Hoy en el país, a ciencia y paciencia de los órganos rectores del proceso electoral, existe una despiadada pugna por el poder político que se expresa en campañas anticipadas que saturan el espacio público, presentando a aspirantes, hombres y mujeres, de prácticamente todos los partidos. 

Quienes practican el fraude a la ley, entre más sofisticada sea su ambición, aparenta cumplir en todos sus extremos el derecho vigente, precisamente para violarlo. 

En la experiencia mexicana actual esto está llegando al colmo de que ya se hace de manera discrecional y tolerada, y en ocasiones hasta de manera burda. El problema es que mientras el derecho no esté en el centro de la política para cumplirlo, se puede afirmar que el que se acostumbra a violarlo hoy, lo violará mañana, o en cualquier oportunidad y a conveniencia. 

En Chihuahua, como en el resto del país, tenemos campañas electorales anticipadas desde hace poco más de dos años, centralmente para la obtención de las candidaturas al gobierno del estado, ya que al dirimirse esta, las demás pueden salir como cuentas de un rosario roto.

Tanto el PAN como MORENA son practicantes de esta bochornosa e ilegal maniobra. Desprecian al derecho y pasan por alto a la autoridad electoral que, por otra parte, pierde esa característica por voluntad propia al no intervenir de ninguna manera, pues todo lo tolera.

Habrá matices, y unos serán más simuladores que otros, pero a efecto de catalogar el fraude a la ley, todos están falta, y muy poco les interesa. 

En todo esto el lenguaje juega un importante papel. Existen medios de comunicación que sólo sirven de parapeto para traficar con el espíritu que animaría a un sistema democrático en esta materia. 

El estado está cubierto por grandes y costosos anuncios espectaculares, al amparo de que reproducen supuestas entrevistas a los reales contendientes por el poder. Y esos medios ni siquiera acreditan tener una oficina, un domicilio legalmente establecido de unos cuantos metros cuadrados. Son la muestra de que el fraude está ahí y que el órgano electoral competente no hace absolutamente nada.

Y ya que hablamos de lenguaje, en el caso de MORENA el caso es ejemplar por la falsedad y la mentira que contiene. Aquí los candidatos reales no se denominan si quiera de esta manera. A ellos se les busca un nombre rimbombante precisamente para ocultar su verdadera naturales, y entonces se les denomina Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pero no se atreven a incluirlo como parte del llamado “segundo piso”, un terminajo que en realidad queda a cargo de los oradores de plazuela. 

El lenguaje establecido habla de “candidato” o de “precandidato” cuando se habla de un aspirante, sino de algo que permita violar flagrantemente la ley. Antes había “dedazo”, que hoy prevalece, pero con el que se supone en el que creen un elegante concepto de “coordinador”. Y bajita la voz, se corre entre todo el cuerpo ciudadano una ecuación muy sencilla: coordinador = a futuro candidato. Pero será candidato cuando se acceda a las pautas que la ley establece, quedando maltrecho el orden jurídico, que al parece también les estorba a estos codiciosos.

Así, hoy tanto el saltimbanqui Cruz Pérez Cuéllar como Andrea Chávez aspiran a ser “coordinadores”, es decir, candidatos de MORENA y sus partidos satélites a la gubernatura del estado de Chihuahua.

En otras palabras, se ponen un disfraz tan dúctil como un traje a la medida para aniquilar toda normatividad electoral.

Esto no es nuevo. Ya el clásico Alexis de Tocqueville lo examinó con suficiente lucidez cuando descubrió los contrastes que se dieron en Francia entre el antiguo régimen y la revolución de 1789. Ahí dijo que ya nada puede decirse con sencillez, porque de lo que se trata es de engañar, más cuando se tiene miedo de perder una elección, porque, a decir del francés, “en política, el miedo es una pasión que a menudo aumenta a expensas de todas las demás”. Y de ahí también el fraude a la ley.

Había estado en receso obligado luego de practicarse el hara-kiri al renunciar a su cargo y así lavarle la cara a la gobernadora Maru Campos por los hechos por demás conocidos, no nada más aquí sino en la república entera. Este caso de paso también provocó la caída de su subalterno, encargado de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Como animal político hay que reconocerle que porfía para salir adelante de la telaraña en la que él mismo se metió. A la vez, si eventualmente obtuviera la candidatura del PAN y triunfara en la elección, todos los que vivimos aquí en este municipio estaríamos con la zozobra que implica el tener una autoridad que estaría caminando en las arenas movedizas de un posible enjuiciamiento penal que desestabilizaría a la sociedad capitalina. 

Seguro estoy que a él eso no le importa. Su pragmatismo raya en el más burdo utilitarismo de equiparar poder y éxito, como si tal cosa tuviera sostén en la ética que se desprende, al menos, de la Constitución. Lejos está su comportamiento de apoyarse en el discurso de Gómez Morín, cada vez más desteñido héroe ideológico del panismo. A final de cuentas esto le importa poco menos que un comino.

Jáuregui Moreno es el prototípico hombre que exhibe cómo un partido con tradiciones democráticas y de honestidad se pudo convertir en el arma más poderosa para obtener puestos, privilegios, dinero ilícito. Bajo esta circunstancia, durante la época de César Duarte, amigo suyo, contribuyó como pocos a convertir al PAN en una pieza indispensable de la corrupción del priista.

En la misma cancha jugó la actual gobernadora de Chihuahua, lo que le valió empedrar, primero, el camino al poder municipal de la ciudad de Chihuahua, y después a la gubernatura del estado. La sumisión del Congreso local en esa etapa así lo acredita, y sobre todo dejar hacer y dejar pasar cuanto despropósito hubo en el diseño de los presupuestos públicos y en la aprobación de las cuentas públicas.

César Jáuregui, al igual que María Eugenia Campos, en el tiempo que ocuparon sus escaños en el Congreso local, disfrutaron de sendas dietas, de un generoso presupuesto asignado a la fracción parlamentaria del PAN, que manejaron con absoluta discrecionalidad, y convinieron con César Duarte un artero golpe al Poder Judicial a cambio de colocar a dos de sus amigos en un par de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, amén de otros puestos que se extendieron a un sinnúmero de recomendados que afectaron, por ejemplo, al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal de Elecciones y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Pero insaciables, siempre exigieron más. Fue la época en la que recibieron millones de pesos de ilegales prebendas que se recibían en los sótanos de las oficinas públicas. Sé de cierto que al menos recibieron un poco más de 10 millones de pesos de manos de Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda, por órdenes directas de Duarte. Tuve los recibos autógrafos en mis manos, los vi auténticos, aunque luego, por otras triquiñuelas se desvanecieron, pero en realidad ahí están.

