Actualmente el estado de Chihuahua vive una crisis precedida desastrosamente por la actuación de una clase política gobernante que ha antepuesto sus intereses de facción a los de los habitantes y ciudadanos de la entidad. En este ámbito podemos recordar el desempeño de Patricio Martínez, César Duarte, Javier Corral, y particularmente el gobierno actual de María Eugenia Campos.

Estamos hablando de casi un cuarto de siglo en el que no salimos del atolladero político en el que nos tienen sumidos. Hemos estado en medio de querellas estériles, preponderancia de la facciosidad, de la corrupción y, lo más lamentable, privados de nuestras libertades constitucionales para, como ciudadanía, salir adelante. 

No tenemos ni partidos políticos que representen intereses legítimos ni prensa libre. Si no fuera por hechos del azar que cobran relevancia, no nos enteraríamos absolutamente de cómo marcha la gobernanza en la entidad.

Hoy, después de los sucesos de El Pinal donde perecieron cuatro agentes (dos nacionales y dos extranjeros); de la obligada renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General del Estado; del emplazamiento declinado de la gobernadora para asistir al Senado de la república; y la proximidad de un proceso electoral fundamental para la renovación de los poderes locales en su totalidad, Chihuahua se enmarca en una situación institucional que queda indisolublemente vinculada al comportamiento que el gobierno de la república quiera asumir para encarar lo que a todas luces es una evidencia: el gobierno de Maru Campos se prestó de manera indubitable al gobierno norteamericano para que interviniera en el país.

En otra palabras, el precedente es gravísimo porque, como se dijo en este espacio oportunamente, Donald Trump está interviniendo en México valiéndose de las ventanas –que no de la puerta principal– que le puedan prestar gobiernos estatales que le faciliten sus propósitos, largamente anunciados por la actual administración norteamericana en su política de combate al narcotráfico y a los cárteles que equipara con organizaciones terroristas.

La prensa vendida de Chihuahua divulgó en la semana que concluye una declaración de la gobernadora en la que se lee: “He gobernado apegada a derecho”, cuando lo contrario, en el grave caso que nos ocupa, ha transgredido la Constitución y algunas leyes reglamentarias en materia de seguridad nacional y de convenios de colaboración bilateral para hacerle frente al crimen organizado. Por ese motivo real es porque el fiscal del estado fue sacrificado, y por esa misma razón el futuro de la gobernadora está en un terreno más que sísmico, no obstante que se autoinvestiga para salir librada.

Pero los chihuahuenses, en este delicado momento, no se pueden quedar callados y permitir que todo esto se resuma en un simple reacomodo del poder en el estado sin que las cosas giren en la dirección que convengan a los intereses de Chihuahua, sus habitantes y sus ciudadanos con derecho a decidir todo lo que corresponda a la cosa pública.

Ya basta de acuerdos cupulares, de simples reajustes de poder, de traiciones, de saltimbanquis que, en esencia, a lo único que pueden conducir es a una crisis mayor que afectaría al estado y a la república.

Es una obviedad que María Eugenia Campos haya declinado asistir al Senado, parte del Congreso de la Unión que tiene competencia en el desempeño de la política internacional del país, porque no tenía con qué ir a defenderse de las imputaciones jurídicas y políticas que se le pudieron haber formulado en un espacio en el que tenía todas las desventajas y ninguna posibilidad de salir bien librada. 

Por eso no asistió, porque como lo hemos dicho aquí mismo, es la gobernadora que más ha humillado a los reporteros dando declaraciones en el umbral de una puerta por la cual puede desaparecer para mantener bajo control sus potenciales dislates, a pesar de tener comprada a la prensa.

Entonces, estamos en una situación que, siendo local en parte, trasciende a la vida nacional e involucra al gobierno de la república que encabeza Claudia Sheinbaum. 

Buscarle una salida airosa como las que se estilan en casos como este, sería sentar un pésimo precedente, porque el país quedaría a merced de un futuro tutelaje hegemónico de los Estados Unidos, sofocando el verdadero y esencial contenido de lo que es la soberanía, más allá del uso estéril y retórico que ha tomado en boca del morenismo, especialmente de los mandatarios que han ocupado la Presidencia. 

Esto apenas empieza. La presidenta ha dicho que se trata de un caso de excepción, sin adosarle a esta categoría los términos que lo expliquen sin dejar un ápice de duda. Si se llegase a decidir este carácter excepcional como algo que se pasará por alto a condición de que no vuelva a suceder, sería el peor antecedente de que vamos en dirección a quedar en manos del tutelaje al que me he referido. 

Es hora de que los ciudadanos, transversalmente incluidos, empiecen a mostrar un protagonismo que le ponga punto final a este caso y que atalaye bien hacia dónde quiere que transite la entidad.

Hoy el morenismo se puede frotar las manos y hasta puede ilusionarse con que la plaza chihuahuense le pertenecerá a partir de 2027. Pero esto podríamos verlo a la luz de sus potenciales dirigentes: por un lado Andrea Chávez, quien representaría otra reencarnación del PRI, con el agravante de apoyos que conectan con el grupo criminal, la Barredora, prohijado por Adán Augusto López. Y qué decir de Cruz Pérez Cuéllar, que a lo más sería una astilla del palo duartista.

De todos depende que esta tragedia anunciada no nos siga devastando.

Este es un tema que, aparte de ser sumamente delicado, se puede observar desde varias aristas por su complejidad jurídica, política y bilateral; pero habremos de ir valorando opiniones para la interpretación del caso y señalar las responsabilidades que le atañen en particular a las autoridades mexicanas –local y federal– que a la par se les puede reprochar omisiones y acciones igualmente graves. Verlo unilateralmente no conduce a las conclusiones debidas.

Parte de esa nueva información radica en la reunión de poco menos de una hora que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo en la Ciudad de México con el  secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tema al que el pasado viernes se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera.

La presidenta afirmó que la gobernadora de Chihuahua “se comprometió a proporcionar información sobre la presencia de agentes estadounidenses en la entidad”. Como si en esa misma entrevista con Harfuch no hubiese podido hacerlo, sobre todo si se hizo acompañar del fiscal César Jáuregui Moreno y del director de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, quien no ha aparecido públicamente.

