Esta pregunta anda en boca de todos los periodistas y de los ciudadanos atentos a este proceso. 

Como se sabe, hoy, para torcer la ley, los candidatos se llaman de otra manera, aparentando que no buscan emprender una tarea electoral. Además se hizo hincapié en que los otros partidos, como el PRI y el PAN, han caído en el mismo vicio, desde luego que con diversos nombres, lo que es grave porque se abona desde todas las plataformas políticas la transgresión de la legalidad que se relega a una simple literatura balín, ante la mirada cómplice y la incuria de las autoridades electorales.

La señora Montiel, con el rictus facial de una destacada integrante de la nomenclatura soviética, escuchaba pacientemente la pregunta, hacía que reflexionaba la respuesta, pero la ignoraba totalmente, contestando con evasivas y otros temas que le permitían ir sorteando tal entrevista. 

Me recordó aquel viejo método de enseñanza del inglés, llamado Ollendorff, por el nombre de su autor, el doctor alemán Heinrich Ollendorff. Con esta pedagogía los aprendices del idioma podían sostener largas e incoherentes conversaciones, porque de lo que se trataba era de priorizar la corrección gramatical, pasando por alto el contenido de las preguntas y, sobre todo, de las respuestas.

Va un ejemplo: ¿Usted votará en las elecciones de 2027? Y la respuesta inesperada: mi mamá cocina muy bien el menudo. Y así hasta el infinito.

En el caso que me ocupa, la periodista Maerker persistía en sus preguntas, pero sólo recibía respuestas de Montiel al estilo Ollendorff. Y como suele suceder con los malos sofistas y con los mentirosos, estos se desbarrancan por mera equivocación, aunque crean que están sosteniendo lo que corresponda a sus intereses.

A la afirmación de que a los “coordinadores” se les trata ya como a los futuros candidatos y todo transcurre al más puro estilo de los destapes priistas para evadir el filo de las preguntas, la Montiel dijo, por ejemplo, que no todos los “coordinadores” necesariamente se iban a convertir en candidatos. 

Como se sabe, eso riñe con la realidad que le reclamaba la periodista a la dirigente partidaria, pero esta, falaz en sus palabras y comportamiento, no encontró en ningún momento respuesta coherente alguna ni creíble, sobre todo cuando de muchas formas se le habló del carácter dúctil (yo digo oportunista) de MORENA que, cuando le conviene es un movimiento, y cuando mejor le acomoda, es partido político, y cuando juega con la voluntad de la gente, es aliado del Verde o del PT.

Lo único rescatable de las respuestas de Ariadna Montiel es cuando afirmó que ser “coordinador” no quiere decir que en automático se es candidato, lo cual es absolutamente engañoso, y eso, a la postre, le va a generar problemas al oficialismo, como el que está surgiendo en el estado de Guerrero, donde se designó a Beatriz Mojica, cuya decisión tuvo como respuesta la del cacique Félix Salgado Macedonio, el padre de la actual gobernadora, quien resiste porque no lo hicieron candidato y ha declarado que a esta “coordinadora” la nombraron para eso, no como candidata, y que por tanto él seguirá su gira para que lo aclame el pueblo de ese estado.

Los dislates de la Montiel han provocado estas consecuencias absurdas.

Imagine usted que una mañana de estas (no será en estos días porque la presidenta Sheinbaum estará en Ciudad Juárez) se nombra a Andrea Chávez como “coordinadora” y Cruz Pérez Cuéllar diga, siguiendo el método Ollendorff, o el sistema Macedonio, fingiendo ingenuidad, que a su contrincante le dieron ese cargo, mas no el de candidata del partido para el 2027.

Para mí, políticamente Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar representan la tragedia política de Chihuahua, el derrumbe de la vida democrática local. Pero de que pueden ser tan mañosos como la dirigente Montiel, no me queda duda.

Apostar a una obra pública que se tardará prácticamente todo el periodo gubernamental, y tratándose de la seguridad de los chihuahuenses, se antoja un despropósito. Hacerla en Ciudad Juárez sería exactamente lo mismo que hacerla en cualquier otro lugar, si reducimos su eficacia a la tecnología de punta que ahí se va a tener, a un alto costo presupuestal de mantenimiento permanente.

Como toda obra pública, debe ser examinada a la luz de la auditoría de gestión que se dispone en las leyes vigentes en el estado. Con el paso de los meses y años, un instrumento de esta naturaleza bien aplicado dará las explicaciones y justificaciones de la obra, o en sentido contrario, el fracaso de la misma, que se ha tildado ya de “elefante blanco”.

Lamentablemente ese sistema de auditoría no se aplica por el sesgo político y el tufo partidista que la propia institución encargada de realizarla tiene. Hay un principio que se reconoce universalmente y consiste en que el auditor y el auditado deben ser diferentes: no han de ser parte de la misma organización política por su adhesión y simpatía. Y si a esto agregamos que es el Congreso del Estado el que tiene la última palabra, todo está dicho. 

Esa auditoría no llegará nunca porque puede decantarse por una de estas dos vertientes: que continúe el PAN en el poder estatal y se respalde la obra sin más ni más; o que lleguen otros y le den un tinte político carente de objetividad y simplemente de denostación.

Por ejemplo, no creo que un gobierno encabezado por Marco Bonilla y una legislatura de mayoría panista cuestione si la Torre Centinela se necesitaba o no en las condiciones que ahora la vemos, medianamente operativa. 