La impericia y oportunismo de Javier Corral para manejar este caso derivó en que se malograra la acción penal. El manejo faccioso y utilitario de la lucha anticorrupción que escenificó en este caso Javier Corral, defenestró por un lado a su favorito Gustavo Madero y entronizó a la gobernadora actual. 

Hasta ahora no se ha hecho justicia por este delito; César Jáuregui logró derribar la barrera legal y obtuvo los premios de ser nombrado secretario de Gobierno y luego fiscal general del estado. Hasta aquí, cero y va una. 

Ahora, luego de que se ha acreditado la ilegal presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, causa que se está investigando y por la cual ya declaró ante la FGR, nos permite deducir que Jáuregui está sujeto a una investigación que aún no se ha resuelto en definitiva, salvo que ya se haya pactado el famoso “aquí no ha pasado nada”. Como dijimos, tuvo que renunciar al cargo porque, al menos, algo no hizo bien, lo que le obligó a un impasse momentáneo en su búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.

Recordemos que Jáuregui, al calor de la construcción de un seudo liderazgo en torno a la figura de Maru Campos, salió a la calle sin pudor alguno, a la usanza duartista, a apoyar a su gobernadora de los embates morenistas; y más allá de eso, a pesar de la evidente violación a las leyes, electorales incluso.

Es obvia la violación al Estado de derecho. Y quien viola la ley una vez, y otra más, hace tendencia de conducta para su futuro desempeño. Por eso los ciudadanos deben tener absoluta claridad de que Jáuregui puede alcanzar la candidatura, pero nunca la legitimidad para ser el gobernante de un municipio.

Por eso digo, cero y van dos.

Se trata de una versión absolutamente falsa, o mejor dicho que reconoce méritos individuales, pero eleva al rango de “creadores de la historia” a los que ascendieron al poder, en ocasiones para traicionarlo. 

En esporádicas columnas reproduciré cronologías acerca de los muchos esfuerzos que se han hecho en el país en favor del sistema democrático y en abierta lucha con sus antagonistas. Iniciaré con un breve relato sobre los esfuerzos realizados a lo largo de varias décadas del Partido Comunista Mexicano (PCM), que con el tiempo pasó a ser el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), que después desembocó en el Partido Mexicano Socialista (PMS), y este, a su vez, ofrendó su registro para competir electoralmente como PRD.

Al hacer esta reseña me basaré en documentos donde se registran tiempos, pronunciamientos, propuestas, que luego se pasaron a la realidad social y se tradujeron en esfuerzos políticos, muchos de ellos alcanzados por la represión gubernamental, tanto homicidios, como desaparecidos y largas condenas en múltiples prisiones. Huelga decir que al exponer esto no expreso necesariamente las coincidencias con ese partido, simplemente pretendo ir referenciando hechos para demostrar que Roma no se hizo en un día, como se propala bajo el liderazgo del caudillo del sureste.

Lo que leerán a continuación es un repaso que la dirección del PCM hizo a fines de las década de los 70 del siglo pasado, como sustento para solicitar su registro como partido político y poder así participar en los procesos electorales, luego de la reforma política que se promovió en el sexenio de 1974-1980, bajo la conducción de Jesús Reyes Heroles en su triple calidad de representante del poder político del PRI, secretario de Gobernación y, por ello, presidente de la entonces Comisión Federal Electoral, justo cuando las elecciones estaban asignadas a una tarea más del gobierno para asegurarse su dominio y hegemonía. Era una tendencia que ahora se pretende reproducir.

* * *

Cuando el gobierno presentaba su reforma electoral en 1977, el PCM cumplía 58 años, la organización política más antigua de México, fundada el 24 de noviembre de 1919. Su primer secretario general fue el ingeniero José Allen, oriundo de Chihuahua. Por él desfilaron organizadores de los movimientos obreros y campesinos que influyeron en las transformaciones sociales del país, con aportes a la ciencia, la política, el sindicalismo y la cultura.

Aunque antes de consolidarse como PCM ya se contaba con órganos de propaganda, el 15 de marzo de 1924 se creó el periódico El Machete, de la mano de artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que terminó por convertirse en el órgano central del partido. 

En sus primeros años el PCM intervino con sus propios representantes en órganos legislativos. Luis G. Monzón, por ejemplo, participó en debates del Senado en 1924, y luego, entre 1928 y 1929, el dirigente comunista Hernán Laborde hizo lo propio en las discusiones de la Cámara de Diputados, que fue desaforado por denunciar en tribuna la política agresiva y expansionista de Estados Unidos, especialmente en Nicaragua. Diez días después de este desafuero, en junio de 1929, la policía clausuró las oficinas del Comité Central del PCM y la imprenta donde se producía El Machete.

A pesar de la persecución, el PCM acordó desde entonces participar en las elecciones, tras acuerdos que tuvo para constituir el llamado Bloque Obrero y Campesino (BOC), postulando al general Pedro Rodríguez Triana como candidato a la Presidencia de la república. La asamblea que se realizó al respecto nombró como dirigentes a Siqueiros y al líder ferrocarrilero Valentín Campa Salazar. El conjunto de estas organizaciones participarían activamente después en la fundación de la CTM.

Con saldo rojo para los comunistas, el PCM llamó a obreros y campesinos a tomar las armas para combatir el levantamiento de los generales Escobar, Manzo, Aguirre, Caraveo y otros. 

El periodo de ilegalidad del Partido Comunista se prolongó desde 1929 hasta 1935. Aún así, el BOC realizó campaña electoral en favor de Hernán Laborde, su nuevo candidato a la Presidencia del país.

Una de las demandas más sentidas e importantes del PCM en este periodo fue el de pretender el establecimiento del seguro social para los trabajadores, petición documentada que se entregó en la Cámara de Diputados con el respaldo de 25 mil firmas de trabajadores.

La llegada a la Presidencia de México del general Lázaro Cárdenas en 1934 supuso para el PCM un nuevo impulso para el movimiento huelguístico. Según sus propias cifras, el número de huelgas pasó de 202 en 1934 a 642 apenas en los meses siguientes de 1935.

En 1936, al amparo del cardenismo, pero también como resultado de las reiteradas persecuciones obreras del anterior presidente, Plutarco Elías Calles, el PCM junto con otras organizaciones dieron luz a la creación de la CTM en febrero de 1936.

El PCM cuenta en su historial haber participado en la nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera, que estaba en manos de empresas extranjeras.

Otro hecho relevante es que el periódico El Machete reivindicó su papel como órgano central del PCM, iniciando su publicación diaria a partir de mayo de 1938. 

Se dice que ya para 1940 el fascismo había recrudecido sus hostilidades contra el PCM y sus oficinas en la Ciudad de México fueron asaltadas, a mano armada, en septiembre de ese mismo año. El Partido Comunista apoyaba entonces a los luchadores antifascistas de España y participaba en grandes manifestaciones de solidaridad con la República española durante todo el curso de la guerra civil. 

