Malos vientos corren contra el Estado de derecho. No pretendo dar una radiografía sobre esta materia, pero me bastan tres hechos para llegar a esa conclusión: el primero tiene que ver con el establecimiento de la prisión preventiva, que desmiente las mejores líneas hasta ahora establecidas para tener un sistema de justicia penal acorde a los tiempos que vivimos y con el propósito de desterrar las malas prácticas ancestrales, reconociendo la presunción de inocencia y dotando a los jueces de instrumentos y arbitrios eficaces, por una parte. 

Otro aspecto que se mueve a contracorriente es la batalla que libra MORENA contra las instituciones encargadas de aplicar el derecho en materia de justicia y resolución de conflictos de toda índole por jueces independientes. Todos los días se les agrede, lo merezcan o no. No tiene porqué ser así; López Obrador es únicamente presidente, ni más ni menos. 

Pero la gota que vino a derramar el vaso fue el nombramiento partidocrático hecho por  MORENA y el consecuente resquebrajamiento de las oposiciones en el Senado, de Yasmín Esquivel Mossa, empujada por el poder centralizador de Andrés Manuel López Obrador. 

Se trata de una línea que es una sucesión de los puntos anteriores y otros más no reseñados aquí. Créanlo o no, hace ocho meses un amigo bien informado de todo esto me dijo que el nombramiento de Esquivel Mossa venía. Y ya llegó. 

Muchas veces se han preguntado los politólogos y los escritores cuál es el mejor índice para calificar a un Estado y la respuesta no se ha hecho esperar: la calidad e independencia de su poder judicial. 

Aquí los odres nuevos no desmienten que sólo hay vino viejo. Ahora tenemos un líquido avinagrado del que ya nos hablaron estudiosos de nuestro país que describieron cómo se designaban los ministros de la Corte durante el porfiriato y el régimen priísta. La 4T no tiene nada que envidiarles.