Lo que son las cosas: mientras organismos como el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) reciben millones de pesos del erario chihuahuense para “apoyar con acciones de seguridad pública”, el estado se envuelve en otro manto sangriento debido a la violencia desatada desde hace meses. Es decir, la logística empresarial no ha surtido efecto.

Degollados en Balleza, policías emboscados en Bachíniva, un acribillado a plena luz del día en el centro de Chihuahua son tan sólo un racimo de casos violentos de las últimas horas que dejan perpleja y atemorizada a la ciudadanía y arrinconada a una autoridad que tampoco ha podido combatir los índices delictivos ni en el medio rural ni en la zona urbana.

Ciertamente el gobierno estatal reclamó recientemente a FICOSEC el destino de los más de 300 millones que se llevaron en los últimos tres años para el propósito referido arriba, quizá a la luz del informe 2015 de la Auditoría Suprior presentado al Congreso del Estado el año pasado en el que se reveló que directivos del Fideicomiso ejercieron alrededor de la mitad de los 397 millones recibidos en asociaciones civiles que ellos mismos crearon.

La prensa local documentó en su momento que durante la revisión al ejercicio fiscal 2015, se advierte que los integrantes del FICOSEC “intervinieron de manera irregular en la aprobación de proyectos y asignación de los recursos a personas morales de las que ellos mismos forman parte”, actos que prohibe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua porque representan un conflicto de interés.

Y ahora sale FICOSEC con que no puede devolver al estado parte del fideicomiso, mientras el estado vive una tendencia criminal al alza. Ese financiamiento absurdo e inútil a organismos empresariales que reprueban los niveles de seguridad de las autoridades, no han alcanzado a verse la viga en el ojo a la hora de auscultar su operatividad y el uso abusivo e inescrupuloso de los recursos públicos en manos privadas. Como en otros casos, no se ve por dónde el gobierno estatal vaya a enfrentar a los dueños del dinero, el suyo propio y el público que convierten en privado.