Ya para 1945, el PCM obtenía su registro electoral, mediante un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, que posibilitaba su participación en las elecciones federales del año siguiente.

Entre 1956 y 1959 luchó contra los líderes “venales” dentro de los gremios sindicales y participó activamente en el hoy conocido SNTE y el sindicato de ferrocarrileros.

En marzo de 1960, el PCM celebró su XIII Congreso Nacional, en el que puntualizó entre sus objetivos “encauzar a la nación por el camino democrático e independiente como la tarea principal de los comunistas”, y “la integración de un poderoso movimiento de frente democrático de liberación nacional”.

Ese año, junto con Filomeno Mata hijo, el pintor David Alfaro Siqueiros fue apresado y acusado formalmente bajo cargos, entre otros, de “disolución social”. 

En 1963 el PCM se alió con otras fuerzas para formar el Frente Electoral del Pueblo (FEP) cuyo registro fue negado a pesar de haber cubierto los requisitos que la ley señalaba. A través de esa organización el Partido participó sin registro, en 1964, en las elecciones de presidente, diputados y senadores. 

El candidato del FEP a la Presidencia de la república fue Ramón Danzós Palomino, dirigente del PCM. Durante la campaña electoral en favor de su candidatura, este partido y las otras fuerzas que integraban el FEP realizaron una gira por todos los estados de la república en la que lograron movilizar amplios sectores obreros. A pesar de que los votos a favor del FEP no fueron contabilizados, fue evidente la significativa votación que obtuvo.

En las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión en 1967, el PCM llamó a votar inscribiendo en la boleta electoral las siglas “RED”, que significaban Reforma Electoral Democrática, como reacción para modificar un sistema electoral que consideraba “caduco” y que “prolongaba la marginación política de los sectores populares”.

El 26 de julio de 1968, tras su vinculación al movimiento estudiantil y a la lucha por la democratización del país, nuevamente las oficinas de su Comité Central y el taller de su periódico fueron ocupados por la policía y numerosos miembros del partido fueron encarcelados. 

Y fue hasta 1968 cuando el PCM discutía hacia el interior su carácter nacionalista e internacionalista, luego de la desaparición de la Internacional Comunista, ocurrida desde mayo de 1943:

“La necesidad de la autonomía y la independencia de los partidos comunistas no es una exigencia del nacionalismo y una concesión de las tendencias aislacionistas. Lo que sucede es que sólo ejerciendo su autonomía y su independencia pueden los partidos comunistas elaborar y aplicar de manera creadora la teoría del marxismo-leninismo a las condiciones específicas de su país, tomar en cuenta las peculiaridades de la correlación de fuerzas, la sicología de las masas y las tradiciones revolucionarias propias. Y esto es únicamente, y no la simple repetición de consignas generales, lo que puede garantizar que el Partido Comunista se convierta en la verdadera vanguardia en la lucha por las transformaciones revolucionarias del país”.

Y se agrega: “Si el Partido no consigue aplicar el marxismo a la situación concreta del país, ningún título será suficiente para colocarlo a la cabeza de la lucha y los años lo verán vegetar como una pequeña secta repetidora de consignas abstractas (…). Nuestras responsabilidades han crecido mucho después de la disolución de la Internacional Comunista. Y no tenemos necesidad de volver al pasado, a revivir formas que ya cumplieron su papel”.

Al año siguiente, en octubre de 1969, el PCM hizo un llamado a la abstención de los comicios que se celebrarían en 1970. En su llamamiento se puede leer:

“Los comunistas no somos enemigos de la participación de los trabajadores en la lucha electoral. Sabemos que el movimiento revolucionario de la clase obrera debe utilizar todas las formas de lucha contra la burguesía y los terratenientes. Pero las elecciones de 1970 se inician en un clima represivo y antidemocrático en el que las masas carecen de la más mínima posibilidad de ejercer sus derechos y de hacer valer su oposición al régimen”.

Luego, a medidos de los 70, en las resoluciones del XVI Congreso Nacional se asienta que “el periodo entre el XV y el XVI Congreso hicieron su aparición en nuestro país diversas formas de lucha guerrillera, tanto rurales como urbanas”. La intención del PCM de realizar su actividad en el plano de la lucha política, “de ninguna manera fue correspondida”. El PCM, se dice, registró entre 1970 y 1976, “bajas sensibles en sus filas, productos de la represión selectiva”. Así, fueron asesinados Enrique Cabrera, Joel Arriaga, Efraín Calderón Lara e Hilario Moreno.

En su XVII Congreso Nacional, en 1975, el PCM decidió la participación de los comunistas en las elecciones del año siguiente y decidió postular como candidato a la Presidencia de la república a Valentín Campa Salazar.

Con la presentación de la reforma política de 1977, planteada como Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, el PCM asumió una postura crítica por las limitaciones que el propio gobierno trataba de imponer en ese documento.

El 5 de mayo de 1989 el PMS, último heredero del PCM, ofrendó su registro electoral con la idea de que se consolidara una transición a la democracia. El beneficiario fue un PRD que empezó a crecer ganando significativas representaciones en el Congreso de la Unión y en congresos locales. Las elecciones de 1997 lo colocaron como una fuerza fundamental cuando el PRI perdía, por primera vez, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Se fueron ganando espacios de poder muy importantes, como la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal ese mismo año con Cuauhtémoc Cárdenas; después Andrés Manuel López Obrador se convirtió en sexenal Jefe de Gobierno cuando ya la Ciudad de México estaba convertida en en entidad federativa. Enseguida, López Obrador fue postulado para presidente de la república en las elecciones de 2006 y luego en 2012. 

Estos son hechos, insisto, que la faena histórica no le puede abonar exclusivamente a un amadísimo líder providencial y carismático, que cree, y ha hecho creer, que descubrió el hilo negro.

Habrá otras entregas de este tipo.

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Nota: Buena parte del historial sobre el PCM y la mayoría de las citas textuales fueron tomadas de El registro electoral del PCM (Ediciones de Cultura Popular, de la colección Biblioteca del Militantes,1979).

En mis tiempos de estudiante escuché las didácticas exposiciones que hacía al respecto el extinto maestro, licenciado Jorge Mazpúlez Pérez. A partir de notables juristas, explicaba el tema, con detallados cuadros sinópticos, de tal manera que prácticamente a todos nos quedaba claro que una constitución flexible podía estar a capricho de cualquier reforma que se le ocurriera a quienes estaban apoltronados en el poder y querían conservarlo a toda costa, practicando el más dúctil y convenenciero reformismo constitucional.

