En estos días, tal como se decidió en diciembre del año pasado, iniciará el debate en el Congreso de la Unión sobre el proyecto amloista de crear una Guardia Nacional que nada tiene que ver –salvo el nombre– con la vieja institución que recogió el constitucionalismo mexicano desde hace ya bastante tiempo. Realmente de lo que se trata es de darle un barniz de constitucionalidad a la intervención de las fuerzas armadas en asuntos reservados, estrictamente, a la esfera civil del Estado. 

Dejo de lado –porque ya se ha martillado mucho sobre ello– que la propuesta va por las antípodas de lo que propuso López Obrador en su larga marcha en pos de la Presidencia que ahora tiene. Lo central es la injerencia que se les daría a las fuerzas armadas hacia el futuro, distorsionando la buena historia del país que nos explica los porqués de ir marginándolas de los caminos políticos que las pueden llevar a convertirse en indispensables y se propongan desterrar el civilismo.

Muchas voces, nacionales e internacionales, las organizaciones que preconizan una visión derechohumanista para México han expresado su rechazo a la pretensión de López Obrador en esta materia. Vamos a esperar el resultado de este proceso. 

Lo que cada vez queda más claro es que se dan dificultades para obtener la mayoría calificada que se requiere para la reforma de la Constitución General, por una parte; por otra, que si no hay –como es previsible– mando militar, la reforma misma queda sin sustancia. Salvo que sea un parapeto más a la simulación que ha habido en este delicado asunto.