Está próxima la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El relevo será una decisión que pondrá a prueba el novísimo “pluralismo” del gobierno estatal, caracterizado por meter la mano en los órganos constitucionales autónomos, dando muestras claras de su falta de respeto por la división de poderes, como se demostró con la injerencia corralista en el Instituto para la Transparencia.

El asunto tiene más de una arista preocupante. Hay una disputa soterrada por esquivar la obligación de designar un titular que no haya ocupado, ni ocupe, puestos de dirección de partidos u organismos políticos. En esa hipótesis están, en términos reales, el diputado Gustavo De la Rosa Hickerson y la diputada Blanca Gámez, a los que se menciona, ignorando este escribidor si realmente son pretendientes de la próxima vacante. La ley preceptúa el requisito del que hablo, pero ya sabemos el valor que las leyes tienen en nuestro país: cuando estorban, peor para las leyes, y si estorban demasiado, simplemente se les reforma con destinatario casi expreso. 

A la CEDH debe llegar un titular que dignifique la institución y la saque de la postración a que ha llegado, más en tiempos de claudicación, porque antiguos integrantes –hombres y mujeres– de organizaciones que preconizan la defensa de los derechos humanos se cambiaron con todo y bártulos atrás de un escritorio para paladear las mieles, si no del poder, al menos de la nómina y el caciquismo. Si bien no fueron muy aguerridas, al menos no guardaban el silencio cómplice del que ahora dan muestras, por ejemplo en el caso del sátiro Aristeo Baca, símbolo de la claudicación ante la pederastia en Chihuahua.

Amante de ser testigo de la vida pública local, veré, y en su momento expondré, mi opinión. Seguro es que ya se cocina otra agresión a las instituciones.