De acuerdo al informe denominado “Mexico 2016 de Human Rights Report”, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el exgobernador César Duarte es objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de las denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación en el último año y medio.

De acuerdo al documento, en el tema sobre corrupción textualmente cita: “En el mes de octubre, la PGR procesó y emitió una orden de arresto contra el gobernador de Veracruz quien se mantiene oculto. A mediados de año (2016), la ASF presentó cargos penales en la PGR contra 14 gobiernos estatales por apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos federales. La ASF también investigó a varios gobernadores estatales, entre ellos los exgobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Las investigaciones continuaron al final del año”.

El tema de la corrupción duartista hace tiempo que trascendió las fronteras del país. El escándalo de corrupción política en la que César Duarte y sus cómplices involucraron al estado, navega ya en los escritorios de uno de los burós más informados del gobierno estadunidense, país en el que eventualmente se ubica al excacique chihuahuense so pretexto de buscar la medicina texana para los daños colaterales de su despotismo.

No es todo: el nombre de Chihuahua aparece otras tres ocasiones en el referido informe y todas las veces se le relaciona con aspectos que van desde pésimas condiciones laborales, especialmente en la frontera maquiladora, la corrupción, el homicidio y la tortura, últimos dos rubros estos en los que se vincula, incluso, a militares del 35 Batallón de Infantería con destacamento en Nuevo Casas Grandes. En este caso, el documento del Departamento de Estado de EUA da cuenta del caso del coronel Elfego José Luján Ruiz, entonces comandante de dicho Batallón, sentenciado a 33 años de prisión en enero pasado por la tortura, muerte y entierro clandestino de dos hombres. Cinco soldados más del mismo destacamento fueron sentenciados a 33 años de cárcel y dos más a 39 meses sólo por cargos de tortura.

Si a ello se suma la ola de violencia que ha atemorizado nuevamente a amplios sectores de la población, tendremos el nombre de Chihuahua de nueva cuenta en la mira de la prensa internacional y de gobiernos extranjeros.

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Nota: La foto que ilustra esta columna pertenece a la portada de Reporte Indigo en su edición más reciente. Consúltala AQUÍ