Lo que dijo Sheinbaum encaja en lo que algunos expertos en relaciones internacionales ya pronostican: no va a pasar nada; y a pesar de los trágicos acontecimientos que detonaron esta crisis, tanto interna como bilateralmente, todo quedaría en meras disculpas diplomáticas, aun cuando legisladores de ambos bandos escenifiquen pleitos en sus respectivos congresos y se amenacen mutuamente desde posiciones partidistas.

En lo que parece un primer acuerdo, Maru Campos difundió un comunicado en el que señala que “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”.

Es decir, a nivel doméstico Maru Campos cumpliría con cortesías políticas sus malabarismos para brincarse las facultades de la federación en temas como la intervención de la CIA en territorio nacional, y Sheinbaum haría lo propio con Washington, a cambio de mantener la presencia de agentes extranjeros de manera más segura, discrecional y legal, formalmente avalado por el Senado mexicano.

Como ya se sabe, en el operativo fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, y –ahora se sabe– dos agentes de la CIA, aunque existen versiones extraoficiales que afirman que en realidad participaron cuatro agentes de la Central de Inteligencia norteamericana que portaban uniformes de la policía investigadora del estado de Chihuahua.

Por lo que se ve, las entidades de gobierno involucradas están desaprovechando la oportunidad de reconocer como un hecho duro que las agencias norteamericanas y su personal siempre han operado en territorio nacional de manera pertinaz y sistemática desde hace muchos años.

Conviene, entonces, explicar el marco jurídico en el que este problema se desenvuelve. De entrada, el artículo 117 constitucional es muy preciso, no requiere de mayores rigores para su interpretación, cuando dispone que “los Estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

Es de conocimiento público la reiterada obsequiosidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha mostrado hacia los Estados Unidos. Ella se formó académicamente en Washington y le fascina tener pactos con el gobierno ultraconservador de Texas, encabezado por Greg Abbott, actos con los que siempre ha pretendido hacerle más que un guiño al trumpismo.

En realidad y frente a lo sucedido en el municipio serrano de Morelos, el gobierno de Chihuahua está obligado a aclarar porqué se extralimitó en sus atribuciones; y eso debe tener las sanciones correspondientes. En primer lugar a la titular del Ejecutivo, y particularmente a los funcionarios involucrados, en este caso el fiscal general César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien no ha dado la cara públicamente. La gobernadora y sus funcionarios hoy se ocupan de todo menos de lo esencial y de su obligación debida.

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, terminó por reconocer que en ese operativo actuaron elementos del Ejército, de la cual ella es, por ley, comandante suprema, aunque la SEDENA, en ese juego de pronunciamientos contradictorios que ha producido este caso, se deslindó, dos días después, de haber participado con la CIA en el referido operativo. Sheinbaum dijo que los militares actuaron dando “apoyo perimetral” (cualquier cosa que signifique este eufemismo), pero las imágenes reveladas en la prensa demuestran que formaban parte directa del operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio para producir fentanilo en el referido municipio, ubicado en los límites del llamado “triángulo dorado”.

En el fondo, todo este problema revela el grave deterioro institucional que se vive en el país entero, al grado de que arrogarse facultades que no se tienen anuncia que se puede hacer de todo sin que pase absolutamente nada; o lo más grave, que la presidenta de la república no sepa, no esté informada, o simule no estarlo, de lo que pasa en el país, en especial de cómo se mueven sus subordinados.

Tomando en cuenta el ya acostumbrado belicismo e intervencionismo de Donald Trump, este caso debe servirnos de ejemplo y precedente para algo más preocupante y fundamental: si el presidente norteamericano no lograse entrar a México por la puerta principal en el combate al narcotráfico, podrá hacerlo por las ventanas; y en este caso Chihuahua aparecería como una de esas ventanas y colocaría al gobierno de Campos Galván, a su fiscal César Jáuregui Moreno y al secretario Gilberto Loya, en el incómodo lugar de estarse prestando a una colaboración no tan sólo indebida, sino proscrita.

Por lo demás, mientras sigue fluyendo información al respecto, se pueden acusar responsabilidades inexcusables para ambos lados, y a los chihuahuenses nos interesa que nuestras autoridades locales no queden en la impunidad.

Bueno, pues ese ímpetu ha sido desbordado por Gilberto Loya, el mismísimo secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, bastaba más, miembro meritorio de la “galopada” maruquista, hoy precandidato a la gubernatura del orgullosamente llamado “estado grande” (norteño, por supuesto), y que ahora se encuentra de gira por Suecia

Si se echa un vistazo somero a la evolución de la violencia en este “estado grande”, desde 2018 hasta 2025, tendremos el mapa de datos de una entidad federativa que se ha mantenido en los primeros lugares de delitos violentos, muy grandes, por cierto.

Por ejemplo, los altos niveles de violencia cerraron el año 2024 con 2 mil 396 homicidios dolosos. Y aunque hubo una reducción marginal en 2025 con 2 mil casos del mismo tipo, la tendencia en lo que va de 2026, hasta el mes pasado, Chihuahua sigue posicionado en el segundo lugar a nivel nacional en homicidios.

Y en todos esos años Gilberto Loya ha sido el secretario de la SSPE. Pero él es quizá el único chihuahuense que no alcanza a ver su fracaso, por eso dedica más el tiempo a su promoción personal como aspirante del PAN rumbo a la sucesión en 2027.

Prácticamente todos los suspirantes, sean del PAN o de otros partidos, se promueven fuera del ámbito de sus obligaciones, incluso geográficamente, y usan recursos del erario para fomentar su imagen sin que nadie, menos el distraído IEE, hagan algo. Los suspirantes, como Marco Bonilla, lo mismo viajan a la Ciudad de México que a Washington con pretextos realmente absurdos. 

Se toman la foto, por ejemplo, frente al Capitolio o en alguna embajada, suben algún video para contarnos la mentira de que andan promoviendo al estado, y con ello rozan la ilegalidad electoral, envolviéndolo en un halo de falsa pulcritud política.

Métodos ya hay muchos, como los anuncios espectaculares de nimias o falsas entrevistas, pero en el caso de los que viajan al extranjero, aquel es su modus operandi.

En MORENA, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anda de gira por los municipios del estado, como si fuera gobernador, realizando abiertamente mitines, promoviendo el box en ciudades ajenas a su responsabilidad, en fin. Entre tanto, su correligionaria, la senadora Andrea Chávez, quien ya pidió permiso por embarazo, antes de eso se puso a repartir sillas de ruedas en su desinteresada –¡ajá!– labor humanitaria por la salud.