En contra de ello estaban los que sostenían la rigidez constitucional, hasta cierto punto conservadores, pero custodios de pactos políticos y sociales llamados a perdurar más allá de las ambiciones partidarias que conmuevan a la sociedad y lleven a la idea de que un texto tan importante como la Constitución pueda ser modificado, aunque no haya una razón suficiente para hacerlo.

Obviamente el maestro de referencia, aparte de revisar la trayectoria del constitucionalismo mexicano, nos narraba la obra de James Bryce, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, que el que esto escribe leyó muchos años después en la copia de una edición del Instituto de Estudios Políticos de Madrid (1952) en su colección CIVITAS. 

En ese tiempo escribí algunos textos sobre las posibilidades de la transición democrática y la necesidad de dar pie en el país a una nueva constitucionalidad que reconociera a plenitud los derechos humanos, la escrupulosa división de poderes, los contrapesos institucionales, el Estado de derecho, y particularmente el reconocimiento de los acuerdos fundamentales de los ciudadanos para darle viabilidad a un país que requiere de la más fuerte de las unidades.

Dos cosas aclaro: no presumo de haber sido buen estudiante, por una parte; y por la otra, quiero recordarles que esa transición democrática la devoró el remolino morenista, que más allá de todas estas disquisiciones teóricas, hizo de la Constitución mexicana un texto tan dúctil como el chicle mexicano, convirtiendo la Carta Magna en algo irreconocible, porque se le puede modificar por unos cuantos mal llamados “parlamentarios” que bostezando a media noche levantan el dedo para cumplir los caprichos del Ejecutivo, del ignorante lopezobradorismo.

Nuestros congresos ahora parecen máquinas autómatas para procesar leyes; también cuadriláteros donde el boxeo se hace presente de manera recurrente. Es la era de la lucha libre de Noroña contra Lily Téllez, es el sitio convertido por Alito Moreno en una batalla campal, que en inglés se conoce como round robin. 

Esto es, ni más ni menos, que una muestra de la erosión institucional que nos ha traído  la Cuatroté, que se supone está en su “segundo piso”, bajo el ineficaz y vitriólico liderazgo de la señora Claudia Sheinbaum. 

Ahora está en proceso una modificación de la Constitución de la república (de alguna manera debemos llamarla) para establecer la muy abstracta y gelatinosa causal de nulidad electoral basada en la injerencia extranjera. Es de explorado derecho –permítanme este giro de litigante– que las nulidades deban ser tangibles, casi casi que se puedan cortar con una navaja. Por ejemplo, la falta de voluntad de una de las partes en un contrato; o imagine usted un matrimonio en el que uno de los cónyuges no es el novio real, sino otra persona que lo suplante, siendo un contrato personalísimo. 

Pues ahora nuestra Constitución ya mero establece que si hay una injerencia extranjera en determinada elección se puede anular. Pongo un ejemplo: pretender elegir la nulidad de la elección de Sheinbaum, con todos sus millones de votos, porque alguien desde Nicaragua, y supuestamente por instrucciones de Daniel Ortega, incida con propaganda para sesgar la voluntad del cuerpo electoral. 

Recordemos que hay hechos que podrían concitar materia para este tema, obviamente sin raíz profunda. Hubo voces, incluso dentro del morenismo, que subrayaron lo absurdo de esta propuesta. Pero sus argumentos no se atendieron. Y como la Constitución es de chicle, en breve esta causal de nulidad estará vigente y le permitirá al poder de López Obrador y Claudia Sheinbaum solicitar la nulidad en 2027 si los resultados no les son favorables, aduciendo al respecto el injerencismo que no se le cae de la boca a la presidenta.

Hay un problema real y no se resuelve con la reforma a modo que está en curso en las legislaturas estatales. Se trata del fenómeno internacional del tutelaje imperial, y en efecto, de un intervencionismo abierto y descarado del cual es ejemplo actual Venezuela. Pero eso es distinto, en el fondo, de la pretensión morenista de crearse una causal de nulidad a modo para conservarse en el poder, ganen o no las elecciones.

Y por si acaso las cosas se les complican, ahí está el regalazo a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia para que por la bondad presidencial puedan estar en su cargo, reeligiéndose, hasta por 18 años. 

¡Qué lástima, maestro Mazpúlez!, ¡qué lastima James Bryce! El viscoelástico chicle los aniquiló.

El manejo de estas entrevistas es levantar a una gobernadora que cae ante un auditorio nacional y obtener la ventaja de ir ocupando un liderazgo nacional del que inocultablemente carece el Partido Acción Nacional. Es la historia de siempre: un gobernante chihuahuense que brilla en la capital pero en su tierra es opaco, o como dice el conocido refrán, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Asó lo hizo César Duarte, y asó lo replicó Javier Corral.

En Chihuahua hay una prensa al uso del antiquísimo régimen autoritario, que vive del presupuesto público y que se caracteriza por ser la voz oficial –casi única– en todo lo que tiene que ver la gestión pública, y sobre todo con la dirección política por la que se paga, y se paga bien.

Esta columna se publica en La Verdad Juárez porque este medio es una excepción en el ejercicio libre de la libertad de expresión, por su independencia y contenidos plurales y críticos. 

Dejo esta constancia para contrastar comportamientos de las empresas periodísticas que cuidan sus propias arcas en franco demérito de las audiencias. Aquí incluyo lo mismo a prensa escrita que a radio, televisión y portales digitales.

Veamos algunos hechos: la gobernadora Campos Galván jamás da una rueda de prensa en forma ante los periodistas que la cuestionan, a pesar de que los reporteros (a quienes se les impide desplegar sus propios talentos) sean parte de empresas pagadas y censuradas para que nada más se escuche y lea la voz oficial local. 

Esto significa que hay un desprecio rotundo que viene lastrando el desarrollo político de la entidad. Maru Campos no puede presumir que aquí haya libertad de expresión y mucho menos el componente de una opinión pública bien informada, rigurosa por el reconocimiento de los hechos, y libre por lo que se refiere a las opiniones que dichos hechos puedan provocar.

Ya hemos dicho que la gobernadora siempre se refugia teniendo a sus espaldas una puerta por donde escabullirse y darse la fuga para no contestarle a la prensa local prácticamente nada, siempre con un termo de café (eso se supone) en la mano, y lanzando meras puyas superficiales que denotan su beligerancia. Vayan unas perlas: que chinguen a su madre Los Tigres del Norte; Corral no tiene pantalones, se escuda en las faldas de MORENA; he resistido, mi causa es Chihuahua… etcétera, etcétera, etcétera.

