Una delicada y compleja circunstancia política vive el estado de Chihuahua. El fuego del crimen está en todas partes, la novedad es que ha llegado a unas cuantas pulgadas de las cabezas que están al frente de las instituciones. Los atentados contra las escoltas de altos funcionarios; el saldo de muertes que se registran como simples bajas, sin solidaridad alguna de fondo; el terror que empieza a desatarse entre la población; la vulnerabilidad de las figuras públicas que están al margen del poder; un proceso electoral que suena exclusivamente a reyerta; el nulo resultado de investigaciones que no pasan de la fotografía de la escena del crimen; y el anuncio de que en Chihuahua quien tiene la fuerza para hablar es un enemigo invisible que juega a la guerra de la pulga, son un racimo de hechos que configuran una coyuntura para la que el gobierno no tiene respuesta. Ha fracasado, si acaso pensó en serio en hacerse cargo de su papel.

Vivimos un oscuro momento en el que si algo le sucede al adversario, hay regusto y regodeo. Esto lo vemos en todos los frentes que tienen y debieran tener voz de mayor hondura y responsabilidad. Sin duda se ha sobrepasado la línea de la crisis de gobernabilidad para adentrarnos en un enfrentamiento que arroja un saldo profundamente negativo: una rijosidad de raíz retórica desde el gobierno del estado hacia la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia y la respuesta de éstas, al margen de la oratoria, con hechos contundentes.

Me parece que el gobierno de Corral no ha sabido aprovechar su peso institucional para hacer política. Estoy cierto, y lo padezco en el ámbito de la lucha anticorrupción que alienta Unión Ciudadana, que el gobierno de Peña Nieto ha armado todo un tinglado para arrinconar a un gobierno levantisco y protagónico como el de Corral, pero este no se ha levantado al frente de las instituciones para rebatir, en parte porque la coyuntura misma coloca lo esencial en la disputa electoral, y en parte, también, porque Corral se comporta como parlamentario y no escuda y soporta su desempeño con el cargo que tiene. Las otras luchas anticorrupción, también las están aplastando, pero no forman parte del interés del poder local.

Si esta fuera una simple pugna entre la clase política sería muy delicado, pero la sociedad chihuahuense está quedando apretujada, aplastada, en una contradicción que le puede resultar sumamente costosa, por la violencia que se puede apoderar de nuestro territorio, con el daño que esto trae a las personas, sus bienes y, finalmente, a las instituciones que operan como intermediarias entre el gobierno y la sociedad. Y esto ya linda lo delicado para ubicarse en una zona de alto peligro que ha de marcar en los ciudadanos una urgencia para ponerse en acción, de manera autónoma y con sus propias visiones y objetivos.

En este marco, el equipo gobernante, que dicho sea de paso nunca ha tenido la calidad que se requiere, cada día desmerece más como se deja sentir en recientes nombramientos y el pertinaz intervencionismo en la configuración de los poderes del Estado, como sucede hoy que reina la intriga por el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Chihuahua, como estado de la federación y nominalmente con un gobierno representativo, no puede estar constitucionalmente a merced de la plaza pública y de su orador principal.