Trascendió que la voz crítica de los periodistas que desempeñan su labor en la convulsionada pero latente Ciudad Juárez incomodó al representante del gobierno del Nuevo Amanecer en aquella frontera, Ramón Galindo; tanto que hizo lo único que han hecho algunos en el gabinete actual: irse. Dicen que Galindo Noriega, al contrato de sus colegas en el Poder Legislativo y Judicial, escucharon, opinaron y recogieron propuestas de los comunicadores que ciertamente siguen enojados con el Poder Ejecutivo, especialmente con el director de la “agencia AP”, Antonio Pinedo.

El rumor de que El Norte de Juárez reabrirá sus puertas, al menos en su edición digital, dejó de ser rumor, porque se supo que el dueño de ese rotativo, Óscar Cantú, dijo abiertamente que el cierre del periódico representaba un modo de protestar con el asesinato de su jefa de información, Miroslava Breach Velducea.

Afirman que el diputado y periodista, Pedro Torres, presidente de la Comisión de Transparencia de Congreso local y exdirector de información de un diario de Juárez fue receptivo y dio cancha a los periodistas inconformes (es decir, la mayoría) y sentaron a los representantes de los tres poderes a escuchar sus reclamos y propuestas. Entre otras críticas se dijo que el Estado, con mayúscula, llegaba tarde a esos foros de consulta para armar la Ley de Protección a Periodistas y derechoumanistas.

La presidenta del Congreso aguantó vara y se integró a las mesas de discusión. Curiosamente, la diputada y también periodista Liliana Ibarra, como presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, estuvo muy atenta a los reclamos y las exigencias de sus similares.

Pero los más sonados, para no variar, aunque no estuvieron presentes, fueron el gobernador Javier Corral y su jefe de Comunicación Social, Antonio Pinedo, el mismo que en otros eventos de plano ya piden su cabeza.

Entre las versiones que se pudieron recoger se dijo que algunos periodistas incluso cuestionan el sólo hecho de que el Estado pretenda una ley, cuando lo primero que debe combatirse es la impunidad.

El reclamo furtivo reside en buena medida en los recursos económicos que llevaron a la entidad a una situación inédita: en el corrupto sexenio de César Duarte se desbordó el chayote, pero en la actual comenzó una sequía cada vez más infranqueable. El horno, se dijo, no está para bollos, ni para pan.