En cambio, en la Ciudad de México se sienta en la mesa de los periodistas a explayarse en sus entrevistas y hasta se da el lujo de dirigir al set. Allá sí, acá no. Y declama como mantra “mi causa es Chihuahua, mi causa es Chihuahua…”. Quizás allá en la capital del país no lo sepan, pero aquí hay datos duros que denotan el atraso y mal gobierno que se ejerce en muy diversos campos, como la seguridad, el empleo, la quiebra financiera, y el inocultable desgaste de su forma de hacer política, que ha colapsado al PAN y a su raquítica clase política. Se puede decir que ni siquiera tiene idea de cómo estar a la hora de su sucesión, inminente.

Fraseología barata es la que se advierte allá, frente al silencio local. 

El debate central se ha trasladado sin tener en cuenta lo esencial en relación a la acción de la CIA en el estado de Chihuahua. Se le cuestionó a la gobernadora si había incurrido en traición a la patria, y con ligereza y falta de respeto por las audiencias, Maru contestó que ni siquiera ha leído el Código Penal en esta delicada materia. Pero insiste en defender “su causa Chihuahua”, como si se tratara de una república aparte.

La semana pasada y con fines pedagógicos, pero también políticos, desglosé el tipo legal del delito que se refiere a la traición a la patria. Sin más pretensión que el desglose formal, encontré que hay un resquicio para sustentarlo y que corresponde a las autoridades competentes investigarlo y eventualmente fincar responsabilidades y sanciones.

Ahora quiero enfatizar el aspecto político trascendente de este asunto. Ningún estado de la federación mexicana (por más centralista que parezca ahora) debe ser la ventana por la que entren las agencias norteamericanas a territorio nacional, y eso debe preocupar al gobierno central, haciéndose cargo de la gestión contra el crimen organizado enquistado en la las administraciones de MORENA. Soberano es un país que empieza por resolver sus problemas internos, sin dar pábulo de que los gobiernos locales se tornen gestores del imperio.

La Constitución es clara en cuanto al procesamiento del juicio político, que la dirección nacional de MORENA pretende. Si ese juicio se va intentar, ya existen las condiciones institucionales; no se necesita de la obtención de firmas casa por casa, porque eso huele a electoralismo barato y, por si no lo han observado, al mejor caldo de cultivo para que gobernantes como Maru Campos brillen en el foro nacional, como ahora lo intenta en los medios.

La despreciada prensa local, a pesar de recibir el embute, calla y se autohumilla. Allá en México los Alejandros Cacho le prestan el servicio sin contextualizar hechos y con el sólo afán de proyectar falsos liderazgos como el que le construyen a la gobernadora de Chihuahua.

Esto calentará la caldera local, elevará la presión electoral y muy probablemente genere discordias, enconos propicios para que la política se degrade y no se le den oportunidades a la democracia ni a los mecanismos consagrados que la hagan posible.

En primer lugar, recordar el viejo principio del derecho penal moderno de que no hay delito ni pena sin ley. Es decir, que la garantía del tipo legal que describe una conducta punible debe estar establecido de manera clara e indubitable. No está al arbitrio de nadie imponer una pena en contra de una conducta que no esté prevista en la ley como una acción delictiva y particularmente antijurídica. 

Se maneja, ya ni siquiera buscando la veta retórica, con extrema ligereza tachar de “traidores a la patria” a los que disienten del oficialismo actual, mostrando simultáneamente ignorancia y perversidad, particularmente cuando son legisladores los que actúan como animadores de una persecución, apoyados en un término que, por ser la descripción de un delito, tiene confines bien demarcados en cuanto a la conducta y la pena que corresponde.

La participación de agentes de la CIA en el municipio serrano de Morelos contiene una falta de la gobernadora por haber pasado por alto tanto al gobierno federal como a las leyes generales que norman las relaciones de colaboración con agencias y policías extranjeras, reservando, en congruencia con la Constitución, esas facultades al gobierno de la república, y así impedir que gobiernos locales celebren acuerdos o alianzas con potencias extranjeras.

Esa conducta no es excusable de ninguna manera, y menos apoyándose en el dicho de que la gobernadora ignoraba que tales colaboraciones ocurrían en territorio chihuahuense y al lado de corporaciones locales; tan es así que ya han rodado al menos dos cabezas de importantes cargos en la Fiscalía General del Estado: el propio titular, César Jáuregui, y el del no menos importante jefe de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany. Incluso estas renuncias no los exonera de recibir sanciones y responsabilidades. 

Las renuncias mismas se convierten en presunción de que se realizaron conductas indebidas o sin sustento legal por parte de estos servidores públicos.

En cambio, el delito de traición a la patria, salvo en uno de sus apartados, el VIII, como ya se verá, da cabida a su posible aplicación, desde luego siguiendo un debido proceso y al margen de “invitaciones” a comparecer al Senado, o manifestaciones públicas que en el fondo tienen un propósito de disputa electoral, lo que Unión Ciudadana ha reprochando apostando por una alternativa diferente.

Las disposiciones de dicho apartado, contenido en el artículo 123, del Código Penal Federal, resultarían lo mismo aplicables a autoridades locales como a las federales, porque los sucesos de Morelos contaron con la presencia y la colaboración de elementos del Ejército mexicano. 

A mi modo de ver, la traición a la patria no encaja en el articulado siguiente, salvo en el referido apartado VIII, y deseo que este texto ilustre pedagógicamente a los lectores que están atentos a la vida pública de Chihuahua y del país.

El delito de traición a la patria está contenido en los artículos 123 al 126 del capítulo I del Código en mención, de aplicación en toda la república. Ahí encontramos el establecimiento riguroso de las conductas que el legislador clasifica dentro de esta grave traición, y a la vez fija la gama de penas aplicables. 

Las veremos una a una:

Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.-  Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;

II.-  Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa hasta de diez mil pesos;

Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.

III.-  Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;

IV.-  Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra; 

V.-  Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero; 

VI.-  Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior; 

VII.-  Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;

VIII.-  Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza; 

IX.-  Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;

X.-  Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos (no aplica);

XI.-  Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;

XII.-  Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;

XIII.-  Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo;

XIV.-  Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y 

XV.-  Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.

Artículo 124.- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de veinticinco mil pesos, al mexicano que: 

I.- Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país; 

II.- En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier otro medio; 

III.- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo desempeñe en favor del invasor;   

IV.- Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias. 

Artículo 125.- Se aplicará la pena de dos a doce años de prisión y multa de mil a veinte mil pesos al que incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero. 

Artículo 126.- Se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este Capítulo, con excepción de los previstos en las fracciones VI y VII del artículo 123. 

Insisto en que esto es pedagogía pura y pretende que el lenguaje político sea preciso y no contenga exageraciones o tergiversaciones jurídicas.

