El temporal lluvioso que se abate en el estado y en particular sobre la ciudad de Chihuahua, debe movernos a reflexión sobre la gestión de los gobernantes en torno a la atención de las prioridades en infraestructura, de una parte para la seguridad de la población, y de otra para evitar daños que puedan perjudicar a la planta industrial que eventualmente se podría ver afectada de manera grave. No ha mucho tiempo se evidenció el riesgo en que estuvo el aeropuerto internacional, sin que se fincaran responsabilidades en contra de nadie, en una área tan sensible de la comunicación y el transporte.

Tres aspectos sobresalen en todo esto. La falta de un riguroso plan para el desarrollo y el crecimiento de una ciudad que, desde 1959, cuando se inauguró la canalización del río Chuvíscar, no ha visto ninguna obra hidráulica de esa estatura, sin dejar de reconocer que algunas cosas se han hecho, pero no en atención a la proyección requerida. Para nadie es desconocido que la voracidad de unos cuantos grupos inmobiliarios y la permisividad de las autoridades, en particular las municipales, han privilegiado los enormes negocios en detrimento del interés público a la hora de definir los escurrimientos y cuencas por donde se desplaza de manera natural el agua que se ven truncados, provocando que haya puntos de alta peligrosidad, por una parte, y riesgos de inundaciones con daños materiales y potencialmente con pérdidas de vidas. El mercadeo de la autorización de usos de suelo es un drenaje de corrupción al que hay que ponerle atención.

En segundo lugar, les ha dado a los gobernantes emplear los recursos públicos sin una jerarquización de prioridades, invirtiendo grandes recursos en obras que ciertamente puedan tener alguna justificación, pero que no son las necesidades que hay que paliar con los recursos del erario. En este caso están tanto la remodelación del llamado Centro Histórico, como una serie de puentes, el fideicomiso de la calle 11 – Venustiano Carranza, el Vivebús y los fraccionamientos de las élites. En realidad, los presupuestos se han venido convirtiendo en complementarios de la inversión privada; y entonces, colonias con una historia de más de cien años están en condiciones deplorables, como la Industrial, Obrera; y otras más recientes, como San Felipe y las aledañas a la avenida Universidad. De la periferia, ni qué hablar: cuando los desastres naturales golpean, como bien se sabe, lo hacen en primer lugar afectando a los más débiles, tratándose de recursos económicos.

Por último, la desatención al estado de las calles es proverbial. Eso ocasiona a los usuarios de vehículos automotores daños y gastos excesivos que superan al gravamen del predial, que mínimamente debiera verse reflejado en vialidades bien diseñadas y con mantenimiento que les de perdurabilidad. Por último, se han hecho obras sin proyección de futuro y que siendo tan costosas se debieron haber pensado con una perspectiva de cincuenta años, mínimo, como sería la especie de distribuidor vial por donde se desplaza la gente al aeropuerto, al sur de la ciudad de Chihuahua, o la obra del arroyo de La Cantera.

Ya basta de dilapidar los recursos públicos en obras de relumbrón, como aquella que emprendió Patricio Martínez con la Plaza del Ángel, o el rediseño de fachada emprendida por Duarte en el edificio Héroes de la Reforma. La misma construcción de la Ciudad Judicial está por debajo, como prioridad, frente a la posibilidad de que tuviéramos un buen drenaje pluvial. Pero para la estrecha mente de quienes ejercen el gobierno, las obras que no se ven están en segundo lugar, y sepultar grandes recursos en una obra necesaria, simplemente para ellos no lleva la marca personal evidente a los ojos del ciudadano.