El plebiscito que se pretende para dirimir la disputa en torno al proyecto “Iluminemos Chihuahua” indubitablemente tiene un aspecto político; pensar lo contrario sería en el más leve de los casos un autoengaño. 

Pero eso no es el problema, el problema está en si se da o no la oportunidad de que los ciudadanos del municipio de Chihuahua participen de la decisión última mediante la propia consulta y la emisión de un sí o un no. En otras palabras, si se nos reconoce la mayoría de edad para participar en el procesamiento de una decisión que a todos nos atañe. De los dientes para afuera, algunos personeros del gobierno municipal dicen que les gusta la democracia participativa, pero en los hechos quieren dar un viraje a la disputa en ciernes. 

Tal es el caso de sesgar el diferendo a una riña entre antiguos correligionarios: de un lado Cruz Pérez Cuéllar, del otro Campos Galván y Arturo García Portillo. No desconozco que pueden tener diferencias, aunque son más las afinidades, pero eso ni remotamente está como aspecto central de la contradicción con el proyecto multimillonario, tanto Cruz como Campos Galván están construyendo su escalera hacia el poder en el estado y lógico es que quieran presentar las cosas en razón de esas pretensiones. Pero el plebiscito, distante de ese pleito, lo que quiere es pulsar con la ley en la mano lo que la ciudad quiere y esto no se puede perder de vista, ni permitir que se dañe el proyecto democrático imponiendo una contradicción que obedece a otros intereses. 

García Portillo, asesor de la alcaldesa, encontró en su administración el refugio que le conviene a un ultraconservador que viene de una raíz inocultable, baste decir que ha colaborado con Bravo Mena, con el inefable Espino y con el mismísimo Cruz Pérez Cuellar, pero sin duda se trataría en la coyuntura de un personaje menor, así sea que esté encargado del proyecto iluminativo.

En cambio, Campos Galván y Pérez Cuellar –y de ahí el origen de las dudas y certidumbres que los manchan– son antiguos cómplices de César Duarte Jáquez, y si la “Operación Justicia para Chihuahua”, orquestada por Javier Corral, no los ha alcanzado, podría hacerlo en cualquier momento, por razones de partido en unos casos, porque ya se le pasó la oportunidad debido a su impericia, y por razones de compadrazgo, por incuria, simple negligencia o lo que es la marca de su casa gobernante: la holganza. 

Entre tanto y con el apoyo de sus amigos con cargo a la nómina, hasta a Peña Nieto quiere meter a la cárcel, cuando ya se enredó tanto que ni puede con Duarte –la bestia mayor– ni con Jaime Herrera Corral, que lo tiene a tiro de pedrada y toma café en las oficinas de algunos de sus secretarios. 

Hay política, ciertamente. Pero la consulta es la consulta y no se le puede negar a los chihuahuenses. La verdad es concreta.