Estamos casi a las puertas de que se inicie formalmente el proceso electoral en la entidad, y lo que tenemos en presencia es un fenómeno en el que pululan estrictamente los intereses facciosos y las ambiciones personales. En relación a esta última, convengo que es mejor que se confiesen las ambiciones a que se simulen, lo cual no dispensa del cumplimiento de la legislación electoral vigente.

Esto es grave porque los partidos no están jugando el rol que se les supone como instituciones básicas de la sociedad. Hoy vemos en campaña por la gubernatura de Chihuahua a personajes como Marco Bonilla, Gilberto Loya, Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez y Julián Lebarón. 

A todos ellos los caracteriza que explícitamente no han dicho para qué quieren aspirar a ser gobernantes, y atropellan cotidianamente la vida de la comunidad con publicidad, políticas de imagen, encuestas a modo, distracción de tiempo que se supone estaría para el desempeño de la función pública, en el caso de la mayoría de ellos. Los partidos están, cuál más cuál menos, bajo un control jerárquico de los aparatos directivos que debieran representar a quienes agrupan para la competencia por el poder.

En el caso del Partido Acción Nacional y su aliado el PRI, por estar en el ejercicio del poder, la gobernadora se convierte en un factor de primer orden para la decisión. Pero es obvio que está en parte abrumada, en parte envuelta en un torbellino de contradicciones con el gobierno federal, y su falta de liderazgo que a veces pareciera, en relación a Marco Bonilla, que fuera su adversario, porque a final de cuentas lo que busca es su proyecto personal, y hasta el hecho de que quisiera que el ciclo terminara.

Bonilla continuaría la tradición de emparentar su eventual gobierno con la rancia aristocracia y perseverar en su fundamentalismo católico.

En el caso de MORENA encontramos que no es propiamente un partido, porque sus adherentes o militantes carecen de derechos; son siervos de liderazgos carismáticos que imponen candidaturas a ton ni son, muchas de las veces valiéndose de los subterfugios estatutarios para emplear el género y hacer un descarte.

Los morenistas no deciden absolutamente nada en los procesos de postulación de candidatos; no tienen la prerrogativa de trazar la línea política, ni de elegir a sus dirigentes, y mucho menos decidir candidaturas de manera real y directa. 

Empero, son los que están en la oportunidad de ganar las elecciones el año entrante, según diversas valoraciones, y desde luego la presunción que ellos mismos exhiben a cada paso.

Es importante visualizar cómo se va dando la postulación principal el año que entra y desde una perspectiva ciudadana. Sus dos precandidaturas principales no auguran que Chihuahua, como entidad, salga del atolladero en el que está por los gobiernos que ha padecido. 

A Andrea Chávez se le pretende presentar como un “relevo generacional”, no obstante su perfil político contaminado por las viejas prácticas de sus visibles padrinos políticos, como el expriista Adán Augusto López y el expanista Javier Corral.

Además tiene una deuda pendiente al no haber explicado y transparentado la procedencia de sus fondos empleados en las llamadas y costosísimas “caravanas de la salud” que representaron campañas electorales anticipadísimas. De su experiencia, ni qué decir. No tiene ninguna. Y de bravuconadas ya está harta la ciudadanía.

A su vez Cruz Pérez Cuéllar, el apestado en muchas instancias de MORENA, ya se asume que él será el candidato. Pero quién nos puede asegurar que alcanzar sus más caras metas –la gubernatura– no se convierta en el Rubén Rocha Moya del mañana, que ya ha prefigurado en muchos de sus actos como cómplice de César Duarte.

La aspiración de Lebarón se ve cuesta arriba. Pero no descarte que él tenga en su mente lo que en su tiempo lo hicieron, por ejemplo, Sam Houston y “Buck” Travis. Gregario, él tiene su corazón en otra parte. 

Procesos tan manchados como los que he comentado, de consumarse en favor de alguno de los actores mencionados, lo único que auguran es que, como las contradicciones estériles, sigan en presencia y el espíritu de facciosidad continúe en el Palacio de Gobierno.

Entre tanto, los ciudadanos están ausentes.

Actualmente el estado de Chihuahua vive una crisis precedida desastrosamente por la actuación de una clase política gobernante que ha antepuesto sus intereses de facción a los de los habitantes y ciudadanos de la entidad. En este ámbito podemos recordar el desempeño de Patricio Martínez, César Duarte, Javier Corral, y particularmente el gobierno actual de María Eugenia Campos.

Estamos hablando de casi un cuarto de siglo en el que no salimos del atolladero político en el que nos tienen sumidos. Hemos estado en medio de querellas estériles, preponderancia de la facciosidad, de la corrupción y, lo más lamentable, privados de nuestras libertades constitucionales para, como ciudadanía, salir adelante. 

No tenemos ni partidos políticos que representen intereses legítimos ni prensa libre. Si no fuera por hechos del azar que cobran relevancia, no nos enteraríamos absolutamente de cómo marcha la gobernanza en la entidad.

Hoy, después de los sucesos de El Pinal donde perecieron cuatro agentes (dos nacionales y dos extranjeros); de la obligada renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado; del emplazamiento declinado de la gobernadora para asistir al Senado de la república; y la proximidad de un proceso electoral fundamental para la renovación de los poderes locales en su totalidad, Chihuahua se enmarca en una situación institucional que queda indisolublemente vinculada al comportamiento que el gobierno de la república quiera asumir para encarar lo que a todas luces es una evidencia: el gobierno de Maru Campos se prestó de manera indubitable al gobierno norteamericano para que interviniera en el país.

En otra palabras, el precedente es gravísimo porque, como se dijo en este espacio oportunamente, Donald Trump está interviniendo en México valiéndose de las ventanas –que no de la puerta principal– que le puedan prestar gobiernos estatales que le faciliten sus propósitos, largamente anunciados por la actual administración norteamericana en su política de combate al narcotráfico y a los cárteles que equipara con organizaciones terroristas.

La prensa vendida de Chihuahua divulgó en la semana que concluye una declaración de la gobernadora en la que se lee: “He gobernado apegada a derecho”, cuando lo contrario, en el grave caso que nos ocupa, ha transgredido la Constitución y algunas leyes reglamentarias en materia de seguridad nacional y de convenios de colaboración bilateral para hacerle frente al crimen organizado. Por ese motivo real es porque el fiscal del estado fue sacrificado, y por esa misma razón el futuro de la gobernadora está en un terreno más que sísmico, no obstante que se autoinvestiga para salir librada.

Pero los chihuahuenses, en este delicado momento, no se pueden quedar callados y permitir que todo esto se resuma en un simple reacomodo del poder en el estado sin que las cosas giren en la dirección que convengan a los intereses de Chihuahua, sus habitantes y sus ciudadanos con derecho a decidir todo lo que corresponda a la cosa pública.

