El doctor Hugo Almada Mireles, miembro de una distinguida familia, es pieza central en una carta abierta, publicada en al menos un rotativo, dirigida al señor Javier Corral Jurado. Plantean un problema de aplicación de justicia; incluso le recomiendan el nombramiento de jurisperitos y un debate público sobre los puntos que él considere conveniente. Como todo asunto de justicia, corresponderá a una autoridad competente decir la última palabra. Esta columna no prejuzga hacia donde se inclinará el fiel de la balanza, empero sostiene que Almada Mireles es lo menos que puede pedir y lo menos que se le debe conceder. Va la historia:

En la carta se señala que suena a sorpresa que tratándose de un gobierno –el de Corral– que se ha presentado con credenciales de democracia, transparencia y legalidad, esté consintiendo un procedimiento “plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Es el caso con Elvira Urrutia Castro, que le acusa a Almada Míreles de haber realizado actos, en su calidad de funcionario público, de discriminación, violencia laboral y violencia institucional, en el seno mismo de la secretaría que encabeza Víctor Quintana Silveira y que –ironías del destino– agregó a su denominación la de “desarrollo humano”.

Los firmantes de la carta son, de manera directa, el distinguido abogado Luis Antonio Corral Ibarra y la abogada Nohemí Almada Míreles, hermana del doctor.

Pero no sólo, la familia Almada calza también el desplegado con su firma en calidad de “agraviados”. Justificada esta solidaridad familiar. Se aducen en la misiva la existencia de un proceso viciado de origen, pues el doctor ya fue condenado a la sanción más significativa. A decir de ellos, con violaciones muy sensibles a garantías consagradas por el derecho. Estiman que la acusación es absurda, sin pruebas, difamatoria. Con una notificación tardía en el proceso 23/17 que está plagado de irregularidad y arbitrariedades, dicen. Según los firmantes se está cometiendo una injusticia grave por lo cual exigen se revise el expediente y se aplique con carácter estricto el derecho.

Bien por esta carta, bien porque se cumpla con el derecho, y mejor conclusión no puede haber cuando porfiadamente se confía tener la razón demostrable en un debido proceso. O sea, al filo de la navaja.

No pienso que el destinatario de la misiva atienda las exigencias en los términos que se le impetran, por cierto sin ruegos.