Pero esta vez Loya se brincó la barda: viajó a Suecia para (se vale reír) representar a Chihuahua en la conferencia internacional de la Secure Nordic Critical Communications Conference 2026, que traducido al español significa “Conferencia Nórdica sobre Comunicaciones Críticas Seguras”. Sí, de pronto Chihuahua se hizo escandinavo y ejemplar en temas de seguridad por obra y gracia de Loya, obviamente con permiso de su jefa Maru Campos, la gobernadora que finge meter en cintura a su “galopada”.

Está bien que Chihuahua está al norte, pero no tanto, y mucho menos se ubica en Europa cuyo norte es, efectivamente, considerada como nórdica, palabra cuyas raíces en esa región significan, literalmente, “el norte”.

De modo que el vikingo chihuahuense, quien ya engañó una vez a la sociedad chihuahuense asegurando que después de su encargo similar en el municipio de Chihuahua se retiraría a la vida familiar y no lo cumplió, tal vez regrese con algún pergamino y nos cambie el gentilicio y tengamos visa libre para ir no sólo a Suecia, sino a los otros cuatro países que conforman esa región: Islandia, Noruega, Finlandia o Dinamarca.

Pero además lo que parece un chiste de mal gusto, se cuenta solo, cuando se lee el argumento que pretendió justificar la estancia de Loya en esa Conferencia:

“La participación forma parte de la estrategia para posicionar globalmente el modelo de seguridad de Chihuahua, con énfasis en innovación tecnológica, inteligencia artificial y comunicaciones de misión crítica”.

Como broma, pasa. El problema es quién le va a creer al secretario de Seguridad Pública que se trate de una “estrategia global” y que el “modelo de seguridad de Chihuahua” puede tener interés en Europa cuando los malos resultados, es decir, la violencia sostenida y creciente, hacen de la entidad una de las primeras en el tablero de los homicidios dolosos y tienen impacto internacional. Lo macabro viene después, porque para las víctimas de esa violencia no hay nada risible en ello.

En años recientes, los países nórdicos se han sumado a las recomendaciones de viaje que han emitido la Unión Europea y Canadá, las cuales han incluido a Chihuahua en zonas de riesgo, debido a la violencia y el crimen organizado, aconsejando a sus ciudadanos precaución o de plano evitar viajes no esenciales. Ciudad Juárez y los municipios de la sierra son su foco de atención por “la delincuencia y los secuestros” que, “a veces, coinciden con periodos vacacionales”.

Si a eso se suma el abandono en la infraestructura policial de muchos municipios de la entidad, o el crecimiento delincuencial en zonas otrora pacíficas, como Aldama, pues el tema se torna tan urgente que lo menos que se puede pensar del Loya candidato vacacionista es que nada la importa la seguridad en la entidad.

Quizás a Loya estas vacaciones nórdicas con cargo al erario le ayuden a admirar los últimos estertores del invierno escandinavo y nos traiga muchas fotos, que de cualquier forma para nada nos resultan útiles a la ciudadanos del septentrión mexicano, el único norte que tenemos en la república y abarca a otros ocho estados, porque lo de fronterizo ya es otro tema.

Sostengo que quien engaña la primera vez, engañará posteriormente. Es lo que nos espera con estos adelantados suspirantes que ya llevan dos años de promoción electoral sin ser sancionados. 

Y eso es lo que Gilberto Loya alecciona por estas fechas en su solaz gira por aquellas tierras vikingas, países en los que seguramente ya estaría tras las rejas si comete delitos como en los que incurre en estos momentos.

Vaya ejemplo.

Es lamentable que se llegue a esa conclusión si la contrastamos con dos aspectos que no hay que perder de vista: en primer lugar, que surgió como producto de una lucha cívica que tuvo como telón de fondo innumerables violaciones y que con el tiempo se le concedió una esperanzadora autonomía que, si bien es relativa, da suficiente rango de acción para que actúe como un contrapeso a los abusos del poder en franca violación de los derechos humanos.

En segundo lugar porque aún en la conciencia cívica existe la idea de que es un baluarte desde el cual se ejerce una real defensoría. En otras palabras: en relación a esta institución hay desaliento y un sentimiento de desencanto. Cabe decir que corre en paralelo con la postración de la CNDH que preside la señora María del Rosario Piedra Ibarra. 

Recientemente, y luego de una larga dilación en el Congreso local, se designó a Ada Miriam Aguilera Mercado como nueva titular de ese organismo. Su estancia burocrática anterior fue en la Fiscalía General del Estado en el área de derechos humanos, que dirige el candidato en campaña por la alcaldía de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. 

Lo que se sabe públicamente de la nueva presidenta de la CEDH es que se trata de una profesionista bien calificada que obtuvo las mejores notas en la evaluación que le aplicaron en el Congreso, aunque pongo en entredicho que el comité evaluador del propio Legislativo tuviese la capacidad de cuestionar a profundidad a los aspirantes.

No obstante que los derechos humanos en Chihuahua no pasan por su mejor momento, la politiquería parlamentaria frenó durante un lapso grande la designación, porque se postergó de una parte durante la negociación entre los partidos, y en otro aspecto por las fisuras que se abrieron en MORENA y que también se convirtieron en obstáculo para la obtención de la mayoría calificada requerida.

Como se sabe, decisiones de este calibre debieran ser de amplio consenso, por no decir de unanimidad. Pero en este caso, únicamente fueron los diputados panistas los que hicieron la designación de Aguilera Mercado, lo que le resta legitimidad. Y es más que obvio que pesó el que ella sea de filiación panista, funcionaria en la Fiscalía en la materia de los derechos humanos, lo que parecería que simplemente fue un trámite convalidatorio de una decisión que previamente se había tomado en agencias informales, como suele suceder en los pésimos gobiernos como el que encabeza María Eugenia Campos Galván. 

En entrevistas periodísticas Aguilera Mercado se ha presentado como una persona de “carácter muy fuerte, pensante, conciliadora, empática y que nunca juzga a los demás”. No lo pongo en duda, en particular porque no la conozco. Lo que sugiero es que, teniendo tales dotes, porqué no se autocontuvo de llegar a un cargo que la ley y la práctica recomiendan para alguien que no tiene la militancia que ha manifestado y que además, en el trayecto de su actividad, cambie de escritorio con tanta facilidad. Suena a empleomanía. 

