Rodolfo Leyva Martínez ganó una batalla trascendente, de las que dejan huella en la vida política y de las instituciones y que además trasciende a la territorialidad local, a la que sólo en apariencias se contrae.

Destituido de manera truculenta de su cargo de presidente del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), obtuvo de un juez federal –Arturo Alberto González Ferreiro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado– un fallo protector que lo restituye incondicionalmente en el cargo del cual indebidamente pretendieron defenestrarlo.

La sentencia –la he leído a plenitud– no tiene desperdicio: su argumentación es contundente, avasalladora; se interpone frente a la arrogancia de un poder que pretende ser omnímodo y un desaseo completo del resto de los consejeros que, ajenos a sus competencias y facultades expresas y obedeciendo consignas, tomaron una decisión que violentó la esencia de un órgano constitucional autónomo. Va mi felicitación para Leyva Martínez, mi reconocimiento para el juez que emitió la sentencia y para el sentido ciudadano que está en el corazón de todo esto.

Al redactar esta entrega, la subrayo con dos o tres observaciones iniciales que están presentes tanto en mi mente como en mis sentimientos. En primer lugar, quiero recordar que me cuento entre los ciudadanos que abrimos la batalla por la transparencia y la rendición de cuentas aquí en Chihuahua, particularmente cuando con el apoyo de más de veinte mil ciudadanos impulsamos sólidamente la iniciativa popular para crear el Tribunal Estatal de Cuentas. De entonces data, así sea en parte, la batalla por la creación de auténticos órganos constitucionales autónomos.

En segundo, pero nunca al último, un hecho que tiene que ver con este asunto: encabezando una fracción parlamentaria en el Congreso local presentamos la primera e histórica iniciativa para crear lo que ahora es el ICHITAIP, bajo la divisa de un buen sustento jurídico favorable a los ciudadanos y la garantía y fortaleza de una autonomía real. La primera ley local en esta materia –que superó el sentido de la federal– fue posible por un brillante concurso legislativo en el que estuvieron presentes los más importantes partidos políticos de la entidad y la flexibilidad y capacidad de acuerdo de diputados como los priístas Mario Tarango Ramírez, César Cabello o el panista César Jáuregui Moreno. El poder abría sus criptas, y la secrecía y el arcano empezaban a ceder terreno.

Después vendrían el duartismo y todos sus vicios, que llegaron hasta la prepotencia reciente que mostró la destitución de Leyva Martínez. Se comprobó que el avance hacia esquemas de gobierno democráticos se mueve lento, paquidérmica y milimétricamente. Pero también, en el balance, la insurgencia de actores, que escudándose en el derecho y en la inteligencia y talento para articular disputas judiciales, le abren espacios a nuevas formas de relación de los ciudadanos con el poder, o de ciudadanos en el poder. Ahí reside el mérito del quejoso que alcanzó sentencia favorable, no como una dádiva, sino como una actitud de congruencia con la Constitución misma.

Con eso en la mente y en los sentimientos, me llenó de regocijo la noticia del fallo que comento. Siento ese triunfo como si fuera propio y creo que ese talante debe ser el que marque la recepción de la noticia. Chihuahua ya no puede ser territorio ni de autoritarios, ni de arrogantes. La cultura tradicional del ejercicio del poder debe superarse. Si tienen altura de miras, así lo deben entender tres de los reales o formales destinatarios del fallo: en primer lugar, el señor Javier Corral Jurado; en segundo, el Consejo General del ICHITAIP; y en tercero, los grupos empresariales que han empleado a Alejandro de la Rocha como el empleómano más distinguido del estado, pues no hay cargo de esta índole al que se convoque y al que no aspire. Ve caballo ensillado y en automático quiere montarlo.

Continuar con este litigio, interponer una revisión, es una desmesura inadmisible, porque violenta el interés público de la institución, entendida como la garante de las personas a acceder a la información del quehacer público. Ojalá y lo entiendan así los destinatarios del fallo; cuando no sea así, darán muestras sobradas de su carácter de filibusteros y Chihuahua no está para eso.

En este marco, es de reconocer la actitud de Rodolfo Leyva Martínez: a la hora de extraer las conclusiones dijo lo que se tenía que decir, sin tapujos y sin censuras. Era su responsabilidad y su congruencia las que estaban en juego. Pero, sobre todo, afirmó que no va a blandir el fallo protector como el título de una victoria, no les va a restregar la sentencia en la cara, no la empleará para atizar las pugnas, sino como un precedente –de la mayor importancia– para darle la vuelta a la página y continuar el trabajo en un ambiente de respeto y ausencia de ojerizas, como lo marca la necesidad de una gobernabilidad democrática, siempre atenta del interés general. No cualquiera lo hace así, estamos acostumbrados a ver funcionarios que privilegian sus convicciones y rencores.

Hoy, como hace muchos años, recuerdo a Corral Jurado una moraleja: la moderación es generosa con los demócratas. El mensaje es claro: quien interpreta la Constitución ya se pronunció, el quejoso tiende la mano y se compromete con la ley y el trabajo: la templanza debe estar del otro lado de la cancha, esperamos que no haya ni ira ni revanchismo.

El que sabe perder, también gana.