Y qué podríamos esperar si MORENA asume el poder en Chihuahua, cuando uno de sus precandidatos ha tildado la torre como “una mugre”, como lo hizo Cruz Pérez Cuéllar, más por odio y politiquería que con argumentos sólidos.

Mueve a sospecha en el sentido que han expresado algunos analistas y organizaciones civiles, que MORENA como partido político esté en contra de esta edificación porque observa que a ellos les molesta cualquier empresa pública, social o civil, que cuestione las vinculaciones del poder federal con el crimen organizado desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

Soy de la idea de que se realizó un gasto excesivo y que pudo colmarse el propósito con una inversión mucho menor y sin necesidad de la ostentación de un edificio que tendrá un altísimo costo operativo, aparte de que será blanco concentrado de posibles ataques en pleno centro de esa ciudad fronteriza.

Por otra parte, se ha dicho que ese edificio albergará a agentes extranjeros de los Estados Unidos, en tiempos en los que eso se cuestiona fuertemente por el gobierno federal y que puede continuar siendo una fricción bilateral que no le viene bien al país. 

Pero tecnificarse, como hoy se difunde por parte del gobierno estatal, pensando que el crimen organizado no hace lo mismo y con costos sumamente menores, es una ingenuidad que está a la vista. En la circunstancia hay dos hechos que hablan de esto: en primer lugar, la noticia de que los Estados Unidos ha utilizado tecnología para abatir los drones en la frontera, a lo que siguió que el Ejército mexicano también dijera que hará lo propio.

Quiere decir que la guerra contra el crimen organizado cuenta de uno y otro lado con similares recursos técnicos y una torre como la recientemente inaugurada tiene muy poco efecto disuasorio, y este gobierno ni siquiera va a tener la oportunidad en tiempo de ponerla en operación al cien por ciento, sino que fue un garlito sexenal de que algo se hacía en seguridad pública, cuando el plazo gubernamental se agota en el día a día.

No conozco las opiniones de los urbanistas y arquitectos de Ciudad Juárez sobre cómo altera el entorno urbano una torre como la inaugurada, pero sería pertinente que se manifestaran para tener un mejor juicio.

Preocupan empero, las declaraciones del vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Jorge Armendáriz, quien el pasado 20 de abril afirmó que en los pisos 13, 14 y 15 de la torre ya trabajan analistas de inteligencia, tácticos y operadores de la C7, así como de la Plataforma Centinela, un programa que Campos Galván firmó en abril de 2022 con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que consiste en “una plataforma inteligente y tecnológica, basada en una inversión de casi 200 millones de dólares”.

Según ese acuerdo entre Campos y el gobernador texano, se trata de un plan para “rastrear camiones comerciales que pretendan cruzar a Estados Unidos e incluye la compra e instalación de mil 791 cámaras en esta ciudad para reconocimiento de placas vehiculares; 79 drones; 3 mil 66 cámaras con sistema de paneo, inclinación y zoom; 102 arcos de seguridad y 807 estaciones de trabajo”.

Y es que la preocupación es real y justificada porque a Maru Campos se le ve como una agente al servicio del vecino país.

Garduño ocupó el alto cargo federal sin tener la preparación profesional y el adiestramiento indispensable para atender una dependencia altamente sensible en tiempos en los que la migración figura en los primeros lugares de las agendas gubernamentales del mundo. 

Lo suyo son las relaciones políticas. Militó para obtener cargos al amparo del extinto PRD, y MORENA, una vez instalado en el poder con López Obrador, le redituó en el nombramiento del alto cargo en ese instituto. 

Dentista de profesión y al ser un improvisado en la materia, lógico es que se llegaran a producir eventos como el ocurrido en Juárez, y conviene, para la mejor comprensión de este caso, que traigamos a la memoria lo que sucedió, excelentemente documentado por La Verdad Juárez, que no ha quitado su atención sobre este suceso:

El 27 de marzo de 2023, presuntamente un grupo de personas migrantes prendió fuego a las colchonetas en la celda de los hombres de la estancia migratoria, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.

Cuando las llamas se estaban propagando, los que estaban privados de su libertad de tránsito pidieron a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda. Esta acción provocó la muerte por asfixia de 40 hombres extranjeros y lesiones graves a otros 27 varones, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

Una investigación colaborativa de La Verdad Juárez, El Paso Matters y Lighthouse Reports documentó que la estancia se encontraba con sobrecupo, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, omisiones graves, así como irregularidades y abusos que contribuyeron a la letalidad del incendio.

Se podrían agregar más hechos, pero con los narrados hasta aquí bastaría para que se hubiera realizado una investigación de fondo por parte de las autoridades y se sancionara a los responsables. Pero en un México de impunidad, esto no tiene vigencia. 

Lo mismo podríamos decir, en otro orden lo que sucedió, por ejemplo, en el tristemente famoso Colegio Rébsamen, el 19 de septiembre de 2017, donde perdieron la vida 19 niños y 7 adultos, o el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido la noche del 3 de mayo de 2021 entre las estaciones Olivos y Tezonco, con saldo de 26 fallecidos y más de 100 lesionados.

Son tragedias o desastres que por estar en medio de ellas, el poder personal de un alto funcionario se traduce en la impunidad, porque la justicia es lenta o jamás llega, y

los llamados a preservar la seguridad para que esto no ocurra, tranquilamente continúen en sus cargos o se eleven aún más. 

Sería el caso de Francisco Garduño, quien ahora es Director General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y qué decir de Marcelo Ebrard o de Claudia Sheinbaum; el primero es ahora el secretario de Economía, y la segunda, ni más ni menos que presidenta de la república.