Finalizo esta entrega reseñando una experiencia. Compartí con César Jáuregui Moreno una legislatura en el Congreso local (2004-2007) y me tocó participar de cerca en la designación de un titular de la CEDH. En los debates le escuché a mi entonces colegislador opiniones valederas, tales como que se debería independizar del sesgo partidario a las cabezas de estos organismos, que eso era perjudicial porque dañaba la confianza de la sociedad en las instituciones; pero sobre todo que eso era lo más conveniente para los que ejercen el poder (gobernador, fiscal, funcionarios judiciales) porque así les llegarían recomendaciones para que normaran los mejores criterios para resolver con independencia los problemas planteados. 

Huelga decir que expresé también mis criterios y que coincidí con los anteriores, porque habiendo en esa etapa una mayoría legislativa del PRI y un gobierno de este mismo partido, hacíamos posible, así fuera mínimamente, que se ejerciera la función de la CEDH con autonomía. Cómo cambian los tiempos.

Hoy la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso local resistió la decisión que se tomó en favor de Ada Miriam Aguilera y a la postre se abstuvo de emitir un voto concreto y específico a favor de otra aspirante, ya que en este caso se pretendió nombrar para ese cargo por primera vez a una mujer, como en efecto sucedió.

El problema de MORENA es que padece una esquizofrenia superlativa: tiene una doble personalidad que la priva de autoridad moral para posicionarse, dado que están provocando una mayor perturbación en esta materia al haber convertido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una defensoría del gobierno de la Cuatroté, como bien lo ha dicho el analista René Delgado.

Y no es para menos, la CNDH con tal de estar bien con el oficialismo al cual sirve, ha tenido un despreciable comportamiento en el tema de las desapariciones forzadas y, grotesco, en relación a la recomendación de que por razones de lesa humanidad este delicado tema escale a esferas más altas de las Naciones Unidas.

En lo personal dejo a la doctora Ada Miriam Aguilera en su buena fama, defendida por ella misma. Pero creo que, debido a sus filias políticas, nada va a cambiar en la CEDH, como no ha cambiado en el IEE, en la Auditoría Superior del Estado, y mucho menos en la Fiscalía Anticorrupción.

¡Qué lástima!

Si en alguna ocasión la pobreza del discurso político ha estado presente, es en esta. Pareciera que los partidos políticos han dejado de ser entes de interés público –si alguna vez lo fueron a buen nivel– para convertirse en simples plataformas de postulación a partir de bochornosas campañas anticipadas, sustentadas en la imagen acicalada de los aspirantes. 

Hoy la democracia no está presente, ni siquiera en sus mínimas requisitorias. A la crisis de los partidos políticos ha sobrevenido la idea de que la expansión hegemónica del oficialismo es una ruta que habrá de coronarse por su éxito, sustituyendo al gobierno actual que ha naufragado en rencillas, corrupción y creciente inseguridad, tanto en la ciudad como en el medio rural. 

A las organizaciones empresariales, por no decir el capitalismo aquí existente, les importa muy poco el destino del estado de Chihuahua; para ellas la simple posibilidad de contemporizar con el poder –del signo que sea– es una vía regia en la medida en que sus negocios y el contratismo queden debidamente sellados y garantizados. El mundo para ellas va bien si sus negocios florecen, si sus ganancias, acciones y cuentas bancarias continúan engrosándose. 

Las iglesias, no obstante la distancia que ha de existir por la separación constitucional vigente, mantienen la misma dinámica e influencia inane y se conforman con prevalecer, aunque las lecciones del Evangelio digan otra cosa y queden al margen. En paralelo, las universidades se mantienen ausentes de la vida real, y han renunciado, en los hechos, a jugar un papel crítico y autogestivo. 

La generación del feminismo insurgente de hace dos décadas se preocupa hoy más por sus relaciones con el poder que con la doliente causa de las mujeres. En buena hora el espontaneísmo ha salido a las calles en tres marchas históricas en los últimos años, anunciando que no todo está perdido.

Las instituciones electorales están postradas y los intereses mezquinos de los aspirantes al poder prácticamente están tutelados por su omisión, cuando no patrocinados facciosamente desde el poder.

Por otra parte, y como la realidad no pide permiso, la crisis que viene no está bajo la mirada de quienes pretenden el poder sin decirnos para qué. La sequía y la carencia de agua tenderá a crecer. La destrucción del bosque es atroz y ahora tiene de enemigo al crimen organizado que lo depreda. No hay preocupaciones ni acciones serias en torno al cuidado del medio ambiente. La industria maquiladora de exportación, con todas sus cadenas de suministro, están a merced del discurso del déspota Donald Trump, y la importancia de las relaciones comerciales que se han pactado con el  T-MEC son inciertas y están amenazadas por la errática política de Washington, y eso tiene importancia relativa en un estado fronterizo como el nuestro.

La economía del país, y por ende la de Chihuahua, no va bien. El salario no alcanza. La inflación tiende a crecer y la carestía de la vida amenaza, como siempre, a los que menos tienen. El país está estancado y el PIB no crece, y eso repercute en la fiscalidad del Estado, sin que propósito de reforma alguna. El gobierno de la república reparte dinero que luego se lo expropia el comercio, y la salubridad en la república ha hecho crisis hasta en aquellos aspectos en los que los problemas y epidemias potenciales estaban bien manejados y resueltos a buen rango.

Los medios de comunicación están vendidos y se han convertido en la voz del Estado. La denuncia de la corrupción se hace con fines utilitarios, no de justicia. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es una oficina más del Ejecutivo. La inseguridad ha crecido exponencialmente y con nuevas zonas de extraterritorialidad, mientras en las cárceles hay autogobierno.

Este es un simple racimo de problemas y de hechos. Ni pretendo agotarlos todos y mucho menos ofrecer soluciones que correspondan al concurso de infinidad de actores, colectivos e instituciones.

Frente a esto los que no están de acuerdo con el PAN y sus aliados, ni con MORENA y sus aliados, se levanta la pregunta: ¿¡Qué hacer!? Una opción, y parece que es la que más le gusta a los poderosos y autoritarios de los oficialísimos que aquí se bifurcan, es que todo lo veamos desde la banqueta y sin participar, vía que no conduce sino a la indolencia, al exceso y abuso del poder y el inmovilismo, en el cual, cómodamente, se ubican quienes están en la esfera del poder público para hacer y deshacer sin rendir cuentas a nadie.

