Los que han hablado con insistencia del concepto “Estado fallido” –Noam Chomsky, por ejemplo– suelen sugerir manojos de rasgos específicos que los caracterizan. Para el pensador norteamericano, cuando hablamos de estado fallido nos referimos a “aquellos que carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, se consideran más allá del alcance del derecho y padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de auténtica sustancia”. Chomsky y otros pensadores del mundo, y de aquí de México, han reseñado al menos doce indicadores para hablar de un Estado fallido. Las enumero con la finalidad exclusiva de ilustrar e informar a mis lectores y promover el debate:

1. Éxodo crónico de la población,

2. El gobierno no tiene control real de su territorio,

3. Altos índices de desigualdad,

4. Declinación económica severa,

5. Pérdida de legitimidad del gobierno,

6. Deterioro de los servicios públicos,

7. Aplicación arbitraria del Estado de derecho,

8. Extensas violaciones a los derechos humanos,

9. Aparato de seguridad independientes del poder público,

10. El Estado no tiene el monopolio del uso de la fuerza,

11. Preeminencia de élites sobre el Estado,

12. Intervención de actores políticos externos.

Estos doce puntos, que no son los únicos y pueden sintetizarse de otra manera, no están expuestos en orden de prelación o importancia. Los encontramos presentes en la realidad mexicana desde hace ya más de una década y es importante advertir que no necesitan converger todas las características, sino una parte de ellas para hablar del fracaso estatal.

El panorama que tenemos a la vista en México y en Chihuahua tiende a ser sumamente dramático; los medios de comunicación, para qué dudarlo, chorrean sangre por todos sus poros y exhiben una realidad aquí presente y además desatendida. Estamos en medio de una guerra de nuevo tipo y el gobierno no lo reconoce y se pierde en una palabrería vana y evasiva. El discurso sigue siendo el mismo y creen que los ciudadanos comulgan con ruedas de molino cuando su voz no va más allá de delimitar lo que es federal, estatal, o municipal. Como si el alimento fuera a tener claridad sobre un régimen de facultades de los tres niveles de gobierno que justifica pensar que todos tienen que hacer algo y en la realidad no hacen nada, ni juntos ni coordinados.

En no pocas ocasiones he repetido la frase, solicitada en préstamo, ¿hasta cuántos muertos se vale equivocarse? Es un cuestionamiento para el que no tienen respuesta gobernantes del tipo de Calderón y Peña Nieto, de Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral. Figuras emblemáticas en materia de inseguridad pública. Por eso mueve a risa la oportunista declaración de María Eugenia Campos Galván, cuando dice que está haciendo esfuerzos para que los carteles de la droga no entren al municipio de Chihuahua. Finalmente, todos sabemos al respecto dos cosas: no van a pedir permiso para ingresar porque hace ya buen rato que están adentro, aquí, en el desierto, en la sierra, en la montaña y tiene una omnipresencia que los teólogos de pacotilla envidiarían para sus dioses.