Ya basta de acuerdos cupulares, de simples reajustes de poder, de traiciones, de saltimbanquis que, en esencia, a lo único que pueden conducir es a una crisis mayor que afectaría al estado y a la república.

Es una obviedad que María Eugenia Campos haya declinado asistir al Senado, parte del Congreso de la Unión que tiene competencia en el desempeño de la política internacional del país, porque no tenía con qué ir a defenderse de las imputaciones jurídicas y políticas que se le pudieron haber formulado en un espacio en el que tenía todas las desventajas y ninguna posibilidad de salir bien librada. 

Por eso no asistió, porque como lo hemos dicho aquí mismo, es la gobernadora que más ha humillado a los reporteros dando declaraciones en el umbral de una puerta por la cual puede desaparecer para mantener bajo control sus potenciales dislates, a pesar de tener comprada a la prensa.

Entonces, estamos en una situación que, siendo local en parte, trasciende a la vida nacional e involucra al gobierno de la república que encabeza Claudia Sheinbaum. 

Buscarle una salida airosa como las que se estilan en casos como este, sería sentar un pésimo precedente, porque el país quedaría a merced de un futuro tutelaje hegemónico de los Estados Unidos, sofocando el verdadero y esencial contenido de lo que es la soberanía, más allá del uso estéril y retórico que ha tomado en boca del morenismo, especialmente de los mandatarios que han ocupado la Presidencia. 

Esto apenas empieza. La presidenta ha dicho que se trata de un caso de excepción, sin adosarle a esta categoría los términos que lo expliquen sin dejar un ápice de duda. Si se llegase a decidir este carácter excepcional como algo que se pasará por alto a condición de que no vuelva a suceder, sería el peor antecedente de que vamos en dirección a quedar en manos del tutelaje al que me he referido. 

Es hora de que los ciudadanos, transversalmente incluidos, empiecen a mostrar un protagonismo que le ponga punto final a este caso y que atalaye bien hacia dónde quiere que transite la entidad.

Hoy el morenismo se puede frotar las manos y hasta puede ilusionarse con que la plaza chihuahuense le pertenecerá a partir de 2027. Pero esto podríamos verlo a la luz de sus potenciales dirigentes: por un lado Andrea Chávez, quien representaría otra reencarnación del PRI, con el agravante de apoyos que conectan con el grupo criminal, la Barredora, prohijado por Adán Augusto López. Y qué decir de Cruz Pérez Cuéllar, que a lo más sería una astilla del palo duartista.

De todos depende que esta tragedia anunciada no nos siga devastando.

Este es un tema que, aparte de ser sumamente delicado, se puede observar desde varias aristas por su complejidad jurídica, política y bilateral; pero habremos de ir valorando opiniones para la interpretación del caso y señalar las responsabilidades que le atañen en particular a las autoridades mexicanas –local y federal– que a la par se les puede reprochar omisiones y acciones igualmente graves. Verlo unilateralmente no conduce a las conclusiones debidas.

Parte de esa nueva información radica en la reunión de poco menos de una hora que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo en la Ciudad de México con el  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tema al que el pasado viernes se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera.

La presidenta afirmó que la gobernadora de Chihuahua “se comprometió a proporcionar información sobre la presencia de agentes estadounidenses en la entidad”. Como si en esa misma entrevista con Harfuch no hubiese podido hacerlo, sobre todo si se hizo acompañar del fiscal César Jáuregui Moreno y del director de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, quien no ha aparecido públicamente.

Lo que dijo Sheinbaum encaja en lo que algunos expertos en relaciones internacionales ya pronostican: no va a pasar nada; y a pesar de los trágicos acontecimientos que detonaron esta crisis, tanto interna como bilateralmente, todo quedaría en meras disculpas diplomáticas, aun cuando legisladores de ambos bandos escenifiquen pleitos en sus respectivos congresos y se amenacen mutuamente desde posiciones partidistas.

En lo que parece un primer acuerdo, Maru Campos difundió un comunicado en el que señala que “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”.

Es decir, a nivel doméstico Maru Campos cumpliría con cortesías políticas sus malabarismos para brincarse las facultades de la federación en temas como la intervención de la CIA en territorio nacional, y Sheinbaum haría lo propio con Washington, a cambio de mantener la presencia de agentes extranjeros de manera más segura, discrecional y legal, formalmente avalado por el Senado mexicano.

Como ya se sabe, en el operativo fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, y –ahora se sabe– dos agentes de la CIA, aunque existen versiones extraoficiales que afirman que en realidad participaron cuatro agentes de la Central de Inteligencia norteamericana que portaban uniformes de la policía investigadora del estado de Chihuahua.

Por lo que se ve, las entidades de gobierno involucradas están desaprovechando la oportunidad de reconocer como un hecho duro que las agencias norteamericanas y su personal siempre han operado en territorio nacional de manera pertinaz y sistemática desde hace muchos años.

Conviene, entonces, explicar el marco jurídico en el que este problema se desenvuelve. De entrada, el artículo 117 constitucional es muy preciso, no requiere de mayores rigores para su interpretación, cuando dispone que “los Estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

Es de conocimiento público la reiterada obsequiosidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha mostrado hacia los Estados Unidos. Ella se formó académicamente en Washington y le fascina tener pactos con el gobierno ultraconservador de Texas, encabezado por Greg Abbott, actos con los que siempre ha pretendido hacerle más que un guiño al trumpismo.

En realidad y frente a lo sucedido en el municipio serrano de Morelos, el gobierno de Chihuahua está obligado a aclarar porqué se extralimitó en sus atribuciones; y eso debe tener las sanciones correspondientes. En primer lugar a la titular del Ejecutivo, y particularmente a los funcionarios involucrados, en este caso el fiscal general César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien no ha dado la cara públicamente. La gobernadora y sus funcionarios hoy se ocupan de todo menos de lo esencial y de su obligación debida.

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, terminó por reconocer que en ese operativo actuaron elementos del Ejército, de la cual ella es, por ley, comandante suprema, aunque la SEDENA, en ese juego de pronunciamientos contradictorios que ha producido este caso, se deslindó, dos días después, de haber participado con la CIA en el referido operativo. Sheinbaum dijo que los militares actuaron dando “apoyo perimetral” (cualquier cosa que signifique este eufemismo), pero las imágenes reveladas en la prensa demuestran que formaban parte directa del operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio para producir fentanilo en el referido municipio, ubicado en los límites del llamado “triángulo dorado”.

En el fondo, todo este problema revela el grave deterioro institucional que se vive en el país entero, al grado de que arrogarse facultades que no se tienen anuncia que se puede hacer de todo sin que pase absolutamente nada; o lo más grave, que la presidenta de la república no sepa, no esté informada, o simule no estarlo, de lo que pasa en el país, en especial de cómo se mueven sus subordinados.