La otra es decidirse a actuar, tener el coraje de levantarse ante esta situación difícil, como la que pinta la coyuntura actual.

No será la primera vez que los chihuahuenses se coloquen frente a un escenario de esta naturaleza. Para mí, el diseño de una tarea de esta dimensión, y por sus repercusiones al resto de la república, ha de partir del propósito de contener a MORENA en el estado de Chihuahua, impedirle el paso al poder, y enfáticamente advertir que tampoco la continuidad de lo que tenemos ahora con el PAN y sus aliados es solución alguna. Porque este representa, en la persona de Marco Bonilla, la expresión de la más rancia ultraderecha y dependencia del grupo cementero más importante de Chihuahua.

Quizá suene a retórica decir que es una hora en que los ciudadanos deben despertar, pues el estado de Chihuahua no puede estar a merced de que se le imponga a un Cruz Pérez Cuéllar, corrupto político carente de una propuesta confiable para Chihuahua. 

Por otra parte, la asunción de Andrea Chávez pondría a Chihuahua en la nunca aceptada dependencia de los poderes públicos locales al servicio de grupos externos, particularmente el tabasqueño, encabezado por el otro corrupto, Adán Augusto López Hernández. Ofrece la senadora ser un “relevo generacional”, pero en esencia lo que muestra es el aprendizaje del más ruin estilo priista de hacer política y la impunidad con que lo hace.

No necesitan decírmelo. Sí, es una tarea difícil. Pero no imposible.

En este texto doy noticia de esa práctica en el estado de Chihuahua, con la pretensión de abonar a que se documente el fenómeno en el resto del país.

El estado de Chihuahua vive hoy, como nunca, el desprestigio de su clase política, absorta y enajenada como está, con su mirada puesta en el horizonte electoral de 2027. Las pretensiones por obtener cargos públicos en una democracia bien consolidada no representaría ningún problema, ningún sobresalto normativo. El asunto es que los aspirantes, representantes de prácticamente dos bandos políticos, han estado en campaña desde hace por lo menos dos años. Es decir, llevan más de 24 meses violando las leyes electorales sin que el órgano especializado, el árbitro en los comicios, representado por el Instituto Estatal Electoral, se anime a actuar frente a esa realidad.

Acicateados por el gobierno panista encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la mayor parte de la prensa (escrita y digital) que sobrevive gracias a las subvenciones del erario vía publicidad, onerosa en el caso de los rotativos El Heraldo de Chihuahua y El Diario, tanto de Chihuahua como de Juárez, se convierte en el escaparate para poner en juego las piezas del ajedrez electoral. Se le empezó a llamar “galopada”, al menos a la de su partido, y la gobernadora hace uso del término para incitar y luego, simuladamente, llamar a la calma de los impacientes funcionarios que en realidad se han puesto a competir bajo el arbitrio de Campos Galván.

En el contexto político de Chihuahua, el término “galopada” se refiere a la carrera interna y anticipada entre los aspirantes a suceder a Maru Campos en la gubernatura para las elecciones de 2027.

La gobernadora en realidad reafirma su control sobre esa “galopada” y de los tiempos políticos cuando reclama que “no ha muerto el rey (en este caso, la reina” y exige respeto a su investidura frente a los destapes prematuros.

Sin embargo, anticipa que próximamente habrá licencias o renuncias en su gabinete, por funcionarios que buscan competir en el proceso electoral del próximo año, apalancados en sus cargos.

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional del PAN acaba de definir sus reglas para las gubernaturas, lo que formalmente marca el inicio de la “galopada”.

Así, entre los panistas encontramos a aspirantes como César Jáuregui Moreno (Fiscal General), quien busca la Presidencia Municipal de Chihuahua; Marco Bonilla (Alcalde de Chihuahua) quien busca la gubernatura; Gilberto Loya (Secretario de Seguridad Pública), también aspirante a la gubernatura; y Rafael Loera (Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común), entre otros, que también buscan una u otra posición.

Hay un caso de plano más abierto: el del senador Mario Vázquez, quien hace poco declaró a la prensa que la candidatura (al gobierno del estado) debe “construirse en consenso” con la actual mandataria.

Del lado de MORENA, cuyo partido se ha venido posicionando como el más fuerte oponente del PAN en el estado, también varios aspirantes han roto las reglas con campañas abiertamente electorales. Es el caso del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; la senadora Andrea Chávez, o la diputada local Brenda Ríos, esta última que aspira a la candidatura de su recientísimo nuevo partido para buscar la Presidencia Municipal de Chihuahua.

En todos los casos, invariablemente, se utiliza el mismo modus operandi para violentar las leyes electorales vigentes en la legislación local: usar el nombre de revistas (la mayoría fantasmas) para simular entrevistas que luego el supuesto medio publica como si fuera una portada en decenas de costosos anuncios espectaculares dispersos por toda la ciudad, o por todo el estado, según el foco de atención requerido.

Hay un caso, quizá el más cínico, el de la exdiputada y actual dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, en cuyos anuncios espectaculares sólo muestra una silueta, sin un rostro y con colores (que en política importan) que antaño usaba el PAN: azul y naranja, pero agregando mañosamente el rojo, y una leyenda que dice: “Daniela tiene carácter”, cuyo eslogan, en los barrios marginales se traduce y se pinta en bardas como “Daniela es cabrona”. Con esos trucos, la dirigente panista aduce que no se le puede adjudicar tales elementos publicitarios.

Otro punto es que los aspirantes a la gubernatura, Pérez Cuéllar por MORENA y Bonilla por el PAN, se “placean” en municipios que no les corresponde, hasta entregan obras o donativos y hacen uso de recursos del erario para promocionarse, incluso en la Ciudad de México o hasta en Washington, DC, con el supuesto pretexto de coordinar apoyos, facultades que, obviamente, sólo le corresponde al Estado mexicano, quiero decir, al gobierno federal y sus vías diplomáticas.

Hay, en general, mucha simulación, lo cual genera risas nerviosas porque, como se sabe, si estos aspirantes hablan de combatir la corrupción, no se ve cómo estén dando el ejemplo en estos días y desde hace dos años.

