Jaime García Chávez

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Caso Garfio: se exige la publicación de la sentencia en medios

El escándalo Garfio no se puede desvanecer en el anecdotario y la picaresca. La sociedad, que padece la corrupción política de manera transversal, no se puede quedar con la idea de una pena escasa que nadie acepta, el pago de una multa irrisoria, la salvedad de reparar el daño y con la fraseología de Corral de que el ballezano es un cínico, por haber declarado que tiene la conciencia tranquila, porque es de cínicos tenerla así. Hay que ir más allá.

En primer lugar continuar con la causa contra los corruptos de manera auténtica y sin dobleces, apostando por el derecho más que por la política y la administración de sus tiempos electorales. El último desenlace del caso Garfio nos deja con déficit: el principio de publicidad se soslayó y no se permitió ni a los periodistas ni a los ciudadanos de a pie presenciar al menos dos audiencias básicas: en la que Garfio se quebró y en la que debió leerse públicamente la sentencia que lo puso de nuevo a residir en la jaula de oro de su nada modesta mansión.

El juez actuó mal, por decir lo menos, y no vale que supuestamente las partes le hayan pedido la privacidad de lo que debe ser público, pues el presupuesto de lo público es lo que le da relevancia, amén de otras cualidades, al nuevo sistema de justicia penal instaurado en 2008, pero en el cual Chihuahua jugó un papel de avanzada; avanzada que algunos tildan de polémica en un debate que desgraciadamente no ha cobrado hondura, precisamente por el bajo perfil en el que se escudan los abogados y casi de manera unánime sus agrupaciones.

En el caso que me ocupa, corre el fuerte rumor –yo lo tengo por absolutamente válido– de que la sentencia aún no estaba concluida con firma, sellos y certificaciones, cuando ya Garfio disfrutaba plácidamente de su libertad y mejoraba su condición, física y psíquica, que su “dios” le había concedido.

Es difícil que este asunto llegue a esclarecerse, pero queda en “autos periodísticos” la constancia respectiva. Lo que sí ha de conocerse íntegramente es la sentencia, que ahora se presenta como “histórica”. Los ciudadanos de Chihuahua desean conocerla con todos sus puntos y sus comas y es algo que no tiene por qué regatearse por el Poder Judicial y el juez que la dictó. Sé de cierto que la multa que pagó Garfio sería menor al gasto, al magnifico ingreso que según Guillermo Luján, de la Secretaria de Hacienda, representa un fortalecimiento de las finanzas estatales que hasta puede dar un premio hacendario de la federación.

Sea como sea, la sentencia debe publicarse en varios periódicos de aquí y del centro del país; no son pocos los políticos y periodistas de diversas latitudes que me lo han planteado para la gestión correspondiente, que no alcanza más allá que decirlo en esta modesta columna.

Pero la publicación es posible. Hoy, al hojear el periódico El Heraldo de Chihuahua me encontré en la sección Nacional, precisamente donde se publican edictos y avisos judiciales, que la licenciada Rosa Oralia Rocha Rodríguez publicó una resolución en el caso 19-2007-0005754 mediante la cual da cuenta de su autorización para el no ejercicio de la acción penal, que decretó la licenciada Carmen Irasema Aguirre de Luna, en un asunto de lesiones que no viene al caso reseñar aquí. Sé que para cada quien, al encontrarse ante un problema judicial, su asunto es el más importante, lo tengo en cuenta, pero el argumento es más fuerte cuando se trata de un asunto que involucra la vida misma de Chihuahua y el funcionamiento corruptor de las instituciones a consecuencia de gobernantes nefastos del tipo de César Duarte y su inocultable compinche Javier Garfio. Es elemental, pero no por ello fácil por una autoridad estatal actual que regatea la transparencia.

