Opacado por la primacía que tienen los proyectos de poder para disputar la Presidencia de la república, la atención y deliberación públicas sobre la Ley de Seguridad Interior han pasado a segundo término en regiones como Chihuahua.

Sin embargo, se trata de un asunto de gran relevancia para el futuro del país, sobre su vida ciudadana, el disenso propio de una democracia y la necesidad de allanarle el espacio a la política como la manera civilizatoria de dirimir conflictos, según afortunada frase del extinto poeta José Emilio Pacheco.

No pretenderé en esta entrega desarrollar, en extenso, lo que pienso acerca de la pretendida ley, hasta ahora aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por los representantes del PRI y sus partidos satélites. Quiero reseñar, con puntos precisos, lo que no se debe, a mi juicio, perder de vista:

  1. Es contraria a principios básicos establecidos en la Constitución General de la República, y su actual aliento derechohumanista.
  2. Es una amenaza a las libertades de los ciudadanos mexicanos, particularmente de los opositores al régimen de corrupción e impunidad.
  3. Lejos de fortalecer el papel de los civiles en el estado y el gobierno, empodera a las fuerzas armadas del país, dando una respuesta inadecuada al combate al crimen organizado.
  4. Es ambigua y puede dar lugar a una injerencia castrense de gran magnitud y arbitrariedad, sabríamos donde empieza, pero no a donde se llegará.
  5. No está sustentada en conceptos de seguridad ciudadana, sino en una magnificación de los aparatos represivos del estado, en especial de las fuerzas armadas. Su lenguaje es una metafísica para oprimir.
  6. En lo conceptual, está deliberadamente mal estructurada y pésimamente redactada, lo que no es algo fortuito, sino intencional.
  7. Atenta contra el federalismo y la vida municipal, sobreponiéndoles injerencias de un poder omnímodo de las fuerzas castrenses.
  8. Es la confesión de un fracaso rotundo de una guerra mal librada contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico y trasiego de armas. Es vestir de “legalidad” lo que hasta ahora ha sido, es, ilegal.
  9. Los representantes del PRI que probablemente quieran refrendarse en cargos públicos, emitieron un voto que los hace impresentables ante sus electores.
  10. Javier Corral ha sido el único gobernador discrepante, pero ha carecido de la habilidad para obtener el consenso de sus pares y, dentro de su partido, el PAN, hay desvergonzados que cobran dietas y aguinaldos por abstenerse, cual es el caso de Juan Blanco Zaldívar.

Son diez puntos. Por supuesto hay muchos más, y dentro de ellos impulsar una oposición para que esa ley no pase en el Senado de la República, lo que es previsible que suceda la semana entrante. Y si sucede, buscar su derogación por todos los medios al alcance.