Con el título de esta entrega parafraseo al clásico reportaje de Francisco Ortiz Pinchetti que escribió para Proceso hace cuatro décadas, y en el que reportaba unas carreras de caballos en el municipio de Buenaventura, Chihuahua: “Cuando los narcos de Chihuahua apuestan, ni el gobernador los para”.

Quienes estamos en los medios y participamos de eso que se llama “construcción de opinión pública” sabemos que es lo normal, lo habitual, ordinario, y que se aspira, cuando se actúa con seriedad, congruencia y dignidad, a que los reproches, reconvenciones y réplicas sean de buena calidad, aunque contengan ideas que duelen. En el caso que comentaré no ha sido así. Doy algunos antecedentes:

Previne en una publicación que la gobernadora María Eugenia Campos Galván iba a instalar acerados muros de contención contra el movimiento de las mujeres en su Día Internacional. Luego noté el pasado 8 de Marzo que incrementó la dosis y que se implantó, de facto, un estado de sitio para autoprotección de la clase política en el poder, mostrando el inocultable miedo que tiene por el efecto liberador que desatan las mujeres violentadas, excluidas, pretendidamente subordinadas a la añeja cultura del patriarcado, que en este día ejerció con saña la patriarcal mujer –hablo de la gobernadora– que de súbito se enredó en la bandera de la protección del patrimonio cultural, que dicho sea de paso, está abandonado por el estado.

Contra esas opiniones plasmadas en mis textos y puestos en circulación con mi firma –no reclamo originalidad ni autoría– se levantó la granja maruquista de bots y me llegaron cientos de denuestos e insultos. 

De modo similar cuestioné que la presidenta de la república hiciera lo mismo en el Zócalo capitalino, lugar sagrado desde donde ejerce monopolio el morenismo, y ocurrió lo mismo: sus incondicionales y acríticos seguidores salieron a combate como una turba de fanáticos, homólogos a los del nazismo, aunque todavía sin pasar a la violencia directa y corporal. Actuaron algunos también desde sus granjas de bots. Son iguales, aunque digan lo contrario, y ninguno soporta la crítica.

No es la primera ni será la última vez que he sorteado circunstancias de este tipo a lo largo de los años de mi vida consciente, cuando empecé a correr los riesgos que se asumen cuando se ejerce una oposición fundada y pertinaz. Parece inútil meterse en camisa de once varas para exigir derechos y justicia; pero en realidad es la única forma de ser ciudadano activo, reclamante, crítico, ajeno al silencio complaciente, utilitario –y hoy cibernético– de fanáticos en una sociedad cargada de agravios. 

Hay quienes hasta recomiendan falsamente esas conductas como una forma de resiliencia, bajo el gastado lema de que “calladito te ves más bonito”. No es mi caso. Los bots me gritan desde las redes sociales “¡estás viejo!, ¡ya pasó tu tiempo!, ¡ya siéntate!, ¡quítenle el celular!” y otros dichos de idéntica índole miserable. 

Aparte de la discriminación obvia, que lo mismo se puede llamar “edadismo”, “etarismo” o “gerontofobia”, no vi ni detecté ningún argumento serio y sustentado. Esos que me insultan suelen ser los mismos que apoyan a sus ancianos venerables o dar consejo de que el ser humano debe estar de pie hasta el último momento, lo que revela una incongruencia y una hipocresía de su parte.

Que estoy y soy viejo, ya lo sé, y lo asumo con gusto. Sé que he recorrido el camino y hace mucho le dí la espalda al mayor número de años de que voy a disfrutar de la vida, sin ninguna esperanza de una posterior, según los cánones de algunas religiones.

Cuando fui joven no faltó quien me dijera que era muy tierno para esto o para aquello, que esperara mi momento. Cuando llegué a la madurez me dijeron que sentara cabeza, que el inamovible PRI me esperaba con sus oportunidades. Y ahora me dicen: ¡Qué lástima que ya se te acabó el tiempo!, ¡llegó el crepúsculo!”. Comentando esto, hace tiempo escribí un texto que titulé Balada de la ciudadanía.

Cuando haya argumentos, bienvenidos. Cuando se me reproche un pasaje de mi modesta historia, que se precise y se delibere públicamente con todas las consecuencias. 

¿Me hiere esto? En realidad no. Gozo de la vida como el que más, porque para hacer política puse en acción una enseñanza de Francisco de Asís –sí, del santo– y jugar con la norma: “Necesito poco, y ese poco lo necesito poco”. Y dar batallas basado en esta norma, molesta mucho a la arrogancia del poder y a sus ciegos seguidores, acostumbrados al patrocinio apoyado en el erario, o en los recursos de algún otro poder fáctico. Gracias a esa norma es que no me quedo con las ganas de actuar o con los puños apretados dentro de los bolsillos, y cuestiono lo que veo que está mal en la vida pública de esta sociedad, a la que pertenezco, y en la que se lanzan vituperios a los hombres y mujeres opositores por el solo hecho de haber alcanzado la vejez.

Cuántas veces no hemos visto al buscador de invalidez inventada, al sediento de jubilación, y al joven que se autoinutiliza. En mi casi no hablo de un segundo o tercer aire. Simplemente ha sido mi carácter y mi energía la que me mantienen de pie.

No pierdan su tiempo mis detractores lanzando esos dardos contra mi persona. Hace mucho aprendí de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que “el hombre no está hecho para la derrota”, y que “un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”. 

Por demás está decir que emprendí mi camino por otra ruta y han de entender que para mí es una ordinariez enfermiza estigmatizar a las personas sólo por la edad que tienen. 

Por lo demás, ya lo dijo Goethe, aunque se le atribuye íntegro a Cervantes:

Más siempre atrás nos ladran,

ladran con fuerza.

Quisieran los perros del potrero

por siempre acompañarnos

pero sus estridentes ladridos

sólo son señal de que cabalgamos.

En particular su compañera diputada, María Damaris Silva Santiago, ubicada a sus espaldas, hacía caras y gestos cada que aquel, por otro lado, agradecía a los líderes de la oposición haber llegado a un acuerdo para el nombramiento, por unanimidad, del auditor superior de la federación, Aureliano Hernández. Otro tema con lo que ocultaba la derrota de un intento de reforma que inició muerta, y en clara autodefensa de su pellejo.

Monreal es un repentino orador de la vieja escuela (ignoro si compró algún manual de los muchos que circulaban a mediados del siglo pasado para capacitar en el arte del buen decir). 