De no ser así, se va en contra de una importante reforma cual es el nuevo sistema de justicia penal, que reporta un déficit, precisamente, cuando el influyentismo y el Poder Ejecutivo indebidamente meten las narices como en este caso. Lo dice el reciente balance que publicó la revista Nexos, dando cuenta de un estudio realizado por Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk (Nexos, número 478, correspondiente a octubre de 2014) donde puede leerse con todas sus letras:

“Otro aspecto de gran preocupación entre la población es la corrupción, algo que no es ajeno tampoco al sentir de los operadores del sistema de justicia. De hecho, 80% de todos los operadores encuestados creen que el NSJP ayudará a reducir la corrupción. Sin embargo (aquí lo importante, subrayado mío) aún hay situaciones que son preocupantes y que deben ser atendidas, ya que aún dentro de las mismas instituciones se tiene la percepción de que, por ejemplo, los contactos políticos son el mejor medio para permanecer en el cargo o ser nominados para un cargo superior, por encima incluso de sus méritos propios. En este sentido, la mayoría de los encuestados (64% de los jueces, 70% de los agentes del Ministerio Público y 58% de los defensores públicos) consideran que tener experiencia y formación influye positivamente en la posibilidad de ser ratificados o ascendidos, pero más de la mitad de los jueces (54%), defensores públicos (65%) y agentes del Ministerio Público (37%) consideran que los funcionarios con buenos contactos políticos tienen más posibilidades de permanecer en su cargo o de ser nominados para un cargo superior”.

La encuesta a que me refiero se practicó en Chihuahua, entre otros estados, de tal manera que sus datos exhiben una realidad propia. Y se observa como una valiosa evidencia para nuestra circunstancia permeada fuertemente por la corrupción política y un Poder Judicial del Estado vulnerable a este fenómeno ingerencista, como lo demuestra que el Ejecutivo ocupe hoy, por decreto autocrático barnizado por el Legislativo, cuatro espacios de los cinco en el novísimo Consejo de la Judicatura, que ya en el retintín de la broma popular se le llama de la gubernatura.

Finalmente mi deseo es leer biografías ilustres como la del santo patrono de los políticos, Sir Tomás Moro, pero por hoy me urge más la de nefastos del corte del alcahuete de César Duarte, mejor conocido en la nota roja como Javier Garfio Pacheco.

 

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Categories:   Columna

Comments

  • Posted: 25 octubre, 2017 18:34

    cecilio

    se lastima la publicidad del sistema penal acusatorio , pícaros o más, Deben cumplir con la ley si quieren que la gente les crea
  • Posted: 25 octubre, 2017 19:04

    victor bueno

    Ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), la Coparmex pidió salario mínimo general de 95 pesos por la inflación y el presidente de la cámara comercial en Chihuahua coincidió. Señaló Federico Baeza que esta alza a los 95 pesos es para colocarse en la ruta de mayores incrementos, a fin de alcanzar pronto los 140 pesos. Explicó el empresario chihuahuense que buscan superar los 140 pesos para cumplir con la línea mínima de bienestar que señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en ese monto justamente. Agregó Federico Baeza que Coparmex busca que en el 2030 el salario mínimo supere los 240 pesos. Sobre el incremento que ahora propuso Coparmex ante la Conasami, acotó Baeza Mares que es un incremento de cerca del 18%.“Los empresarios debemos hacer gran esfuerzo, va a mejorar economía de la ciudad, habrá mayor derrama económica y mayor consumo”, comentó Federico Baeza. “Invitamos a los empresarios que nos coloquemos en esta ruta de aumentar el salario a los colaboradores” y de “formalizar a más personas para darles seguridad social”, concluyó Federico Baeza, de Coparmex Chihuahua. La Opción 25/10/2017. Estos incrementos ayudarían a que los funcionarios públicos, políticos, partidos, legisladores, fiscales, policias, soldados y el clero ya no tengan la tentación de robar. Con respeto a la COPARMEX, es broma. Saludos. Comparte este artículo