Tomando en cuenta el ya acostumbrado belicismo e intervencionismo de Donald Trump, este caso debe servirnos de ejemplo y precedente para algo más preocupante y fundamental: si el presidente norteamericano no lograse entrar a México por la puerta principal en el combate al narcotráfico, podrá hacerlo por las ventanas; y en este caso Chihuahua aparecería como una de esas ventanas y colocaría al gobierno de Campos Galván, a su fiscal César Jáuregui Moreno y al secretario Gilberto Loya, en el incómodo lugar de estarse prestando a una colaboración no tan sólo indebida, sino proscrita.

Por lo demás, mientras sigue fluyendo información al respecto, se pueden acusar responsabilidades inexcusables para ambos lados, y a los chihuahuenses nos interesa que nuestras autoridades locales no queden en la impunidad.

Bueno, pues ese ímpetu ha sido desbordado por Gilberto Loya, el mismísimo secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, bastaba más, miembro meritorio de la “galopada” maruquista, hoy precandidato a la gubernatura del orgullosamente llamado “estado grande” (norteño, por supuesto), y que ahora se encuentra de gira por Suecia

Si se echa un vistazo somero a la evolución de la violencia en este “estado grande”, desde 2018 hasta 2025, tendremos el mapa de datos de una entidad federativa que se ha mantenido en los primeros lugares de delitos violentos, muy grandes, por cierto.

Por ejemplo, los altos niveles de violencia cerraron el año 2024 con 2 mil 396 homicidios dolosos. Y aunque hubo una reducción marginal en 2025 con 2 mil casos del mismo tipo, la tendencia en lo que va de 2026, hasta el mes pasado, Chihuahua sigue posicionado en el segundo lugar a nivel nacional en homicidios.

Y en todos esos años Gilberto Loya ha sido el secretario de la SSPE. Pero él es quizá el único chihuahuense que no alcanza a ver su fracaso, por eso dedica más el tiempo a su promoción personal como aspirante del PAN rumbo a la sucesión en 2027.

Prácticamente todos los suspirantes, sean del PAN o de otros partidos, se promueven fuera del ámbito de sus obligaciones, incluso geográficamente, y usan recursos del erario para fomentar su imagen sin que nadie, menos el distraído IEE, hagan algo. Los suspirantes, como Marco Bonilla, lo mismo viajan a la Ciudad de México que a Washington con pretextos realmente absurdos. 

Se toman la foto, por ejemplo, frente al Capitolio o en alguna embajada, suben algún video para contarnos la mentira de que andan promoviendo al estado, y con ello rozan la ilegalidad electoral, envolviéndolo en un halo de falsa pulcritud política.

Métodos ya hay muchos, como los anuncios espectaculares de nimias o falsas entrevistas, pero en el caso de los que viajan al extranjero, aquel es su modus operandi.

En MORENA, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anda de gira por los municipios del estado, como si fuera gobernador, realizando abiertamente mitines, promoviendo el box en ciudades ajenas a su responsabilidad, en fin. Entre tanto, su correligionaria, la senadora Andrea Chávez, quien ya pidió permiso por embarazo, antes de eso se puso a repartir sillas de ruedas en su desinteresada –¡ajá!– labor humanitaria por la salud.

Pero esta vez Loya se brincó la barda: viajó a Suecia para (se vale reír) representar a Chihuahua en la conferencia internacional de la Secure Nordic Critical Communications Conference 2026, que traducido al español significa “Conferencia Nórdica sobre Comunicaciones Críticas Seguras”. Sí, de pronto Chihuahua se hizo escandinavo y ejemplar en temas de seguridad por obra y gracia de Loya, obviamente con permiso de su jefa Maru Campos, la gobernadora que finge meter en cintura a su “galopada”.

Está bien que Chihuahua está al norte, pero no tanto, y mucho menos se ubica en Europa cuyo norte es, efectivamente, considerada como nórdica, palabra cuyas raíces en esa región significan, literalmente, “el norte”.

De modo que el vikingo chihuahuense, quien ya engañó una vez a la sociedad chihuahuense asegurando que después de su encargo similar en el municipio de Chihuahua se retiraría a la vida familiar y no lo cumplió, tal vez regrese con algún pergamino y nos cambie el gentilicio y tengamos visa libre para ir no sólo a Suecia, sino a los otros cuatro países que conforman esa región: Islandia, Noruega, Finlandia o Dinamarca.

Pero además lo que parece un chiste de mal gusto, se cuenta solo, cuando se lee el argumento que pretendió justificar la estancia de Loya en esa Conferencia:

“La participación forma parte de la estrategia para posicionar globalmente el modelo de seguridad de Chihuahua, con énfasis en innovación tecnológica, inteligencia artificial y comunicaciones de misión crítica”.

Como broma, pasa. El problema es quién le va a creer al secretario de Seguridad Pública que se trate de una “estrategia global” y que el “modelo de seguridad de Chihuahua” puede tener interés en Europa cuando los malos resultados, es decir, la violencia sostenida y creciente, hacen de la entidad una de las primeras en el tablero de los homicidios dolosos y tienen impacto internacional. Lo macabro viene después, porque para las víctimas de esa violencia no hay nada risible en ello.

En años recientes, los países nórdicos se han sumado a las recomendaciones de viaje que han emitido la Unión Europea y Canadá, las cuales han incluido a Chihuahua en zonas de riesgo, debido a la violencia y el crimen organizado, aconsejando a sus ciudadanos precaución o de plano evitar viajes no esenciales. Ciudad Juárez y los municipios de la sierra son su foco de atención por “la delincuencia y los secuestros” que, “a veces, coinciden con periodos vacacionales”.

Si a eso se suma el abandono en la infraestructura policial de muchos municipios de la entidad, o el crecimiento delincuencial en zonas otrora pacíficas, como Aldama, pues el tema se torna tan urgente que lo menos que se puede pensar del Loya candidato vacacionista es que nada la importa la seguridad en la entidad.

Quizás a Loya estas vacaciones nórdicas con cargo al erario le ayuden a admirar los últimos estertores del invierno escandinavo y nos traiga muchas fotos, que de cualquier forma para nada nos resultan útiles a la ciudadanos del septentrión mexicano, el único norte que tenemos en la república y abarca a otros ocho estados, porque lo de fronterizo ya es otro tema.

Sostengo que quien engaña la primera vez, engañará posteriormente. Es lo que nos espera con estos adelantados suspirantes que ya llevan dos años de promoción electoral sin ser sancionados. 

Y eso es lo que Gilberto Loya alecciona por estas fechas en su solaz gira por aquellas tierras vikingas, países en los que seguramente ya estaría tras las rejas si comete delitos como en los que incurre en estos momentos.

Vaya ejemplo.