Plausible, hay que reconocerlo, la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la que se va a contribuir a remediar la tragedia que viven miles de victimas y sus familiares ante una grave violación a los derechos humanos, como lo es la desaparición de personas.

Este fenómeno, muy propio de las autocracias y las dictaduras, cobró carta de naturalización en nuestro país a lo largo del último medio siglo, acentuándose en los últimos lustros como un recurso que lo mismo puede servir para quitar de la escena a disidentes políticos o, simplemente a personas ligadas a una multiplicidad de actividades inclasificables en un artículo como este.

El hecho es que en nuestro país la desaparición es un fenómeno recurrente, alarmante, altamente preocupante y durante mucho tiempo negligido por el Estado. La nueva ley marca ya un hito para girar en una dirección propia de los derechos humanos, que contribuirá a sacar de la oscuridad el grave problema, procurar resiliencia y, desde una visión optimista, a abatir ese flagelo.

Se espera en los círculos vinculados a las víctimas que el Ejecutivo tome en cuenta la nueva ley y provea fondos fiscales para que la misma se haga realidad. De no ser así, se convertiría en un texto de buenas intenciones pero sin la vigencia cívica que se requiere y que ha de reflejarse en el presupuesto, en la aportación de recursos para que se prodiguen los bienes que alientan esta innovación legislativa en la que empeñaron sus mejores esfuerzos tanto juristas como organizaciones derecho-humanistas de la sociedad civil y, sobre todo, las atormentadas familias que han padecido este inmenso problema.

Por eso la Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha saludado la emisión de la ley. En voz de Jan Jarab se dijo: “La ley contiene avances fundamentales que retoman los estándares internacionales y varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos”. Y añadió: “Esta Ley penaliza la desaparición forzada y la desaparición por particulares; establece reglas para el combate a la impunidad, y crea el Sistema Nacional de Búsqueda, que aún con las limitaciones… contará con una institucionalidad especializada y diversas herramientas de operación”.

Es importante, además, que la nueva ley reorienta los viejos procedimientos que normaron la declaración de ausencia de las personas en la legislación civil. Aquí estamos frente al problema de la desaparición esencialmente dolosa –cometida por agentes del Estado y de particulares–, por lo cual es de reconocerse que se provea a la reparación a las victimas, la atención especializada a los vulnerables que representa este cáncer que se ha establecido en el país y que aquí, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, tiene una muestra que no puede ser empleada simplemente como retórica del gobierno del estado.

Es importante subrayar parte del contenido del comunicado de prensa que emitió la oficina de la organización internacional en nuestro país, cuando dice: “Si bien el sufrimiento de las familias no es cuantificable, la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparición sí contará con referentes medibles, uno de los cuales será los recursos que se asignen para la implementación de la ley en los próximos presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas”.

Si bien se trata de una exhortación, no cabe duda que se le llama la atención a los gobiernos para que dejen la indolencia que los ha caracterizado en este rubro. Por lo pronto, ojalá el presidente de la república haga la promulgación sin mayores dilaciones y dé en el presupuesto del 2018 suficiencia presupuestal para poner manos a la obra y a tal efecto aproveche la labor humanitaria del comité de la ONU contra la desaparición forzada. Las circunstancias lo exigen.

Es un tema por el que vale la pena estar pendientes.