En Chihuahua existe una reserva social bien capacitada que debiera ser tomada en cuenta para el reclutamiento del funcionariado público. Pensar lo contrario sería tanto como creer que estamos en cero, ayunos de hombres y mujeres con formación, profesionalismo y ética de la responsabilidad. La realidad es que no es así; hay de dónde tomar talento y experiencia. Esto me parece fuera de toda duda.

En lo que tengo certidumbre es que hay pésimos mecanismos de reclutamiento de ese funcionariado, lo que significa una gran pérdida para la sociedad que no se ve reflejada en lo mejor de los hombres y mujeres que pueden ocupar cargos de primer y medio niveles y que enriquecerían, a la vez que fortalecerían, lo que puede llegar a ser un buen gobierno, más allá de las diferencias políticas y partidarias que podamos colocar como premisas para la toma de decisiones de selección y nombramiento.

La ciencia política y la teoría avanzada de la administración pública recomiendan que lleguen a los cargos –altos o bajos– personas eficientes y eficaces, respaldados por una historia de vida con significación para colocarlos en las áreas fundamentales de la administración pública y especialmente de la centralizada, que dependen de los gobernantes electos, a los que hay que visualizar con las limitaciones propias para la comprensión de las complejas realidades que tenemos. Si bien suelen presentarse estos gobernantes como todólogos, muy lejos están de serlo. Un buen gobernante es el que reconoce sus limitaciones y se convierte en coordinador directo de las múltiples capacidades que hay que complementar para que la cosa pública avance por buena ruta.

Esto que es un ideal eminentemente lograble, jamás ha sido realidad que caracterice a los gobiernos de Chihuahua, y es frecuente, por tanto, que encontremos nombramientos que divorcian totalmente al funcionario de la capacidad necesaria para el área del poder público que se le entrega y por la cual debiera responder si hubiese buenos mecanismos de rendición de cuentas. Esto es tan recurrente que ya la sociedad lo ve como cosa normal y de ahí que se hable de cómo se partió el queso, cómo se repartió el pastel y qué amigos y contactos se tendrá en el gobierno para seguir en la misma rutina que termina por envilecer la vida pública.

Se sigue practicando el sistema llamado “de reparto de despojos”. En ciencia política a esto se le llama spoils system y consiste en lo que entre nosotros se conoce como clientelismo –spoil en inglés significa botín– y consiste en una deleznable práctica mediante la cual las élites partidarias distribuyen entre sus propios militantes, familiares, amigos, compadres y simpatizantes los cargos institucionales y las principales posiciones del poder. En otras palabras que una vez ganadas las elecciones venga el anhelado reparto, que todo quede en familia y de ahí que se tenga un funcionariado mediocre, cuyas características son la “lealtad” en cualquier circunstancia, la obediencia ciega, la disciplina y el sistema muy conocido que sintetiza el lema: “yo te puse, tú me tapas y aquí estamos para cuidarnos las espaldas”. La complicidad se convierte en la práctica de la virtud cardinal.

A la luz de estas premisas, ¿cómo eligió Maru a su gabinete? Como un botín repartido en el pago de facturas partidarias: en primer lugar a sus cercanos del propio partido, pretendiendo asumir el estado de Chihuahua como si fuera el municipio que ella presidió, cuando son realidades profundamente distintas.

Se privilegió frente a los egresados de universidades públicas a los del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a lasallistas; luego se importaron figuras que en otras circunstancias resultan fácilmente reclutables en la tierra propia; por ejemplo, el encargado de Hacienda y finanzas es un egresado de una universidad patito y con documentables sanciones en cargos federales que no se tomaron en cuenta, y lo más delicado, sin la más mínima experiencia en el ramo. Iguales consideraciones cabe hacer de quien será el Fiscal General del Estado, neófito para el delicado encargo. El PRI recibió su pago, el PRD también, más allá de que las carteras que tendrán son de tallas muy grandes para quienes ya las ocupan.

El secretario de Desarrollo Social, me dicen sus amigos, no ha terminado el bachillerato y además fue removido de su encargo en el municipio presidido por la actual gobernadora. Por otro lado, lo digo con énfasis, el nombramiento de Javier González Mocken, por decirlo suavemente, es una sonora bofetada a la educación y la cultura: en sus tiempos remotos agredió como porro a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se abrazó con César Duarte cuantas veces pudo, fue suplente del alcalde Enrique Serrano, luego fue de MORENA y después, por el drenaje político, desembocó en el PAN como candidato municipal en Ciudad Juárez hace unos meses.

Lo más delicado de todo esto es que la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, reformada por diputados serviles a María Eugenia Campos, es inconstitucional, pero de eso me ocuparé en unos días más.

El lema sexenal será “Juntos sí podemos”, y en efecto, ya traen el botín entre sus manos, porque ese es el sistema de reclutamiento al que acudió la hoy gobernadora.