En el controvertido asunto de la prisión preventiva oficiosa, decretada por el gobierno lopezobradorista como expresión de un derecho penal de raíz autoritaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido matizarla, sacando del catálogo, y sólo parcialmente, alguno de los delitos fiscales que se habían previsto.
Sin duda el presidente habría querido que de manera obsequiosa la Corte hubiese avalado su visión, pero sufrió un descalabro.
El senador morenista Rafael Espino de la Peña, de filiación derechista pero refugiado en la Cuatroté, ha coincidido con la decisión de la Corte y expresado su discrepancia con la visión de López Obrador. En un artículo publicado por él en las páginas de El Heraldo de Chihuahua, celebró la decisión del máximo tribunal, razonando que al conducirse así lo hace en apego y refrendo de lo que establece la Constitución General de la República.
A juicio de esta columna, es una actitud correcta, porque el disenso es consustancial a la cultura democrática. Señalo esto como fundamental, aunque no me olvido que el senador se dedica profesionalmente al litigio fiscal y probablemente el aliento de sus intereses lo haya llevado por esa ruta, como es también consustancial en toda democracia que se precie de tal.