Fue un artículo que nació muerto y despreciado por la época. Fue una impostura que desde el principio se sentó a la sombra de una ciudadanía inmersa en la revolución digital, en la comunicación multimedia y el nacimiento y consolidación de las redes sociales. Fue un despropósito que hace más de una década se construyó para tratar de ocultar lo inocultable y parar lo imparable: el artículo 333 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual fue parido en el sexenio de Reyes Baeza y no ha tenido en la realidad ningún efecto tangible. Sí, por el contrario, es objeto hoy para procurarse posicionamientos políticos desde la tribuna del Congreso local, con el 2018 siempre presente.

Nada menos ayer, el coordinador de la bancada panista en la torre legislativa, Miguel Latorre, urgió a sus similares panistas –que se tardaron más de diez años– a derogar el artículo 333 que, entre otras linduras afines al momento de las nuevas formas de comunicación audiovisual, sanciona con hasta tres años de prisión a quienes divulguen los llamados “memes” o cualquiera que produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos, voces, total o parcialmente falsos o verdaderos para obtener un beneficio o causar un daño.

Sí, leyó bien. Con toda esa relatividad implícita en el referido articulazo y con todo el golpe abrasivo de la realidad, la sociedad en este tema se ha impuesto, todo este tiempo, su propia agenda, derogando de facto el enunciado legal que el panismo pretende tomar hoy como bandera. Ciertamente en los dos sexenios anteriores no había mayoría panista como hoy, por eso en estos momentos resulta relevante en muchos modos, incluido el electoral.

El argumento del diputado Latorre es valioso pero sensacionalista: “El artículo 333 del Código Penal debe ser derogado porque hacerlo significaría un mensaje de respeto y solidaridad con el gremio del periodismo, que ha pasado y pasa por indescriptibles penurias”. Obviamente, el reprobable crimen de la periodista Miroslava Breach pasa por la mente de cuantos escuchamos aquellas palabras. No hay desdén por lo dicho, pero por ahora, creo, la mejor solidaridad que se le puede enviar al gremio periodístico es no tratarlo con displicencia, generarle mecanismos para su seguridad y ejercer las facultades constitucionalmente al alcance para castigar a quienes atentan y han atentado contra los trabajadores de los medios en lo cotidiano y en lo extraordinario, en lo privado y en lo público, en las redacciones y fuera de ellas, en la libreta y en las redes sociales.

El artículo 333 derogado ya está por la ciudadanía. Resolver y evitar los crímenes contra quienes hacen uso de su libertad de expresión es lo urgente.