Sobre la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR se han tejido innumerables interpretaciones. Es normal, más en un sistema autoritario en el cual la secrecía, el sigilo, el arcano imperial, son la regla. Altos funcionarios llegan y se van y nunca sabemos ni los méritos para el nombramiento, ni las causas reales de su partida. Conjeturar, tentalear, es la ruta y así se contribuye más que a la información al ejercicio especulativo, en el que cualquier cosa se puede dar por absolutamente cierta, aunque no lo sea y además no importe.

En esta circunstancia, conviene puntualizar hechos duros que, más allá de que sean o no causa de la renuncia, la caída o la defenestración, hay que tener en cuenta para analizar la coyuntura en la que se adentra el país ante las importantes elecciones federales de 2018.

Lo primero que llama la atención es el gran desprecio que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene por los aparatos de justicia del país y, por ende, del Estado de derecho. Para nadie es desconocido que en 5 años del sexenio actual hemos padecido tres procuradores generales: el que recién se fue, antes la acicalada Arely Gómez, y esta precedida por Jesús Murillo Karam, al que arrastró la “verdad histórica” de Ayotzinapa, trágico suceso que lo cansó física y políticamente.

Se trata de una inestabilidad que debiera sorprender a los mexicanos por el lugar en que nos encontramos, de lo bajo que se ha caído en un país destrozado por la corrupción, la impunidad y la guerra de naturaleza económica asociada a las drogas, al tráfico de armas y al blanqueo de dinero a través de los circuitos financieros. Pero no se agota ahí la escalofriante lista; también está la interesada decisión en torno a escándalos del corte de Odebrecht, que golpean de manera multinacional aunque aquí no ruede ninguna cabeza hacia los tribunales. Sucede así porque la justicia se acomoda en las manos del poder, como plastilina en manos de un niño que la soba y la soba sentado en su pupitre. No es extraño esto al sistema priista y autoritario en general. Lo mismo da tener tres o cuatro procuradores, que nombrar ministros de la Suprema Corte al gusto y talante peñanietista, como sucedió con la designación de Eduardo Medina Mora, que tanta inconformidad produjo a lo largo y ancho de la república.

Pero además ese desprecio se magnifica si observamos las bondades que se supone están en una nueva visión del ministerio público que sustenta la creación de una Fiscalía General para la república, que deje atrás la negra historia que se asocia a la PGR en varias décadas de la vida contemporánea de México.

Si no se hubiera suscitado resistencia, Raúl Cervantes sería hoy el fiscal, pero al parecer a Peña Nieto ya no le alcanzó y como la reforma para crear la fiscalía no tiene el rango de “estructural” (nada que toque al régimen de corrupción e impunidad lo tendrá) se deja su vigencia para las calendas griegas. ¿Cuándo? Quién lo sabe. Incluso se quiere tomar un respiro para ver el prospecto bajo la óptica de los intereses que cobija el PRI, el PAN y sus satélites. Está claro que en la agenda no se encuentra la designación de una personalidad de valía, prestancia moral y compromiso ciudadano.

Raúl Cervantes pasó a la historia y al imaginario local de Chihuahua como el carnal de César Duarte, el compadre cómodo, el correligionario tapadera que contuvo la solicitud de orden de aprehensión contra el exgobernador prófugo y su exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera. Por una ironía de la historia, al parecer la justicia divina actuó contra Carlos Hermosillo Arteaga, que en paz descanse si esa creencia metafísica es cierta. Lo dudo.

Está a la vista que el caso de los virreyes de los estados se fue acumulando como una bola de nieve que derribó a Cervantes: el Duarte de Veracruz, Padrés de Sonora, Medina de Nuevo León, Yarrington y otro en Tamaulipas, y el ballezano Duarte de Chihuahua se convirtieron en piedras con las que tropezó el engreído Cervantes, el cortesano que fue absolutamente cómodo a los intereses del PRI representados por su jefe Enrique Peña Nieto.

El escándalo César Duarte puede tener consecuencias para Raúl Cervantes. Es probable que Unión Ciudadana, a través de sus representantes, inicien una causa en su contra, ya penal, ya administrativa, para que responda el por qué se atrevió, en un juicio de amparo, a mentir negando la existencia de un acto reclamado que cometió, que es tan duro como una columna de hormigón armado, sólo para proteger a su compadre chihuahuense.

Sólo un viraje en favor de la sociedad y los ciudadanos mexicanos convertirán los organismos de justicia –tribunales, procuradurías y fiscalías– en genuinas instituciones apegadas al ideal del Estado de derecho que tan necesario es en un país como México. Este es un tema ineludible en la agenda electoral de 2018, no nada más el poder presidencial.

Por lo pronto, hay una conclusión: el que se fue, traicionó la Constitución de la república, al igual que sus predecesores. Toda una historia a superar.