Nadie sabe para quién trabaja. Nada menos ayer nos enterábamos que la PGR sigue llevando a cabo su política de millonarias recompensas para atrapar delincuentes en lugar de invertir en sistemas de inteligencia e investigación para realizar sus propias capturas, y hoy nos topamos en las páginas de los medios con una foto para el (mal) recuerdo: la republicana secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, y el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz, mostrando la firma de un convenio en el que –lea usted bien– “destinarán dinero de multas electorales para la ciencia y la tecnología”.

Qué le digo. Es el país que tenemos. Por décadas, quienes se dedican seriamente a la investigación científica y tecnológica en nuestro país casi han suplicado por porcentajes más generosos en los presupuestos anuales y ni así les han dado, aunque en los discursos oficiales se diga que esos temas son estratégicos y fundamentales para el desarrollo de México. Puras habas. En los hechos, a la investigación científica y tecnológica le ocurre algo similar que a la cultura. Si uno revisa los presupuestos anteriores al 2017, en el caso de Chihuahua, podrá observar que las primeras disciplinas ni siquiera aparecen, mientras que a la segunda se le dedica menos de medio punto porcentual del gasto público.

Pero la firma que suscribió la millonaria priísta y funcionaria corralista comprometen los casi 50 millones de pesos provenientes de las multas a partidos y candidatos para ciencia y tecnología. De modo que, imaginación en mano, ya es posible que los investigadores que por años han anhelado apoyos a sus tareas ahora le estarían apostando al fraude, la reyerta, los gastos excesivos de campaña y todo los vicios electorales que tanto daño han hecho a la república. Si así fuera, hasta convendría que esto ocurriera en el 2018, porque entre más multas, más dinero para la secretaria trumpista de Chihuahua.

Especulaciones aparte, en lo que no se midió Alejandra de la Vega fue al prometer, durante la firma de ese convenio con el IEE, que dichos recursos tendrán el mejor uso y con “total transparencia”, cuando fue ella una de las pocas integrantes del gabinete actual en no dar a conocer el llamado 3 de 3 arguyendo cuestiones de seguridad.

La firmadeconveniotitis se ha esparcido hasta la presente administración y cualquier cosa es válida para hacer que se hace. Ojalá le generosidad de la exasesora de Enrique Serrano hubiera alcanzado para superar esos 50 millones que recibirá de las multas electorales, la misma que tuvo para inyectarle al partido de Donald Trump.