El caso de Garduño es más que aleccionador. Ha obstruido la operación mínima de la justicia, aparte de buscar quedar exonerado de los cargos que sólo a él se le pueden imputar y que de antemano están acreditados, porque 40 muertos no son pocos para la construcción de la evidencia.

Actualmente el oficialismo proclama ser diferente a los del pasado priista o panista. Pero este ejemplo por sí mismo evidencia que a Garduño, lejos de sancionarlo, se le asigna un nuevo cargo, muy bien remunerado, y en el que se supone adiestrará para el trabajo, para lo cual ya está descalificado por los hechos del 2023.

No se cansan de decir que “todo con la ley, y nada fuera de ella”, que no hay privilegios y que se fincan responsabilidades a quienes violentan la función pública, cuando lo contrario es la verdad: se les premia munificentemente y se les protege para que sigan empleados en altos cargos en la administración pública.

En estos tiempos a Ciudad Juárez debe llegar el mensaje de este atropello de quien ha despreciado encarar la justicia y se ha distinguido por evadirla. 

El padre Enríquez, como le llaman sus conocidos y colaboradores, es el típico sacerdote nacido a principios de la década de 1940 influenciado en su juventud por los jesuitas y la teología de la liberación. No podía ser de otra manera: vivir en la reflexión permanente del ejemplo de pobreza del nazareno bíblico que mantenía su cercanía con los marginados y manifestaba su confrontación con los poderosos, lo llevaron a sostener esa opción pastoral desde que se recibió como sacerdote en 1966 en su natal Madera, Chihuahua, en plena efervescencia social, dentro y fuera de la Iglesia.

Ese año, en Michoacán y Durango ocurrían algunos de los primeros movimientos estudiantiles y las primeras represiones que desembocaron en Tlatelolco de 1968. También eran los días del Concilio Vaticano II, que apostaba por una iglesia de corte social y que, entre otras grandes reformas, planteaba afrontar los retos de la modernidad en lugar de lanzar condenas dogmáticas desde el púlpito.

Por esa época se creó la Diócesis de Ciudad Juárez y el obispo Manuel Talamás Camandari, que pertenecía a ella, empapado de las tesis de la teología de la liberación, resultó una influencia para Enríquez Pérez, quien fue enviado a esa frontera en 1973, luego de haber sido maestro en el Seminario de Chihuahua, donde estudió, y estar asignado por cuatro años en varios templos de Nuevo Casas Grandes.

Una biografía somera del padre Óscar Enríquez nos revela que durante sus primeros años en Juárez, luego de transitar por varias parroquias y motivado por sus convicciones, se dedicó a organizar la participación activa de la feligresía y a reflexionar sobre la realidad social de la frontera a través de las llamadas Comunidades Eclesiales de Base.

Después de veinticinco años “los cambios en la orientación del obispado privilegiaban entonces el trabajo pastoral tradicional por encima de la organización de estas comunidades”, y eso motivó a Enríquez Pérez a enfocarse en la defensa de los derechos humanos. Así nació, hace 25 años, el CDHPN, se afirma en un boletín divulgado por el mismo Centro este 2026.

Luego de una larga trayectoria comprometida con las preocupaciones sociales y en la acción directa para afrontarlas y acompañar a las víctimas en el caso de los migrantes, de las muertas de Juárez, de las y los desaparecidos y de las madres buscadoras, el sacerdote Óscar Enríquez Pérez, ha mostrado debilidades en su salud. Aun así, estará presente en el homenaje que se le prepara para el próximo sábado 5 de septiembre en aquella ciudad fronteriza.

En una entrevista publicada por el Centro a propósito de su aniversario, Óscar Enríquez Pérez resume su pensamiento: “Creo que el llamado del Evangelio para todos los cristianos no consiste en ritos, sino en tener esa mentalidad profunda de servir a los demás y de tratar de que se desarrollen en la vida como personas, independientemente de su religión, de su fe; simplemente ayudar al prójimo, y con más razón a las víctimas”.

Va nuestro reconocimiento a una vida fecunda.

En otra dimensión juega con independencia de esas organizaciones el nuevo partido Somos México; y MC, que ya ocupa espacios de poder local importantes, como Nuevo León y Jalisco, va solo y por más en Michoacán y probablemente en Sonora con Luis Donaldo Colosio Riojas, que alienta ya en su favor un proyecto presidencial para 2030.

MORENA y PAN reportan a este momento grados de dificultad mayores. Por una parte porque el primero, al ser poder, no oculta su pretensión de imponerse a toda costa y le resisten, con afán de mercadeo, dos partidos parasitarios como el que lucra del viejo maoísmo (PT) y el que ha sacado provecho de la lucha ambientalista sin pagarle nada a la ecología (PV). 

MORENA tiene contratiempos en Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Baja California, y lo que pueda acumularse en las próximas semanas o meses. No las tiene todas consigo y esa debilidad se ha mostrado con la resistencia a avalar, sin más ni más, la defensa de Andy López Beltrán.

Pero más que eso, en el caso del PT, siempre han jugado a venderse caro, no por lo que suman, sino por lo que dejan de estorbar la expansión de la hegemonía morenista. El PT en Chihuahua, por ejemplo, se ha vendido al PAN y al PRI sin pudor alguno, y ahora lucra de la marca MORENA. Sin embargo una sola cosa es cierta: en esta entidad votos propios no tiene.

