Como un grito desesperado se escuchó el discurso de Ricardo Anaya Cortes, que hace la defensa a ultranza del Ejército y la Marina nacionales. Dice que tienen enorme lealtad, cuando lo que debiera abordar es la constitucionalidad del mismo. Anaya y el PAN son actores del orden existente como está –sobre todo el económico, que establece un régimen de privilegio generador de pobreza y exclusión– por lo cual, no extraña su lambiscona actitud hacia los generales y los almirantes. Palabras más, palabras menos, Anaya se presenta como una voz a favor de la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que la confesión de los fracasos que hay hasta ahora en materia de seguridad pública y desnaturalización de las fuerzas castrenses nacionales.
En el discurso anayista están esencialmente ausentes temas de fondo en la materia: el apego del Ejército a la Carta Magna, de acuerdo al histórico artículo 129 de la Constitución de la república, poniéndose al margen de la función policiaca que ha de corresponder, por entero, a los brazos civiles del Estado; el muy importante e impostergable paso de transferir el mando militar a los civiles como sucede en los países avanzados; y para señalar sólo tres aspectos, que no son los únicos: la disolución del Estado Mayor Presidencial, para pasar a un esquema menos presidencialista de la seguridad del Ejecutivo federal, en el sentido que ya en otras campañas federales se ha esbozado esta medida.
Nada de esto dice Ricardo Anaya. Sus palabras sólo pretenden endulzarle los oídos a los altos mandos militares del país, incluida la Marina y la siempre olvidada Fuerza Aérea. Lo de él es barbería pura.
Pero, por otra parte, el candidato –envuelto en escándalos sin fin– se olvida de que particularmente el Ejército tiene su historia negra como para venir con la idea de que lo distingue una gran lealtad. Cierto que desde 1929 no hay rebeliones militares, pero eso no es obstáculo alguno para decir enfáticamente que muchos movimientos campesinos, obreros y estudiantiles han sido sometidos, históricamente, con base en las bayonetas. Por otra parte, la historia de violación a los derechos humanos también les toca y les deja saldo negativo a los recomendados del desafortunado candidato azul.
Bien miradas las cosas, por otra parte, lo que Anaya está haciendo es intriga pura, casi casi diciendo “yo si los quiero señores de las armas”. Ni más ni menos que un defensor de un orden que ya cansó a los mexicanos y que ciertamente quiere a los milicos ausentes de la política, no que nos los pasen de contrabando como se lee entre líneas en el discurso del aspirante queretano.
Hay personajes en la vida política nacional que superan a Maquiavelo y a Rasputin juntos, y en el mismo infierno causarían pavor. ¿Hay estadistas mexicanos de alcurnia? ¿O son meros mega estafadores? Al participar en la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia. Rodrigo Gutiérrez Rivas coordinador del área de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la UNAM, aseveró que la Ley de Seguridad Interior no tiene sustento teórico, se trata de una decisión política con al que se legaliza el despliegue del ejército en las calles para emprender un estrategia de control social. La idea es convertir a la ciudadanía en el enemigo del Estado. Enfatizó que la Ley de Seguridad Interior no solo es anticonstitucional, sino también anticonvencional e incluso va en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano, los cuales esta obligado a cumplir. En su turno, Ina Zoon, coordinadora de programas de justicia penal para una sociedad más abierta, de la organización Open Society, subrayó que más que destinar millonarios presupuestos a una estrategia militarizada, se debería invertir en erradicar la corrupción y la impunidad política de las altas esferas del poder, que protegen desde el aparato de Estado a los criminales. Ahora ya estamos en un discurso en donde estas violaciones son sistemáticas y generalizadas, y en que hay indicios que en estos 10 años en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. La Ley de Seguridad Interior no debe ser un escudo de entes presuntamente mega cándidos envueltos en el lodo.