la injerencia extranjera. Es de explorado derecho –permítanme este giro de litigante– que las nulidades deban ser tangibles, casi casi que se puedan cortar con una navaja. Por ejemplo, la falta de voluntad de una de las partes en un contrato; o imagine usted un matrimonio en el que uno de los cónyuges no es el novio real, sino otra persona que lo suplante, siendo un contrato personalísimo. 

Pues ahora nuestra Constitución ya mero establece que si hay una injerencia extranjera en determinada elección se puede anular. Pongo un ejemplo: pretender elegir la nulidad de la elección de Sheinbaum, con todos sus millones de votos, porque alguien desde Nicaragua, y supuestamente por instrucciones de Daniel Ortega, incida con propaganda para sesgar la voluntad del cuerpo electoral. 

Recordemos que hay hechos que podrían concitar materia para este tema, obviamente sin raíz profunda. Hubo voces, incluso dentro del morenismo, que subrayaron lo absurdo de esta propuesta. Pero sus argumentos no se atendieron. Y como la Constitución es de chicle, en breve esta causal de nulidad estará vigente y le permitirá al poder de López Obrador y Claudia Sheinbaum solicitar la nulidad en 2027 si los resultados no les son favorables, aduciendo al respecto el injerencismo que no se le cae de la boca a la presidenta.

Hay un problema real y no se resuelve con la reforma a modo que está en curso en las legislaturas estatales. Se trata del fenómeno internacional del tutelaje imperial, y en efecto, de un intervencionismo abierto y descarado del cual es ejemplo actual Venezuela. Pero eso es distinto, en el fondo, de la pretensión morenista de crearse una causal de nulidad a modo para conservarse en el poder, ganen o no las elecciones.

Y por si acaso las cosas se les complican, ahí está el regalazo a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia para que por la bondad presidencial puedan estar en su cargo, reeligiéndose, hasta por 18 años. 

¡Qué lástima, maestro Mazpúlez!, ¡qué lastima James Bryce! El viscoelástico chicle los aniquiló.