El caso del PAN es significativo. El más viejo de los partidos, porque lo es, nació para combatir y encarar al PRI, y lo hizo como una especie de brega de eternidad, simbolizando una resistencia más que simbólica y con explosiones regionales, como las que hubo en Chihuahua en 1956, en 1983 y 1986, hasta que alcanzó su meta de detentar la gubernatura del estado en manos del extinto Francisco Barrio Terrazas. 

A la postre, el PAN conquistó la Presidencia de la república en 2000. Lo natural hubiera sido un giro hacia la izquierda como el que se apuntaba con la reforma política de 1976 y la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. 

Empero, por el viraje mundial que marcó el establecimiento del modelo neoliberal, en México PRI y PAN, en los hechos, fueron fundiendo sus identidades, olvidándose de las viejas confrontaciones. Salvo en agendas muy específicas, se empezó a dar una fusión entre ambos partidos que se dejaba sentir en programas de gobierno, en perfiles de candidaturas, en eslabonamientos inequívocos con el gran capital que derivaron en el Pacto con México en la etapa peñanietista y que arrastró al PRD hacia el abismo donde cayó estrepitosamente y quizás para no volverse a levantar.

Pero la historia no termina ahí. En diversas regiones del país el viejo panismo opositor, que busca su independencia política y ciudadana, resiste y no desea entregar sin más sus plazas fuertes al PRI vestidas de candidaturas panistas de última hora. No pocos panistas se preguntan de qué sirvió resistir durante décadas frente a un partido como el PRI, en mucho parecido a MORENA, para ahora quedar en manos del viejo adversario. 

Hay la sensación de que muy poco valió el esfuerzo de varias generaciones en favor de un genuino proyecto democrático. Es el caso de Chihuahua, precedido por otros, como el chiapaneco, donde el PAN empezó una cohabitación con el PRI para ejercer el poder regionalmente. 

A esto he denominado “maruquismo”, una especie de fusión fáctica de ambos partidos, con cargos compartidos de alto nivel y, sobre todo, brindando oxígeno suplementario a un PRI tan abominable como el que representa “Alito” Moreno en la dirección nacional, que dominante se extiende hacia esta parte del norte.

Aquí el escándalo político se llama “César Jáuregui Moreno”, o si quiere, “Santiago De la Peña Grajeda”. Ambos quieren ser alcalde de la ciudad de Chihuahua, capital del estado, donde se cocinan a últimas fechas buena parte de los gobernadores de la entidad. De ahí la disputa por el poder entre ambos políticos. El primero con una larga historia en el PAN, donde ha ocupado cargos en la esfera local de mucha relevancia; el segundo, de origen priista, recientemente teñido de azul y goza del apoyo de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

Todos los dados están cargados para que De la Peña Grajeda se quede con la candidatura, con la resistencia de Jáuregui Moreno, al que se le puede catalogar ya como un “rebelde” a los designios de quienes alientan una visión de lo que comúnmente se conoce como el “PRIAN”. 

Pero hay algo muy importante que no debe perderse de vista: Jáuregui Moreno aduce en su favor su larga militancia y levanta simpatías entre la base panista local por apelar a mecanismos democráticos para la designación de candidaturas; sin embargo oculta que es carne viva de ese prianismo, como lo demuestra su complicidad con César Duarte durante la tiranía de este en el sexenio 2010-2016, que se dio de la mano con la actual gobernadora.

Es un político, frágil, que se perdió en el camino y optó por la corrupción. Se derrumbó en un barranco de la sierra de Chihuahua. Ahora mueve las cenizas del viejo panismo porque sabe que ahí hubo fuego. No se da cuenta que miles de ojos lo estuvieron viendo, palpando su evolución y que ya no es apuesta para el sector oligárquico de Chihuahua, y eso en el PAN cuenta, y cuenta mucho.

Si el PAN de Chihuahua quiere jugar a la contención de MORENA en el norte del país, tiene aquí una fisura que se puede ir agrandando con el paso de los próximos meses. A ello contribuye que carece de liderazgos firmes y arraigados, difícil de solventar en la figura de Maru Campos, que a estas alturas, designado candidato Marco Bonilla, empieza ineluctablemente la cuenta regresiva de su gris mandato.

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Nota: La imagen que acompaña este artículo fue creado con IA.

Es el laberinto en el que se pierde la justicia mexicana cuando se trata de procesar penalmente a un funcionario de alto nivel por corrupción política. Son causas que al final pueden quedar sepultadas por el peso de la ley de la gravedad que significan pilas y pilas de documentos, buena parte de ellos que ni siquiera tienen pertinencia o conexión con el debate judicial. 

No es que el problema sea muy complejo desde el punto de vista técnico y jurídico, ni que se haya litigado alcanzando rangos de sapiencia kelseniana. No. Se trata de que las castas de políticos que han gobernado a este país son intocables, y cuando se ven envueltos en la contienda en los juzgados recurren a argumentos nulos, pero que hacen bulto con documentos que nada tienen que ver con la sencillez con la que se puede demostrar que un funcionario dispuso, por todos los medios que la ley castiga, de fondos públicos que pertenecen a la sociedad por las contribuciones que pagan los causantes.

Que César Duarte ha sufrido más de lo que pensó, tampoco me queda duda. Pero reconfortaría más que hubiera una sentencia firme que marcara un hito en la lucha contra la proverbial corrupción que ha padecido el país a través de los años, particularmente el estado de Chihuahua en este caso, al que se ordeñó financieramente con desmesura y cinismo bajo la protección de una tiranía que en su momento se consideró imbatible.

