El tamaño de su miedo es proporcional al número de escoltas, camionetas blindadas y otros servicios de la Fiscalía para su seguridad posquinquenio. Javier Corral, César Augusto Peniche, Emilio García Ruiz, e inexplicablemente también Fernando Mesta Soulé, Secretario General de gobierno, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa el pasado 4 de marzo de este año para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con el propósito de que se les brinde el privilegio de recibir una “protección especial” en su calidad de exfuncionarios del gobierno que concluye.

Aparte de autotraicionarse, Javier Corral quiere continuar con prerrogativas económicas, del tipo de que gozaron los expresidentes de la república; además, su sueldo es exorbitante y nunca se correspondió con el trabajo que requirió Chihuahua para resolver desde el gobierno del estado los problemas de la región. Todo esto es un exceso que la sociedad repudia. En pocas palabras, es la pretensión de seguir viviendo a costa del erario.

Esa es una primera lectura. Hay otras que conviene tener en cuenta. Sin duda se abre a partir de la elección un delicado momento que puede ser caracterizado por el desencadenamiento de venganzas que van de las sencillas a las más graves, que podrían atentar contra la vida de dichos actores políticos o su allegados. Esto, a consecuencia de todo lo que encierra la accidentada lucha contra la corrupción política en el estado y las pugnas del poder inherentes en la elección de María Eugenia Campos Galván, con la complacencia, por decir lo menos, del preso de Miami y sus redes, que ya están presentes en la estructuración del ejercicio político del ciclo que viene.

La lucha contra la corrupción política desata odios enormes y también sed de desquites, más cuando se emprende como una forma de ganar u obtener el poder y emplearlo con ánimo de vendetta. 

Todos sabemos que hombres poderosos de la estatura de Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, Emilio Gamboa Patrón, César Duarte y otros que son de menor estatura, se sienten verdaderamente afectados por todo lo que ha sucedido a partir de que se inició la lucha cívica y genuina contra la corrupción política en Chihuahua, a la que sobrevino la acción del Estado bajo la gubernatura de Corral. Objetivamente pueden llegar tiempos difíciles, los adversarios no están incapacitados y además se fermentan en el vinagre del odio. 

Por eso el tema adquiere relevancia. Pero de ninguna manera genera la necesidad de dotar a los exfuncionarios de los enormes privilegios que piden. Demuestra, quepa el símil, que si fueran trapecistas nunca se subirían al columpio si no hubiera buenas redes. Siempre quieren caer en blandito y que los recursos fiscales les den el socorro que creen merecer. Actúan simple y llanamente como una clase privilegiada, parasitaria y engreída que sólo sabe luchar, como en el caso de Corral, si hay dietas, honorarios, viáticos, fuero, vida muelle y disipada que pensaron eterna y no con fecha de caducidad. 

No entienden, y al parecer jamás entenderán, que el funcionario público, del nivel que sea, está sujeto a correr el riesgo inherente de su propio trabajo, como el obrero industrial, el albañil que trabaja en las alturas, el bombero, el periodista que se compromete, en fin, quien tiene claridad de que los actos humanos tienen consecuencias, más allá de lo deseable. 

A esto se agrega, y habría que revisar el patrimonio de quienes iniciaron esta reforma legislativa, sólo para darnos cuenta de que con base en él, pueden solventar esa seguridad con sus propios recursos económicos y no incurrir en extender la mano para recibirlo todo del fisco, en un dejo de cinismo palpable desde cualquier arista.

Ensuciando la palabra “ética”, hay quien dice que ésta existe también en el lado oscuro de la sociedad. Hasta le llaman “código de ética”, muy acorde con la terminología neoliberal. Quiero decir que en el bando de la lucha anticorrupción se advierte a quienes lo hacen sin ningún sesgo para escalar en el poder político y quienes lo toman como la mejor escalera para ese propósito. Y si a eso se le agrega un cierto talante de persecución, se generan odios personales. 

Ojalá que todo lo que se insinúa en este texto jamás suceda. Que se respeten integridades físicas, mentales y de vida, que además estén a salvo los bienes legítimos, y sobre todo que el Congreso niegue la parte de la iniciativa con la que Corral quiere que se brinde de “seguridad y protección de personas y funcionarias públicas al concluir su encargo o nombramiento”. En la iniciativa se da como motivo la situación de inseguridad que enfrenta el país en la lucha contra las bandas delincuenciales, como si en Chihuahua esa lucha hubiese sido ejemplar por sus resultados.

Unión Ciudadana, desde 2014, ha hecho una apuesta por el derecho. Más vale un buen juicio, una verdadera cosa juzgada, que una secuela de venganzas dolorosas para todos, en especial para el interés público. Si de esto han salido ilesos hasta ahora muchos de los que luchan a capela o desde fuera de las estructuras de gobierno, porqué no pueden los altos funcionarios de este gobierno patrocinar su propia seguridad o buscarla con diligencia sin depender del siempre afectado patrimonio público. 

Y que haya una moraleja: quien quiera escalar al poder, entienda que no sólo hay gloria y placer, sino riesgos difíciles que asumir.