Pero más allá de esto quiso dar la imagen de un parlamentario bien plantado, con una imagen de buen vestir, pausado, moderado, pero al fin amenazante cuando anunció que MORENA irá por el plan B de dicha reforma, en una actitud sin duda revanchista que pretenderá convertir la derrota en triunfo, que para eso ya cuentan con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por adelantado validaría el monstruo jurídico que puede salir de esa venganza.

Benito Juárez, quien estuvo ausente del discurso de Monreal, siempre consideró una actitud bajuna alterar las reglas del juego cuando ya los procesos se han pactado para correr las consecuencias que resulten. Lo que padeció ayer la presidenta Sheinbaum y su partido fue un fracaso, y punto. No hay más que decir.

Pablo Gómez, el comisionado para la reforma, quiso pero pudo sacarla adelante. Nunca un arrogante y soberbio se debe poner al frente de un proceso que implica negociación y reconocimiento de los otros, de los diferentes, de los que también existen aunque no se quieran. 

Estos hechos ahora están siendo tomados en cuenta para decir que en realidad la presidenta dejó correr su iniciativa electoral hacia el precipicio, insinuando que no le afecta en su credibilidad para construir una gobernanza que se palpe en los hechos. 

Ella decía que ya había cumplido su compromiso de campaña que escuchó como clamor popular con muy buen oído, porque realmente nada se dijo en el proceso electoral al respecto; pero en realidad el compromiso es con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, empeñado en opacar a su pupila. 

En los coros que vimos para darle realce a Monreal, escuchamos la cantinela de que “es un honor estar con Obrador”. No se dan cuenta que demeritan a su presidenta, a la que también coreaban, negándose a sí mismos como parte de otro poder. En fin, no asistimos a escuchar en boca del oficialismo sino una retórica anquilosada y hueca. 

Reportan los medios que después del percance legislativo hubo un after en Palacio Nacional al que asistieron los líderes acusados de traición (PT, PV), el propio orador Monreal; Ignacio Mier, líder de los senadores morenistas, y alguien más. Se consolaron mutuamente y dijeron que van por la revancha. 

Pero los números hablan: no hubo mayoría calificada; MORENA llegó con 259 votos; los adversarios con 234, y una abstención y seis ausencias, entre ellas la de Olga Sánchez Cordero, quien careció de enaguas para ir a pronunciar sus argumentos, como lo hacía cuando era ministra de la Suprema Corte, o al menos votar en contra. 

Dos cosas más. La primera es que frente al desquite anunciado, ya en los medios académicos e intelectuales se habla de que otra reforma es posible y con aliento realmente democrático, no como la que recién ha muerto. La segunda es que Ricardo Monreal será el tutor de los morenistas chihuahuense durante el proceso electoral del año entrante, y este tipo de tutores, más allá del poder que despliegan, contribuyen a algo nefasto: impiden pensar por cuenta propia. 

Por lo pronto el PT y PV, como los tiburones, ya probaron la sangre y es probable que se hayan hecho adictos.

Ahora estamos en presencia del escándalo en torno a su “mansión dorada”, una versión provinciana de lo que representó la famosa “Casa Blanca” peñanietista hace unos años. Cuando este hecho sale a la luz pública por parte de un par de medios (uno nacional, otro juarense), en Chihuahua la prensa subvencionada por la gobernadora se obstina en ocultar información sobre el tema, a pesar de las evidencias expuestas.

Antes de que se publicara la construcción de la Casa Dorada, ya todos en la entidad sabíamos algo al respecto. Hoy hemos pasado a los detalles de todo tipo: lugar de la mansión, los lujos que contiene, el catálogo mobiliario europeo y hasta los datos de las redes familiares y políticas involucradas. Se puede decir que se trata de la misma casta de corruptos que han tomado a Chihuahua como territorio para enriquecerse, seguros de que la impunidad prevalecerá en su favor.

Lo divulgado hasta ahora, aunque no se haya dicho técnicamente desde un enfoque jurídico, evidencia que están presentes delitos que pueden denunciarse para que se abra una investigación y se procese a quienes están al frente o detrás de este bochornoso suceso, que denota la persistencia de la corrupción de una clase política voraz y expoliadora de la que son ejemplos Patricio Martínez, César Duarte, Javier Corral y ahora la actual gobernadora de la entidad. 

María Eugenia Campos recién presentó su Cuarto Informe de Gobierno. Lo hizo con desprecio al marco constitucional. El evento fue una reunión de familia consanguínea, afín y política. La compra de la prensa se hizo patente con más de cien planas laudatorias distribuidas en cinco suplementos encartados en los dos periódicos que circulan en el estado. 

Se trata de una gobernadora que, no obstante que va en declive, tanto el presidente nacional del PAN, el ultraderechista Jorge Romero, como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la también panista Kenia López Rabadán, la vinieron a recomendar como un importante activo político rumbo a la candidatura presidencial de 2030. Eso revela el déficit de liderazgos que tiene el viejo partido azul y el desconocimiento de la realidad del estado norteño –lisonja de por medio– que tienen ambos personajes.

En Chihuahua hay un ambiente de lucha por el poder al margen de lo que dispone la Constitución. Pareciera que llegar a la gubernatura del estado es el más preciado botín que puede enriquecer a una camarilla y a un solo hombre o mujer. De esto nadie se salva; ningún partido, a través de su representación congresional, está obligando a la rendición de cuentas ni a ninguna entidad por responsabilidad en el desempeño. La Auditoría Superior, además, violenta el principio universal de que auditor y auditado deben ser diferentes, porque en realidad son del mismo bando.

Lo pertinente, en congruencia con el derecho actual, es que se inicie una averiguación penal de inmediato. No lo hará la clase política en general. Tampoco veo en el horizonte una asociación civil o ciudadana que lo esté considerando; y esto es más que lamentable porque, siendo omisos al respecto, lo que se siembra al final es desaliento, demostrando que cuando un personaje con poderío comete estos desmanes, porfía de que nada sucederá a continuación. Es, pues, el reino de la impunidad.

Ojalá con el tiempo, en el caso concreto, esto tome el curso debido, y que la gobernadora pague sus deudas pendientes con la justicia y la responsabilidad pública. 