Ahora, de nuevo, es noticia César Duarte, porque su causa penal la atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud de sus abogados defensores. El debate judicial que habrá en la Corte (cuando digo “debate” otorgo un elogio involuntario) versará sobre el tan traído y llevado “principio de especialidad”, que estipula el tratado de extradición que México tiene con los Estados Unidos y que, en palabras sencillas, significa que sólo por el delito que fue extraditado se le puede juzgar en tribunales mexicanos, a menos de que el juez norteamericano que dictó la extradición autorice una ampliación.

Si ese fuera el colofón del asunto, tendríamos que el tirano estaría más que favorecido, porque la cuantía del ilícito es irrisoria si la comparamos con el daño patrimonial que le causó a Chihuahua. Es decir, se trataría de un parto de los montes: mucho ruido telúrico, pero sólo un ratoncito saliendo de las entrañas de la tierra, dado que el asunto se limitaría a poco menos de 100 millones de pesos, que en lo económico son nada para él.

Sin embargo, en la valoración del daño causado tiene envenenada a la política, porque los actores involucrados o son los que actualmente detentan el poder en Chihuahua, cómplices y producto de la corrupción duartista, o son traidores, como el senador Javier Corral, compadre de Cruz Pérez Cuéllar, quien aspira (parece que con los dados cargados en su favor) para buscar la candidatura de MORENA al gobierno local.

Sería una tragedia y gran desaliento ciudadano que el escándalo Duarte naufragara en las olas electorales de Chihuahua. Habrá que esperar y ver el alcance de todo este proceso.

Pero no está de más recordar algunos aspectos para normar un criterio de valoración de lo que sucede en este sonado caso. En primerísimo lugar, el desdén gubernamental por la iniciativa ciudadana de lucha anticorrupción, que con mérito propio y bien ganado inició y mantiene hasta ahora. La denuncia original de septiembre de 2014 se interpuso ante la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a contracorriente, porque en ese momento gobernaba el país Enrique Peña Nieto y el gobierno del estado lo detentaba el propio acusado.

De ahí no esperábamos nada. Pero llegaron los tiempos de Corral y él abandonó el esfuerzo cívico con el más puro propósito de llevar agua a su molino, traicionando y desdeñando la batalla ciudadana. Igual sucedió con el gobierno de López Obrador, que incluso en algún momento llegó a litigar en favor de César Duarte. 

Quienes conforman la clase política se autoconciben como miembros de un club privado en el que sólo ellos pueden dirimir las pugnas que se generan por hechos de corrupción, pues esta es tan importante que no puede quedar en manos de los ciudadanos. Vaya un ejemplo: el fiscal encargado de la Operación Justicia Para Chihuahua que inició Corral como gobernador, Francisco González Arredondo, me negó el acceso al expediente, pasando por alto que fui el denunciante que abrió la investigación y que a la postre contribuyó a derrocar a Duarte.

Igual actitud asumió el entonces Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, (hoy candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua) a quien por escrito y verbalmente, en varias ocasiones, le pedimos el expediente en su poder, pero con malas artes, mentiras y evasivas eludió la elemental apertura de la investigación, debido a los intereses que construyó durante mucho tiempo con el acusado.

Lo que en otros países del mundo, incluso más atrasados que México, concluye con sentencias firmes y en plazos cortos, aquí se convierte en volúmenes de papel que, comparativamente, harían palidecer a cualquiera de las grandes pirámides de Egipto. 

Por eso digo que si Kafka se hubiera enterado de esto, hubiera reescrito El proceso o El castillo, por no hablar de la metamorfosis que padecen algunos que se quieren perpetuar en el poder aquí en Chihuahua.

En esta semana que concluye la gobernadora María Eugenia Campos Galván culpa y responsabiliza a la alcaldesa morenista de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, de impedir que el estado trabaje e intervenga en materia de seguridad en esa región, proverbialmente estigmatizada por la presencia de grupos delictivos ligados al narcotráfico.

Incluso llega a decir Campos Galván que ya no es Ciudad Juárez el foco rojo de la inseguridad, sino que se ha desplazado tan al sur que anda en los límites de Durango. 

En la coyuntura, la declaración de la gobernadora juega políticamente a responsabilizar a un gobierno morenista –y por extensión a la federación– de los males que aquejan a la seguridad del estado. Y vaya que no se trata de poca cosa, porque hay trece homicidios dolosos cometidos en ese municipios durante el mes que está concluyendo, que corona la cifra del año con 62 crímenes de esta naturaleza, lo que hace que esa apartada región esté en los índice delincuenciales más negros y altos del país. Por otra parte, los desplazamientos humanos han cobrado dramatismo y gravedad, y esto no es cosa menor.

Para entender esto podemos conjeturar que estamos en presencia de alguna de las siguientes variables: en primer lugar, que se trata del juego de ping-pong en el que la gobernadora hace un tiro de saque para golpear al gobierno federal y sus aparatos, desde luego a MORENA, y continuar en la línea de que ella, la gobernadora, es un adalid contra el crimen, casi la Mujer Maravilla, lo que está lejos de ser cierto, menos con su secretario de Seguridad en campaña, Gilberto Loya, que pretende sustituirla en el cargo a sabiendas de que esa meta ni hoy ni nunca la logrará. Esa postura de Maru Campos que estaría marcada por un desplante electorero pro panista

Esa es una posibilidad. Hay otra: que simplemente sea una narrativa de fin de administración para conseguir una imagen que permita ir sorteando el día a día hasta que concluya el sexenio, que minuto a minuto se agota. Esto sería una irresponsabilidad grande pero muy usual en este tipo de políticos tradicionales, buenos para darle la vuelta a la nota periodística cotidiana.

