Muy pronto se va a celebrar la audiencia constitucional en el amparo indirecto 667/2017 que se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal, en la Ciudad de México. Es el juicio de garantías abierto para lograr que se consignen ante un juzgado penal al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, hasta ahora inexplicablemente tolerado y protegido por los “palacios” de México y Chihuahua.

El argumento de fondo en ese amparo es el tiempo transcurrido –en septiembre se cumplirán 3 años– que por sí solo grita que la justicia mexicana no es ni pronta ni expedita; y, como ingrediente nuevo, la necesidad de que se dicte la orden de aprehensión para, ante una eventual extradición, figure en ese expediente y también se le juzgue conforme a los hechos denunciados el 23 de septiembre de 2014, que arranca la lucha de Unión Ciudadana.

El gobierno actual de Chihuahua se ha mostrado lento y tolerante en este asunto. Protege a delincuentes que ya debieran estar en prisión y ha olvidado de manera irresponsable, desleal e ingrata, la historia de la lucha contra el duartismo cuando éste se encontraba en su fortaleza máxima. Es la historia de una renuncia, abandonar a los ciudadanos y entregarse a las relaciones burocráticas y de poder. Por encima de eso, la lucha continúa y esperamos que la gesta ciudadana llegue a buen puerto, lo que no se quiere, en sus diversas versiones, dentro de la clase política.

La veta es continuar explorando el delito del enriquecimiento ilícito. ¿Que es difícil?, salta a la vista; y que no hay voluntad, también. El enriquecimiento ilícito permite recuperar lo robado. La lucha contra el dueto (antes era trío) Duarte-Herrera no admite tregua. Y en eso estamos.