Empero, hay un tema que me gustaría agregar: ¿en qué están pensando los gobernantes del tipo de Maru Campos?, ¿en dónde tienen puesta la mirada?, ¿cuál es el objeto de sus aspiraciones? Feuerbach, un viejo y olvidado filósofo alemán, dice que en un palacio se piensa de otro modo que en una cabaña.

En este caso Maru Campos está construyendo su propio castillo kafkiano al que no cualquiera puede ingresar porque es un lugar reservado y especial, sobre todo divorciado de la realidad que le circunda. Entonces, Maru está pensando en ella, no en sus representados. 

A tanto llega su miseria que recurre al expediente personalísimo de decir que su marido, Víctor Cruz Russek, fallecido recientemente, le heredó esa finca porque quería “regalársela a su vieja”. Pretende que ignoremos que su esposo fue por muchos años uno de los proveedores automotrices favoritos del gobierno del estado, que la historia misma del bien inmobiliario transpira corrupción. No es, siquiera, una historia como la de Romeo y Julieta.

Pero, más allá de eso, veamos que lo que Campos Galván tiene como preocupación central es su lujosa casa y sus propiedades, su triunfo patrimonial en la vida, producto de su posición política y gubernamental. Los invitados de la clase política y oligárquica acudirán y disfrutarán del palacio y el castillo para que se sepa quién es quien, y atestiguarán que Maru Campos ya es una de las suyas. En otro términos, vivir en una sociedad del vacío, aunque afuera del residencial Bosques de San Francisco todo sea inseguridad, crisis, marginación y miseria.

Es lamentable, por otra parte, que se recurra a la viudez como un motivo que concita compasión. No imagina que hoy existen quienes, como algunos filósofos, consideran a esta como una virtud bajo sospecha. En todo caso, estamos en presencia de un tema que Balzac, el gran escritor francés, trató bajo el rubro de la fisiología del matrimonio. 

En fin, la clase política a la que ahora pertenece Maru Campos huele a corrupción. Es deseable que lo que se ha develado públicamente no quede en mero ruido. Los medios que han revelado el caso le han prestado un gran servicio a la comunidad, pero las denuncias formales están pendientes.

La agenda de las mujeres, desde entonces, ha crecido alimentando una reivindicación profunda para desterrar el patriarcado, y al paso de las décadas el catálogo de sus reclamos crece y se nutre de una lucha constante, horizontal, reflexiva, democrática, que ha ganado espacios en todos los órdenes de la vida: la política, el gobierno, la economía, la empresa.

No obstante, hay áreas grises en las que todavía se resiste lo que es imbatible: la inclusión plena en una profunda visión de humanismo integral. Hemos asistido en estas últimas décadas a una transformación tangible, que se distancia de aquel viejo sentido de que las revoluciones cambiaban las sociedades de un día para otro. Aquí ha habido un camino progresivo de conquistas y de construcción de pensamiento que está en acción en gran parte del planeta.

Hoy, el 8 de Marzo debe llamar a la reflexión sobre la institucionalización, particularmente gubernamental, y cuánto ese proceso ha trabado su sentido liberador. Es evidente que desde la esfera del gobierno se deben atender, con perspectiva de género, los problemas que afectan la vida de las mujeres; pero también se ha de cuestionar en qué medida traba la autonomía que ha caracterizado su lucha llevándola al alto nivel que tiene.

Ese Estado que institucionaliza, que crea secretarías o institutos de la mujer, es el que también, a la par, pretende contener su fuerza y su despliegue. En los últimos años hemos sido testigos de las murallas de acero con las que el poder se protege de las manifestaciones.

No se ha logrado construir un entendimiento que cancele los muros, respetando la libertad de manifestación. Se aduce, por parte de los gobernantes, de una defensa de los bienes particulares y del patrimonio cultural y arquitectónico construido, desentendiéndose de que hay una rabia que hasta ahora se contiene, año con año, y que resume la violencia de todo tipo que se ejerce contra las mujeres.

Esto va desde el feminicidio, el desplazamiento forzado, el hostigamiento sexual en los centros de trabajo, la violación, la discriminación por razones de género, la ausencia de justicia para ellas, y la evidencia en las paredes, porque a veces no tienen otro recurso, donde se inscriben los nombres de los agresores, frecuentemente impunes a la vista de todos y en ejercicio de funciones públicas.

Hace un año, por ejemplo, muchos nombres de agresores se estamparon en paredes y en los propios muros de acero; quisiéramos saber si a partir de esos nombres se realizó una investigación puntual, como se prometió, con resultados concretos y transparentados a la sociedad, como un mecanismo de doble filo: la denuncia callejera convertida en investigación real, y argumento para que las víctimas acudan a las fiscalías a demandar justicia y no se vean en el extremo de que los muros revelen la ineficacia de un gobierno en la atención de un problema que le sirve para sus discursos demagógicos.

Una característica del feminismo de los últimos tiempos ha sido la inclusión horizontal de todas las mujeres en todas las acciones, sin importar contradicciones ni condiciones sociales, y mucho menos la operación de la navaja ideológica que divide campos y crea adversarios.

Cómo no recordar a la activista boliviana Domitila Barrios, que participó en representación de su país en el encuentro de mujeres organizado por la ONU en México en 1975, donde, a decir de una periodista sueca que cubrió el evento, “Domitila vivió lo que otras hablaron”. Con esto quiero decir que el movimiento de las mujeres es diverso, y también tiene momentos de encuentro por agendas comunes, pero su autonomía obliga a una independencia con prioridades al interior mismo del movimiento.

Se entiende esto en un complejo proceso de acumulación de fuerzas, indispensable para obtener conquistas; pero hay un contraste con la práctica de cohabitar con los gobiernos en la búsqueda de posiciones burocráticas, o financiamiento que, dada la magnitud del movimiento de las mujeres, no tendría porqué recurrir al Estado.

En este contexto, la prensa ha divulgado imágenes de encuentros obsequiosos de liderazgos de mujeres, algunos históricos, con la gobernadora Maru Campos, constructora de muros que van en contra, precisamente, de la lucha feminista, y en general de las mujeres. Esos encuentros en realidad no conducen a ninguna parte, si lo vemos a la luz de los reclamos que han aflorado en las marchas.

El 8 de Marzo significa lucha en las calles, fuerza de las mujeres y profundo reclamo a la sociedad patriarcal y a quienes, lejos de construir consensos, anteponen muros de acero.

Por un 8 de Marzo sin barreras.