La más grave es la que paso a narrar: la Constitución general de la república y la local del estado de Chihuahua, le establecen a la gobernadora un régimen de facultades expresas y limitadas que la obligan a no ser omisa en la atención de los problemas de la entidad, y más cuando tienen que ver con la seguridad de las personas, sus bienes, sus derechos, y en general propiedades y posesiones. O sea, la gobernadora estaría violando la Constitución al dejarse limitar por una autoridad municipal.

Cuando una gobernadora, como en este caso, dice que una alcaldesa le está obstruyendo el ejercicio de sus facultades en temas sensibles o no, quiere decir que está abdicando del cumplimiento de sus obligaciones. Dónde se ha visto que una simple alcaldía (simple por jerarquía) tenga el poder de detener la acción legítima de un Ejecutivo local y que no pase nada. 

Y suponiendo que la presidenta municipal González Ábrego sea tan poderosa y cuente con suficientes factores reales de poder local para impedir la acción del estado, habría que reconocer que llegó el momento de solicitar ante el Congreso, al menos, un par de disposiciones: la desaparición de ese poder municipal por violentar el orden constitucional, en primer lugar; y en segundo, fincarle las responsabilidades penales porque estaría cometiendo delitos tan graves como truncar esa acción del estado, tan importante para la seguridad de todos, de los vecinos de aquella apartada zona, y en general de la entidad.

Entonces, cabría preguntarse: con declaraciones como las que hizo la gobernadora, ¿a qué se dedica? Porque sería evidente que no está cumpliendo con lo que le mandata la Constitución por el alto cargo que ocupa. 

Así que, señora gobernadora, no se haga la víctima, cumpla con sus responsabilidades y déjese de pretextos, ahora que se asume como la abanderada antinarco que, según se dice, la proyectará nacionalmente. Lo dudo.

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Nota: La image que ilustra este texto fue creado con IA.

Porque convenía a sus intereses, desde el 2019 El Diario propaló fechorías que adjudicó al entonces gobernador Javier Corral por la adquisición, con malas artes, de un bien inmueble contiguo a otro de su propiedad. 

Con la lentitud de una tortuga, siete años después El Diario publicó el domingo antepasado que falseó información y lo reconoce así: 

“En la publicación de fecha 19 de septiembre de 2019 señalamos que el exgobernador encabezó personalmente abuso, corrupción, robo, despojo y otras denominaciones de ilegalidad, sin contar a esa fecha con toda la información disponible por nuestros periodistas, puesto que el 24 de septiembre de 2019 mostró en una entrevista en el Canal 28 de la ciudad de Chihuahua el contrato de promesa de compraventa, razón por la cual, no podemos sostener dichas afirmaciones”.

El Diario cayó, pues, en el pragmatismo que alguna vez el científico Albert Einstein describió: “Si los hechos no encajan con la teoría, cambia los hechos”. Es decir, durante esos siete años El Diario mantuvo una narrativa que debió servir al usufructo de ciertos intereses; y luego cambió la versión, ciertamente obligado por un acuerdo de conciliación con Corral, avalado por una corte estadounidense, tras la demanda de difamación que el hoy senador interpuso en su momento en El Paso, Texas.

Quizá su demanda la promovió en una corte del vecino país porque la información se publicó en la edición del periódico en aquella ciudad fronteriza, lo cual no es argumento suficiente sobre un hecho ocurrido en tierra juarense. O el nuevo Corral morenista no confía en la justicia nacional, a pesar de ser el actual presidente de la Comisión de Justicia del Senado, o actuó como el ciudadano norteamericano que es. Quién lo sabe.

Aunque no podemos reducirnos a esto, la pugna obedece en buena medida a las personalidades y temperamentos que ambos han mostrado a lo largo de los años, lo que debiera tenernos sin cuidado, si no fuera porque trascienden a la vida pública y afectan a la sociedad, unos como comunicadores sesgados, otros como políticos arrogantes y sin principios.

Hoy, visceralmente, se han “conciliado”. Tal vez mañana, por enésima ocasión, vuelvan a batirse en duelo, si quieren, como ya lo han mostrado antes del suceso referido.

El problema en realidad es de interés público, porque ambos involucrados tienen deudas con la sociedad que no se pueden arreglar con una amigable composición. No puede quedar en un mero asunto de orden privado el hecho de que El Diario mintió (como lo ha hecho con otras personas), que lo reconoce y lo arregló sin que sepamos el contenido de tal arreglo. ¿Hubo dinero? Se involucran otros propósitos que están ocurriendo ahora en el reacomodo de las élites en el poder. Javier Corral tiene por su parte una causa penal abierta que los tribunales tendrán, tarde o temprano, que resolver, en su favor o en contra.

Tampoco hay que pasar por alto que quien fuera su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, se ha sustraído a la acción de la justicia por su intervención como funcionario público en una negación leonina con la banca, que de ninguna manera se entiende sin el acuerdo, incluso explícito, del que fuera gobernador quinquenal.

