Obligados por la tragedia, los partidos políticos mexicanos –sin excepción– lucran con el argumento de mostrar disposición a “donar” o “regalar” parcial o totalmente los recursos fiscales abusivos de que se nutren a partir de 1997 que el financiamiento público a esas organizaciones inició y creció de manera parasitaria. No cabe duda que ese dinero, unido al que proviene de la corrupción y fondos privados interesados, ha indigestado patológicamente la llamada democracia mexicana e impedido su consolidación, atendiendo a los mejores reclamos que desde la sociedad se lanzan en las más variadas versiones, con las discrepancias consabidas.

La polémica está en sobresalir, oportunistamente, para cosechar votos el año entrante; mostrar quién fue el primero, quién vino después con sus ofrecimientos y cuánto están dispuestos a sacrificar; que si corresponde nada más a las finanzas de lo que resta de este año o también se incluye el venidero. Es una polémica pública harto conocida como para recapitularla.

Uno de los primeros efectos de los sismos habrán de magnificarse conforme vayan transcurriendo las semanas y desplegándose durante el proceso electoral. Es una verdad sabida que la transgresión a la legislación electoral es cosa de todos los días y la lenidad en el comportamiento de los órganos electorales su acompañamiento. México padece los efectos de una hiperlegislación electoral, comprobando que los países que tienen mucha legislación son los más atrasados. La máxima es: poca y que se cumpla, pero de eso estamos muy lejos.

Tengo la convicción de que el presupuesto público a los partidos es una premisa más del abuso de poder del régimen de corrupción e impunidad en el país. Crea castas y estamentos en las organizaciones que nos hace recordar aquella ley de bronce de que nos habló uno de los grandes teóricos, pionero en el estudio de los partidos políticos.

La inmensa mayoría de las burocracias partidarias centralmente buscan su reproducción y parasitan en el poder público. Voy a poner unos ejemplos locales y otros ajenos a nuestra región: el PAN no hace mucho tiempo criticaba a los líderes charros del PRI por ser chapulines y eternos detentadores de poder público. Le contaban los periodos de regidores, legisladores y puestos administrativos y frecuentemente la cantidad de años rebasaba los 20 ciclos que la tierra tarda en darle la vuelta al sol. Pero luego se dedicaron a hacer lo mismo, tan pronto saborearon las dietas y la nómina. Para contrastar esto recuerdo un caso de una panista, la señora Teresa Ortuño Gurza: ha sido dos veces diputada federal, dos ocasiones diputada local, una vez senadora de la república y, que recuerde, en los intermedios, funcionaria federal; y ahora, inexplicablemente, directora del Colegio de Bachilleres en Chihuahua, todo lo cual suma una vinculación a ubre presupuestal de al menos 20 años, sin olvidar los interludios en la nómina partidaria. Hace unas cuantas semanas se divulgó que el sublíder del PAN estatal, Fernando Álvarez tienen una remuneración mensual de aproximadamente 125mil pesos. ¿Cuánto ganará Anaya? No lo sé, pero seguro estoy que el pago es con dinero producto de las contribuciones de los causantes mexicanos.

Otro ejemplo: Amalia García Medina, figura de izquierda en varios partidos, ha sido asambleísta en el Distrito Federal, dos o tres veces diputada federal, senadora, gobernadora de Zacatecas y funcionaria en el gobierno de la CDMX, lo que arrojaría mínimo 25 años, más los interludios en las nóminas partidarias.

Los ejemplos del PRI son proverbiales. Todo mundo sabe de los rostros que se perpetuaron en los cargos y las familias políticas que se han apoderado sobre todo de los partidos menos influyentes; cómo olvidar a Fidel Velázquez, a Ojeda Paullada y a una fauna muy numerosa que ni caso tiene recordar.

En fin, ser político profesional deja, y deja bastante. Y en el submundo de los partidos encontramos a los que hacen de las prerrogativas su modus vivendi. Empero el problema no es tan sencillo. Abolir el presupuesto a los partidos es, también, generar desigualdad: no olvidemos que ahí están los grandes empresarios privados, los narcos, los intereses del imperio, los banqueros, los magnates capitalistas que se las ingeniarían para apoyar las políticas pro-sistema y pro-establecimiento político. El PRI, ya encarrerado, hasta quiere acabar con la representación proporcional, como la ansiada vía a la que se aferra para concluir en un esquema bipartidista. Demasiado tarde.

Fuera de toda duda, la actitud del PRI es hipócrita, falsa, oportunista. Ha sido un partido de Estado y hoy, por contar con el aparato federal, se quiere lavar la cara con monedas públicas de las que ha abusado por varias décadas y de manera palmaria en la pasada elección de la dinastía Atlacomulco en la persona del señorito Alfredo del Mazo, que festejará cien años de dominación en el Estado de México, si es que no acontece una deseable revolución política que cimbre a esta nación con fuerza telúrica.

En la sociedad prende fácil la idea abolicionista de la prerrogativas y de las plurinominales; sin embargo, el problema es complejo y también de impredecibles consecuencias negativas si no se cambia progresivamente la vieja cultura patrimonialista y corruptora que se mantiene viva en la inmensa mayoría de los hábitos y costumbres de los gobernantes. La propuesta de las elecciones primarias es un buen antídoto y desde el PRD, en lejanos años, se impulsó la idea por Pablo Gómez –por cierto, también con muchos cargos en su haber– y que en Chihuahua se malogró por la incapacidad de vertebrar reformas de Javier Corral.