La investigación de los delitos, su procesamiento judicial y el castigo que puede llegar están en el orden público que la Constitución establece. Los gobernantes, y especialmente quienes están al frente del ministerio público (fiscalías y procuradurías), están obligados a actuar sin realizar consulta pública alguna. 

En lo particular está en marcha una consulta para determinar si se procesa a los expresidentes, cosa de lo más absurdo porque si hay elementos, y no dudo que los haya, se debiera proceder de inmediato; es más, se puede apuntar que vamos para los tres años sin que se haya hecho absolutamente nada.

La consulta que viene para mí es inútil, puesto que si hay materia, como dice el refrán, “ya le vamos dimos dando”. No hay justificación alguna para la dilación de la que todos somos testigos. En realidad, el artilugio de la consulta es otro más de los mecanismos del lopezobradorismo para continuar con la polarización extrema para buscar la hegemonía tan ansiada del adefesio llamado Cuatroté. 

En igual o similar sentido opino con relación de la revocación del mandato de López Obrador. Los que lo eligieron le otorgaron un mandato de 6 años, pero con igual finalidad quiere someterse a una especie de refrendo que a estas alturas le puede resultar adverso. Allá él. Por lo pronto me apunto porque se vaya.