El Diario vive del erario, de los muchos millones con que el gobierno lo subsidia, porque ya es inviable como empresa, tanto en lo periodístico como en la industria que representa. Si no fuera por el oxígeno monetario del gobierno del estado, hace tiempo que habría cerrado sus puertas. Económicamente, pues, no es rentable; periodísticamente no es confiable; y políticamente, después de confesar que en siete años no fueron capaces de observar un asunto simplísimo y de la cotidianidad abogadil, es lógico pensar que se sostiene como mero mecanismo persuasor de que estamos bien. A esa actividad dedica todo su tiempo, causando grave perjuicio a la sociedad. Y ahora se quieren presentar ante nosotros como las buenas personas.

La falta de El Diario es tanto o más equiparable a lo que recientemente cometió El Universal con una falsa entrevista entre el escritor Carlos Monsiváis y Andrés Manuel López Obrador. Ese medio admitió el error y fue condenado, principalmente en los círculos morenistas. Ojalá el reclamo a Rodríguez Borunda sea igual de contundente y no termine con un simple “me equivoqué”, y borrón y cuenta nueva. Creo que eso jamás lo conciliarán con sus escasos lectores. 

Algo se cocina para otras traiciones que vendrán de parte del exgobernador Javier Corral, que ahora puede quedar bien en las páginas del periódico de Osvaldo Rodríguez, pero no puede transitar libremente por las calles de Chihuahua sin ser increpado, justa o injustamente.

Por lo demás, ya sabíamos que ambos son así.

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Nota: la imagen que ilustra este artículo fue creado con IA por mera intención narrativa.

Si en Chihuahua repugnan las campañas anticipadas de MORENA y el PAN, que ya van para dos años, y más el centralismo que ofende cuando todo viene de un pequeño círculo lejano a la entidad, más molesta que el nuevo partido, que se asume como verdadero demócrata, intempestivamente ya tenga candidato elegido unilateralmente. ¿Cómo?, ¿por qué? Ojalá algún día se devele el secreto.

Se presentó a LeBarón en una conferencia de prensa que no dio oportunidad a los nuevos adherentes de la etnia rarámuri, como el pianista Romeyno Gutiérrez, ni a los representantes de la comunidad menonita. Todos los reflectores y el ambiente festivo fueron para LeBarón.

Van a continuación algunas notas que espero sirvan para justipreciar a este personaje en esta empresa con la que se le ha favorecido y que es incoherente con los juicios que él ha emitido en sus críticas a los modus operandi de la clase política mexicana.

Julián LeBarón pertenece a la comunidad mormona que se estableció a finales del siglo XIX en los municipios del noroeste de Chihuahua, principalmente Casas Grandes y hoy Nuevo Casas Grandes. A Galeana llegaron después quienes se escindieron de aquellos que no quisieron continuar con la ortodoxia religiosa que permitía la poligamia. En ese sentido, Julián forma parte de un fundamentalismo religioso cristiano.

Saltó a la escena nacional cuando se sumó a la lucha No+ Sangre que emprendió el escritor y exsacerdote católico Javier Sicilia durante la “guerra” calderonista contra el narco. Seguramente una de las afinidades entre ambos personajes se puede encontrar precisamente en la religión, en el cristianismo que cada cual profesa a su manera. Nunca se han hecho públicas las verdaderas razones de la separación LeBarón-Sicilia.

Consecuentes con la ética protestante y reformadora que profesan los mormones y que tienen al trabajo en un lugar central en sus vidas, representan el capital que ha explotado personas y recursos naturales en esa zona durante años. Se mueven en el país como un clan que siempre opera en favor de sus propios intereses, mientras tienen la mirada siempre apuntando hacia Estados Unidos con el fin de autoprotegerse, incluso apelando a su intervención.

En medio de la tragedia que padecieron en Bavispe, Sonora, hace casi siete años, algunos huyeron en caravana hacia Estados Unidos, portando banderas estadounidenses y despotricando contra los gobiernos mexicanos y solicitando el apoyo norteamericano. El propio Julián ha enviado a su familia a Montana, tras las amenazas que ha recibido repetidamente de grupos criminales que nunca se han identificado plenamente.

Los LeBarón han sido acosados frecuentemente y han sido víctimas de la delincuencia, y eso ha exacerbado su sentido de autoprotección comunitaria: se han armado y se mantienen a la defensiva contra quien ingrese a sus tierras, como la ocasión en que El Barzón, en pleno corralismo, trató de penetrar sus cultivos acusándolos de sobreexplotar un área ciertamente afectada por la sequía mediante pozos supuestamente ilegales.

En esa línea se inscribe la pretensión de obtener una autonomía, con tufo separatista, cuando hace cinco años reclamaron mediante un juicio ser declarados como una comunidad equiparable a los pueblos indígenas u originarios. Pero el Tribunal Electoral del Estado rechazó en 2023 la no procedencia de dicha demanda. Su intención es, en el fondo, el autogobierno y aplicar los recursos directos proporcionalmente entre el número de habitantes en el municipio de Galeana.

Todo el discurso de Julián LeBarón, ungido como candidato de Somos México, encabezado por el experredista Acosta Naranjo, está articulada en la derecha política. Y en esa geografía, donde Somos México no se define claramente, sino más bien se ubica en el pragmatismo, LeBarón encaja solamente como opositor, pero con un perfil de hombre de derecha, adicto a la acción.

Esto significa que Somos México ha desplegado una tarea recolectora de líderes regionales para afrontar sus primeras elecciones en 2027, en una actitud tan utilitaria como la que usó López Obrador cuando preparaba su triunfo en 2018, con la pesquisa de partidos conservadores y evangélicos como el PES (revivido ahora como PAZ) y otros actores, miembros y dirigentes de partidos satélite.

