Con la firma del periodista Saul García Meza, El Heraldo de Chihuahua publicó ayer datos duros sobre los ingresos de la alta burocracia estatal –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros– con cargo al erario y en tiempos de decretada austeridad, al amparo legitimador de un código de ética que se promulgó para violarse.

Aún no sé la reacción que vaya a provocar en voz de los mandones del gobierno, pero descarto que a este medio lo vayan a tildar de extorsionador. En todo caso le advierto a los lectores que por mi cuenta verifiqué esta información de tiempo atrás y que, además, no me extraña la voracidad con la que se conducen los que parten y recomparten y se quedan con lo más cuantioso. No les he escuchado más argumento que sostener que el reclutamiento de funcionarios se ha de homologar con el de la gran empresa, adhiriéndose a una concepción que no parte del presupuesto de lo público en la tarea representativa gubernamental. Saben de cierto que esto obedece a otra lógica, pero también del lema de que “si no es ahora, cuándo”.

En el reportaje de García Meza se habla de la enorme brecha que media entre un magistrado del Tribunal Superior y los funcionarios del Ejecutivo: están en un opulento polo muy distante, abismalmente distante, a los 5600 pesos que gana un conserje (si no es que menos cuando se interpone algún contrato de outsourcing). La desproporción es también superlativa con otros empleados públicos, de mayor nivel, que en realidad son los que hacen posible que el engranaje gubernamental funcione. También esos niveles medios están precarizados.

Lejos estamos del ideal juarista de la medianía republicana, muy lejos porque el arte de medrar del presupuesto se ha salido de todo parámetro de justicia retributiva para caer en la rapiña y, no sólo, también en una incongruencia, pues no pocas veces los servicios prestados carecen de calidad como para cobrar las sumas estratosféricas que alcanzan los altos sueldos de una burocracia que, empleando el terminajo popular, “no tiene llenadera”. En la nómina están, emblemáticamente, hasta funcionarios como Gustavo Madero, que se dedica centralmente a tareas partidarias dentro del juego de poder del PAN.

En una administración priísta, este hecho no llamaría la atención en lo más mínimo, pero en la que tenemos en Chihuahua, que de los dientes para afuera ha adoptado los conceptos de la teología de la liberación, la opción por los pobres, por los que menos tienen, suena a una rotunda incongruencia hipócrita, denotando que lo que se ha instalado como discurso es una retórica que por donde se le vea hiede a doble moral.

Y también ahí están los liderazgos sociales cooptados, que hoy se escudan tras un escritorio y en algunos casos en actitudes de soberbia. Se comprueba que los anhelos de poder, aunque fuese tardía su realización, lo satisficieron, mordiéndose la lengua, como se dice en el pueblo que alguna vez acompañaron al grito de “salario mínimo al Presidente pa’ que vea lo que se siente”.

La máxima doblez podrá ser que no faltará algún miembro de los teólogos que consulta el gobierno, y que tengan la investidura para hacerlo conforme al Código Canónico, bendiga los ingresos del funcionariado de cuello blanco y hasta, hisopo en mano, salpique sus cheques con esa agua que llaman bendita y que no es más que H2O.

En realidad todos, en el gobierno, son devotos no de Sir Tomás Moro –el santo de los políticos–, sino de lo que visualizó el escritor César Garizurieta, al que se atribuye la frase: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Es la vieja historia que viene de la Colonia y se llama empleomanía. ¡Bien haz hablado, Tlacuache tuxpeño!