Un protagonista de discurso “popular”, bronco, directo, sin rodeos, que recuerda el rancio foxismo, puede lograr, en su elección inaugural, las primeras curules, como para irse instalando en el debate nacional en tribuna y de ahí aspirar a más. La especie de “heroicidad” que le han adjudicado los medios nacionales, lo han convertido en un candidato atractivo, pero sobre todo por ser un férreo opositor a la Cuatroté. Y esos son los personajes de los que Somos México está echando mano. Un poco más de lo mismo.

La identidad ideológica, consciente o inconsciente de Julián LeBarón, empata con la que ejerce el panismo en el poder hoy en el estado de Chihuahua. Los valores de la familia (el cuidado y protección de su propia familia), de su comunidad, agotan casi todo el espectro de sus propósitos, esa es toda su defensa; y de ahí, sólo de rebote, construye una narrativa para hablar de inseguridad, de economía, a través de “tener acuerdos” y mejores relaciones con Estados Unidos.

¿Hasta qué grado un candidato como LeBarón es útil para contener la tendencia hegemónica de MORENA o la continuidad de los valores que defiende el panismo regresivo de Jorge Romero y de Maru Campos en el estado?

Tengo para mí que Somos México inició tropezándose en Chihuahua.

No se trata de exigir disculpas a España o de pelearse con Ecuador, es una relación de la mayor importancia en todos los aspectos imaginables. No hay lugar ni a la improvisación ni a moverse a partir de prejuicios, y mucho menos como correa de transmisión de lo que se dicte desde Palenque.

Además, la presidenta está en una encrucijada que puede desbarrancar al país porque el presidente Trump es un hombre déspota, arrogante, impredecible, que semeja a un emperador pretoriano de la peor época de Roma. El planetarca cree que puede enviarnos un cónsul a Palacio Nacional. Nunca ha estado más equivocado.

Pero esas observaciones no son obstáculo para recapitular algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Empecemos por la tan traída y llevada asimetría entre México y los Estados Unidos, y la observación puntual de que el primero está para obedecer y el  segundo para ordenar.

En las relaciones bilaterales no hay el mínimo de reciprocidad que implica una decente relación entre estados. Norteamérica no hace las tareas que le corresponden en la misma magnitud que le exige a México. La corrupción en los Estados Unidos, el crimen organizado que se mantiene ahí, los niveles del consumo de drogas, el tráfico de armas y el negarse a extradiciones solicitadas por México, son hechos que hablan por sí solos cuando vemos que mide con otras varas lo que le exige a nuestro país puntualmente, adosadas además a caprichos y futilidades.

Si tuviéramos que empezar por alguna parte, habría que decir que Donald Trump es la cabeza de la corrupción concentrada en Estados Unidos, porque amalgama poder político y negocios privados como no se había visto desde 1929, año en que estalló la Gran Depresión con la caída de la Bolsa de Nueva York que barrió a todo el mundo. 

En ese escenario, por decirlo tenuemente, la presidenta Sheinbaum se ve actuando al margen de la ley, porque entrega a delincuentes mexicanos en incongruencia con el Tratado de Extradición, violándolo. Pero también está a un paso de aparecer como defensora de una delincuencia empedernida que opera en el país y de la cual hoy es símbolo el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. 

No intenta, por temor a un sismo en el aparato morenista, a deshacerse de toda una corte de narcopolíticos. Aunado a eso, cuando pide pruebas con motivos de la extradición, se muestra ignorante del derecho y por lo visto carece de asesores que guíen sus pasos en delicadas declaraciones, que al caer en desatino complica más las cosas. 

Por ejemplo, hacer del debate las mentiras del exembajador norteamericano Ken Salazar es reducir la política exterior a un pleito de barandilla, que además jamás se va a dirimir. Pero lo que no tiene nombre, por absurdo, es que el gobierno haya reservado la información del expediente Rocha Moya por cinco años, lo que nos condenaría, exclusivamente, a nutrirnos de información por lo que se dice en las grotescas mañaneras que encabeza la presienta. O sea, limitarnos al chisme matutino.

Lo que debiera existir es una agresiva política exterior planteando un nuevo modelo –especializado si se quiere– en combate al crimen organizado, que es internacional; o exigir reglas claras para la extradición de delitos cometidos por funcionarios públicos; o el planteamiento de tratados internacionales para regular el trasiego de armas y el lavado de dinero. Pero estamos perdidos frente a las desafiantes exigencias de Trump y las migajas que se desprenden de los discursos presidenciales.

Esto último hace pensar fundadamente que desde la Presidencia mexicana se defiende al crimen organizado ligado a los narcóticos, pero sobre todo a otras actividades como el llamado “huachicol” de hidrocarburos que dañan las finanzas públicas por las cifras que no pasan por el fisco y cuyas ganancias se reparten allá y aquí.

Además, el proceso de militarización de prácticamente todas las actividades ha mostrado lo sucio que pueden ser los altos mandos, y que cuando esto no se para a tiempo, estamos a merced de que cualquier general se venda al imperio para agredir al país. 

Son aspectos que se han subrayado en el pasado pero que hoy se han desoído porque se creyó en el mentiroso Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que iba a regresar a los militares a los cuarteles.

A los críticos de la política exterior mexicana a los que me he referido, se les trata como antipatriotas y favorables a una soberanía abollada. Pero tengo para mí que son los que están en el poder los que están produciendo ambos efectos. 

Son los saldos de un desastre en política exterior, producto de la ignorancia y, lo más preocupante, del conocimiento de todo para patrocinar impunidades.